La incertidumbre sobre la excarcelación de Junqueras congela las negociaciones de JuntsxCat y ERC para la investidura

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene la llave de la Generalitat. Las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra para decidir el nombre del candidato que presentarán a la Presidencia de la Generalitat en el pleno de investidura que se celebrará a finales de mes están a la espera de que el Alto Tribunaldecida este jueves si mantiene en prisión a Oriol Junqueras, líder de ERC y número dos del Govern destituido por Mariano Rajoy, encarcelado en un centro penitenciario de Madrid desde hace 62 días.

Los republicanos mantienen oficialmente su decisión de apoyar a Carles Puigdemont, cabeza de lista de la candidatura independentista más votada, como nuevo president de la Generalitat, tal y como le exige Junts per Catalunya. La idea, sobre la que descansó toda la campaña de esta candidatura, es restaurar la legalidad previa a la destitución del Govern devolviendo al Palau a quien, hasta ese momento, era el president de Cataluña.

Pero Esquerra sabe que las posibilidades de Puigdemont de volver a Cataluña, pronunciar su discurso de investidura y completar el trámite de varios días que necesita para recuperar su cargo de president son más bien remotas. Sobre él pesa una orden de detención que con toda probabilidad implica su ingreso inmediato en prisión. A partir de ahí, y en ese supuesto, todo son incógnitas: si regresa y es encarcelado, el juez Llanera podría autorizar su traslado al Parlamento para protagonizar la investidura, pero los precedentes de Euskadi, cuando Batasuna presentó a un preso como candidato a lehendakari y la justicia permitió su traslado al Parlamento Vasco no garantizan que vaya a tomar esa decisión.

Sergi Sabrià, portavoz de ERC, lo repitió este martes: “Los que han ganado tienen que exponer cómo se hace realidad” que Puigdemont se presente a la investidura.

En esas condiciones, ERC reivindica que sea Junqueras —en calidad de número dos del Govern destituido— el candidato a la Presidencia. Y ahí es donde entra la Sala de lo Penal del  Supremo que, en la vista del jueves, deberá decidir si cambia de criterio y le deja en libertad provisional. Si lo hace, pondrá en marcha el escenario que busca Esquerra para reivindicar la investidura de su número uno —la ausencia de Puigdemont y la salida de prisión de Junqueras—. Algo que Junts per Catalunya no quiere ni siquiera considerar, al menos en público.

La lista del president reivindica que la única opción tiene que ser Puigdemont pero, en privado, defiende su derecho a proponer el nombre del candidato. Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y numero dos de la lista de JuntsxCat por Barcelona, es quien tiene más posibilidades de convertirse en ese plan b, aunque para eso tiene a su vez que conseguir salir de prisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá sobre él la semana que viene (el jueves 11). Para entonces ya se sabrá si Junqueras sigue en prisión.

Si ambos salen y Puigdemont no regresa, se avecina una dura pugna entre JuntsxCat y Esquerra. Ambas formaciones dan por seguro que la CUP, como mínimo, se abstendrá (eso les garantiza la capacidad de elegir al nuevo presidentporque sumarían más votos afirmativos que negativos) pero tienen que ponerse de acuerdo entre sí. Y si Puigdemont vuelve a Cataluña y el juez ordena su encarcelamiento, lo que vendrá es una singular batalla legal parta conseguir que el destituido president pueda acudir a la sesión de investidura. Y para impedirlo.

Para complicar aún más las cosas, JuntsxCat y ERC tienen que decidir, en los días previos al 17 de enero, fecha de constitución del nuevo Parlament, si los diputados electos que permanecen huidos en Bélgica renuncian a su escaño. Son cinco (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, los tres de JuntsxCat, y Antoni Comín y Meritxell Serret, ambos de ERC), y de ellos depende que ese día los independentistas controlen la Mesa de la Cámara —su ausencia dejaría en mayoría a Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP y les daría la posibilidad de privar a los soberanistas de un órgano clave—. A idéntico dilema se enfrentarán los tres diputados electos que están prisión (Junqueras, Sànchez y Joaquim Forn) si la Sala de lo Penal del  Supremo decide no excarcelarlos.

A la espera

En Esquerra tienen muy presente esta última posibilidad y así lo manifestó este martes Sabrià, para quien “las decisiones se están tomando no en función de la justicia sino en función de cuestiones políticas”. Por eso, subrayó, no tiene “ningún tipo de seguridad de que sea así”.

De hecho, los motivos en los que Llarena apoyó su decisión de mantenerles en prisión no han variado. Y la voluntad de al menos uno de ellos de seguir actuando para lograr la independencia de Cataluña, que es uno de los motivos en los que se basa el juez para negarles la libertad, quedó de manifiesto este martes en un tuit difundido por la cuenta de Jordi Sànchez en el que aseguró que este año “la libertad de Cataluña será imparable”.

La instrucción que se lleva a cabo en el Supremo se ocupa entre otras cosas de la supuesta existencia de un plan para conducir Cataluña a la independencia. El juez ha pedido que se practiquen determinadas diligencias para intentar establecer la participación en ese plan de varios partidos políticos y de sus dirigentes más destacados. La piedra angular de esa acusación es una presentación de PowerPoint titulada #EnfoCATs impresa en papel que la Guardia Civil halló en el domicilio del número dos de Junqueras durante un registro el pasado mes de octubre.

De momento, el juez mantiene imputadas a 28 personas: los 14 exmiembros del último Govern, los seis integrantes de la Mesa del Parlament en funciones, los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, y otros seis miembros del supuesto comité estratégico para la independencia que el Supremo decidió imputar el pasado diciembre.

De los 19 que han conseguido un escaño en las elecciones catalanas del 21D, ocho forman parte de la lista de Junts per Catalunya: tres permanecen huidos en Bélgica (el destituido president Carles Puigdemont y los también cesados consellers Clara Ponsatí y Lluís Puig), dos siguen en prisión (el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y el destituido conseller Joaquim Forn) y otros tres están en libertad provisional (los destituidos consellers Jordi Turull y Josep Rull, el diputado Lluís Guinó, miembro de la Mesa del Parlament).

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De los diez diputados electos de Esquerra imputados hay uno en prisión (Oriol Junqueras, destituido vicepresidente del Govern), dos huídos (los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret), seis en libertad provicional (los cesados consellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó, los ex altos cargos de la Generalitat Josep María Jovè y Josep Lluís Salvadó y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell) y uno en libertad (Marta Rovira, secretaria general de ERC).

Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa del Parlament y diputado electo por Barcelona por Catalunya En Comú cierra la lista parlamentarios electos imputados.

Los otros nueve investigados son los destituidos consellers Meritxell Borràs y Santiago Vila, ambos en libertad provisional; Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural —en prisión—; tres miembros de la Mesa del Parlament imputados —Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC) y Ramona Barrufe (PDeCAT)—; el expresident Artur Mas, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras. Ninguno de ellos era candidato el 21D.