La incómoda verdad tras el fin de Radar COVID: el rastreo digital no funciona y el físico es insuficiente

La aplicación Radar COVID dejará de funcionar en noviembre, confirmó la semana pasada la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia), responsable del programa. El balance del software, que permite detectar a los terminales que han estado cerca del dispositivo de una persona que declara su positivo, tiene más oscuros que claros. Las carencias y la falta de penetración de la iniciativa están en la línea de la insuficiencia que ha demostrado el rastreo físico, que ejecutó durante la pandemia la Salud Pública española para cortar las cadenas de transmisión.

La estrategia actual, de convivencia y tolerancia de cierto grado de transmisión comunitaria del virus, ya no necesita una vigilancia epidemiológica tan estrecha. ¿Pero el rastreo ha llegado a funcionar alguna vez contra el covid-19? La respuesta no es sencilla, aunque algo está claro: la pandemia ha demostrado que ninguna medida funciona por sí sola. Y la contagiosidad del SARS-CoV2 escapa a casi todas las barreras, exceptuando las más drásticas.

Las descargas de Radar COVID han alcanzado los ocho millones, según las estadísticas de su página web. Sin embargo, esto no significa que ocho millones de españoles hayan instalado la aplicación: la cifra contabiliza como varias descargas las que se producen en un mismo terminal (porque se desinstala y se vuelve a bajar). La "tasa de penetración" que vende la Sedia, del 21%, es mayor que la real. El Gobierno culpa a las comunidades autónomas del escaso funcionamiento de la app, puesto que son los sistemas sanitarios regionales los que deben repartir los códigos para que cada positivo suba el código a la aplicación y salte la notificación en los móviles que han estado cerca.

Según muestran los datos, solo Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Euskadi han pedido al Gobierno un número de códigos para repartir entre los positivos similar al número de casos que han registrado. La tasa en Madrid entre códigos y casos es del 42%, y el porcentaje testimonial, inferior al 2%, de Extremadura, Andalucía, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Aragón, La Rioja y Navarra muestra que los Gobiernos autonómicos no han acompañado al Ejecutivo en la implantación de esta herramienta.

A 8 de mayo de 2022, las comunidades autónomas siguen sin facilitar a la Sedia cuántos de esos códigos que han pedido son repartidos entre los positivos. Pero el Gobierno sí que cuenta con la cifra de cuántos han sido introducidos en la aplicación: en total, 121.390, una cifra modesta teniendo en cuenta el avance de la enfermedad en el país desde marzo de 2020. Los expertos han tenido reservas, más allá del desempeño de los Gobiernos, en la utilidad de una aplicación que no detecta los contactos de riesgo, solo la cercanía –sin valorar si las personas notificadas han estado juntas al aire libre y/o con mascarilla– y que no ofrece servicios adicionales, como información sobre la pandemia, que incentive al uso.

"Con Radar COVID", explicaba un spot del Ministerio de Sanidad, "ayudas a los rastreadores, porque multiplica por dos la capacidad de rastreo manual". El dato se ofrecía en base a la prueba piloto que se hizo en La Gomera, pero que no tenía en cuenta ni la peligrosidad de los contactos detectados ni la baja implantación de la aplicación en la vida real. Los rastreadores, en tantos titulares durante los momentos más duros de la pandemia, tampoco han recibido demasiada ayuda, ni de la aplicación ni de los recursos humanos que tenía que brindar cada comunidad autónoma.

Al principio de la sexta ola, que acabó siendo incontrolable en términos de transmisión, los especialistas en Salud Pública volvieron a repetir por enésima vez que los rastreadores, que se encargan de identificar y contactar a los contactos estrechos de cada positivo para cortar las cadenas de contagio, eran útiles para frenar una onda, no para aplanarla cuando la transmisión se desbocaba. Sin embargo, la lógica de muchos Ejecutivos autonómicos fue la contraria: prescindir de ellos cuando la incidencia bajaba y contratarlos cuando empezaba a subir. Los efectivos militares que ofreció para esta tarea el Ministerio de Defensa, además, fueron infrautilizados.

Pasado lo peor de la pandemia, con una nueva estrategia que solo rastrea los casos en caso de brotes que puedan afectar a la población vulnerable, el desengaño es notable con la labor frente a un virus que ha mutado convirtiéndose en cada vez más contagioso, también durante las fases asintomáticas. La tarea se ha vuelto inabarcable. "El sistema de detección de casos es necesario con cualquier enfermedad transmisible", asegura el epidemiólogo Mario Fontán. Ahora viene el pero. Una patología cuyos síntomas son, tras la vacunación masiva, muy leves y confundibles con un catarro común, y que circula de persona en persona sin necesidad de tan siquiera una tos de alerta, "es muy difícil de controlar exclusivamente con el rastreo. Sobre todo si tenemos en cuenta de donde veníamos, de servicios de Salud Pública muy infradotados".

Pese a las críticas que se han vertido sobre la gestión autonómica por no contar con los rastreadores suficientes, Fontán cree que "el esfuerzo de las administraciones ha sido notable, en términos relativos. Pensar que solo con el rastreo y la vigilancia basta, con este virus, no está basado en las dinámicas que hemos ido viendo durante la pandemia. Tiene más peso, con el control, todas aquellas medidas destinadas a limitar los contactos sociales, en mayor o menor medida".

Las tres comunidades con más incidencia abordan la enésima ola con los rastreadores bajo mínimos

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El mensaje para la próxima pandemia está claro: el rastreo es útil, pero no es ni tan siquiera la principal medida a tomar cuando la situación se desboca, y hay poco que se pueda hacer para evitar que se desboque del todo: salvo confinamientos muy estrictos, como el de la primera ola, con efectos perniciosos en el bienestar mental y emocional de la población. Una estrategia basada en la supresión de la transmisión "no es sostenible, por diversos motivos, en la mayoría de países", opina el especialista, "bien porque tenemos sistemas políticos muy distintos o por realidades geográficas muy distintas". En España, con una sanidad descentralizada, la principal discusión durante meses fue la negativa de Madrid a cerrar los bares, recuerda.

La declaración de Zaragoza, firmada tras la sexta ola por Sanidad y comunidades, llama a mantener el rastreo en los entornos más peligrosos –como las residencias de mayores, por ejemplo– y a reforzar la Salud Pública para evitar el colapso de sus sistemas cuando la emergencia sanitaria despunta. Fontán es escéptico. Probablemente su disciplina vaya a recibir más apoyo público que antes de la aparición del covid-19. Pero es una inversión, además, que no suele tener retorno visible a corto plazo. Y muchas de las medidas que se proponen desde la especialidad, "como las que tienen que ver con cómo nos movemos o cómo nos alimentamos, se dirigen a sectores sensibles desde el punto de vista político". Que se lo digan al ministro Garzón con la carne.

Javier