Un informe de un grupo de la ONU pide la "inmediata liberación" de los presos soberanistas y el Gobierno critica sus "inexactitudes"

El Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha elaborado un informe de dos páginas, que se ha filtrado antes de la fecha prevista, en el que asume como "arbitraria" la prisión provisional de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por su presunta implicación en la organización del proceso independentista, para los que pide la "inmediata puesta en libertad".

Las conclusiones del citado grupo, adelantadas por El País, reclaman una "investigación exhaustiva" tras remitir el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, ha dado un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado medidas de libertad, indemnización, investigación de la "violación de sus derechos" y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo.

El informe asume la totalidad de las denuncias de Junqueras, Cuixart y Sànchez –acusados los tres de rebelión, y para quienes la Fiscalía solicita penas de 25 años para el primero y 17 años para el segundo y el tercero– y considera que no ejercieron violencia ni incitaron a ella, sino que ejercieron su libertad de expresión.

En ausencia de violencia, continúa, el grupo de trabajo está convencido de que "las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas", "inhibirlos de continuar con esa pretensión" y "justificar" una detención que, a su juicio, se debe sólo al "ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política".

En el juicio del procésprocés

Con estas conclusiones, el abogado Benet Salellas ha tomado la palabra tras la reanudación de la sesión del juicio después del descanso para comer y ha informado al tribunal que preside Manuel Marchena de la publicación de este informe del grupo de trabajo de la ONU. El magistrado le ha interrumpido en su disertación y le ha preguntado cuál era su petición concreta, a lo que Salellas ha respondido que pretende la puesta en libertad inmediata de Cuixart. Marchena le ha recordado que debe hacerlo por escrito y por eso le ha invitado a hacerlo cuando quiera, a lo que el letrado ha replicado que lo hará esta misma tarde.

  Reacciones

"Malestar en el Ejecutivo"

Fuentes del Palacio de la Moncloa han hecho un "llamamiento a sus responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos". El informe, han señalado, "plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".

En esa línea, Moncloa ha señalado que "los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia", consideran legal convocar "un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española" y "dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".

También "dan por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales" y "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial".

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha afirmado que los mecanismos de la ONU sobre DDHH "necesitan mejorar" porque "deslegitiman el trabajo de proteger los Derechos Humanos" y ha remarcado que el informe demuestra "un desconocimiento de la situación" y está "lleno de inexactitudes y de omisiones". "Estos mecanismos, desde la colaboración, desde una crítica leal y constructiva, necesitan ser mejorados". En su opinión, estos mecanismos, en su forma actual, "pueden ser utilizados fácilmente para fines espurios", cuando en realidad "en un asunto tan serio como los Derechos Humanos no puede ser que se dejen intoxicar". Así, "Exteriores entiende que para que cumplan mejor su función deben ser mejorados".

Lozano ha dejado claro que España es "hiperrespetuosa" con el sistema de Derechos Humanos de la ONU y, de hecho, es uno de los países que tiene abierta una invitación permanente a todos estos procedimientos para que hagan visitas a España. "Queremos que la ONU proteja de verdad a la gente vulnerable", ha resumido. Las palabras de Lozano suponen, en todo caso, una posición nueva por parte del Gobierno español, que ahora está examinando posibles opciones de cómo proceder después de este informe sobre los tres procesados.

La jefa de España Global ha señalado también que el Abogado del Estado envió como alegaciones un documento de 55 páginas, que en el informe final el Grupo de trabajo queda reducido a solo dos. Eso sí, cree que era "previsible" que los independentistas acabasen por encontrar "un resquicio" para difundir sus tesis, porque "han llevado a cabo una campaña de desinformación por todos los medios posibles", y el grupo es "víctima de esta campaña de desinformación".

España expresa su "malestar" y "descontento" por la filtración del informe sobre los presos del procés y pide una auditoría a la ONU. Así lo ha expresado primeramente el embajador español en Reino Unido, Carlos Bastarreche, en nombre del Ejecutivo español. Bastarreche ha lamentado que el informe haya sido publicado un día antes de la fecha prevista.

El Ejecutivo tendría que haber recibido este mismo miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después. En este sentido, el Gobierno ha solicitado a las Naciones Unidas una auditoría oficial a la ONU para saber "cómo" se ha podido filtrar el informe a una de las partes antes de su difusión oficial: "Nosotros teníamos que haber sido informados previamente. Fue filtrado por error, o eso creemos, y hemos visto hoy mismo artículos de Puigdemont y del abogado (Ben Emmerson). No han respetado el hecho de que no debería haber sido filtrado".

Las fuerzas independentistas lo aclaman

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha defendido que este grupo de trabajo es "oficial y reconocido internacionalmente" para tratar este tipo de detenciones, por lo que ha concluido en que el Estado no tiene otra alternativa que liberar a los presos soberanistas. Así, ha exigido desde los pasillos del Parlament la liberación inmediata de los presos soberanistas: "El Gobierno español tiene que obedecer el dictamen de este órgano de acuerdo con las leyes internacionales y de acuerdo con el respeto de los derechos humanos internacionales".

También el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ERC han exigido al Estado la "liberación inmediata" de los políticos presos en la sesión de control en el Parlament. Así, Torra y el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, han hecho referencia al dictamen de este grupo de trabajo. "La respuesta está en manos del Estado. La democracia española sufre severos ataques de grandes organismos internacionales", ha sostenido el presidente de la Generalitat, que ha llamado a Europa, y sobre todo a España, a darse cuenta de que los catalanes votan reiteradamente en favor, a su juicio, del derecho de autodeterminación.

"Escucha Europa, hay un pueblo que vota y reitera que quiere ser un pueblo libre", ha subrayado Torra, que ha apelado también a las instituciones europeas a permitir que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, sean eurodiputados.

Para Sabrià, la conclusión del grupo de trabajo de la ONU "clama al cielo porque se trata de una prisión desproporcionada que vulnera los derechos humanos", y por ello ha reclamado la liberación de todos ellos. "¿Se atreverá el Estado a no cumplir una resolución de la ONU? ¿Será uno del 5% de países que las incumplen? Basta represión como venganza. Es necesario una solución política para un conflicto político", ha defendido. El dirigente republicano ha acusado a PP, Cs y Vox de querer que sigan encarcelados, y ha opinado que cada vez cuesta más distinguirlos entre ellos porque los dos primeros han permitido "que la extrema derecha entre en las instituciones, y no dudarán en volverlo a hacer" si es necesario.

Desde Cs, el presidente del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, ha preguntado a Torra por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que el martes rechazó el recurso que presentaron 76 exdiputados catalanes, entre ellos algunos de los procesados en el juicio del procés, por supuesta vulneración de derechos fundamentales tras la suspensión del Pleno del Parlament en el que Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1-O. "El TEDH les ha dado un sonoro bofetón. ¿Qué parte no entienden ustedes?", ha preguntado Carrizosa, que ha pedido al presidente de la Generalitat que sustituya la pancarta colgada en el balcón del Palau de la Generalitat por una frase de la sentencia del TEDH, que reza que la suspensión de la sesión del pleno era necesaria en una sociedad democrática, y que el diputado de Cs ha mostrado enmarcada.

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En qué consisten los grupos de trabajo de la ONU

Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de "procedimientos especiales" con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes). Cualquier persona puede enviarles un escrito si cree que hay una situación no conforme con el Derecho Internacional en su ámbito, aunque sus decisiones no son vinculantes. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajo admiten asuntos aunque no hayan agotado los recursos en el ámbito de su país de origen.

Este grupo está presidido por el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez y los demás miembros son la australiana Leigh Toomey, Elina Steinerte (Letonia), Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi (Benin).