Instan a la Comisión Europea a actuar frente a las reformas legales del Gobierno español

Jueces para la Democracia (JpD) y Rights Internacional Spain (RIS) han remitido un informe a la Comisión Europea en el que denuncian las últimas reformas legislativas del Gobierno español, que consideran que atacan principios básicos del Estado de Derecho, e instan a esta institución a "intensificar su escrutinio sobre la situación en España" y a adoptar medidas para evitar que esta situación se siga produciendo. Este mecanismo, según informan ambas organizaciones en un comunicado, se activa ante graves amenazas al estado de derecho y otros valores esenciales para la Unión Europea.

Ambas organizaciones solicitan que se derogue la ley de tasas judiciales y que la reforma de la Justicia Gratuita no vulnere el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos.

Según ambas organizaciones, con la crisis más personas han tenido que acudir a los abogados de oficio y este derecho se verá limitado con la nueva reforma, teniendo en cuenta además que en los últimos años, y hasta su derogación, entre el 25 y el 35 por ciento de los ciudadanos se ha visto privado de su derecho de acceso a la justicia por las tasas impuestas al principio de la Legislatura.

Reformas en curso

También consideran los colectivos que debían retirarse la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) y la de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim) en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial.

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Denuncian asimismo la falta de medios de la justicia debido a la disminución progresiva del presupuesto para este departamento y la existencia de "interferencias políticas" y que ambas cosas tienen fuerte impacto en la independencia judicial.

Otra de las reformas que critican son las del Código Penal y la Ley de Seguridad ciudadana, incluidas las disposiciones que, a su juicio", legalizan las "devoluciones en caliente" de ciudadanos extranjeros.

Para ambas organizaciones, es importante que las reformas legales se hagan respetando un procedimiento democrático adecuado y transparente, llevando a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.