IU aprobará este sábado que los militantes puedan revocar a sus cargos públicos e internos

Los militantes de IU podrán, a partir del sábado, destituir a los cargos orgánicos o públicos de la federación. La organización que lidera Alberto Garzón aprobará ese día, salvo sorpresa, un reglamento para regular los revocatorios dentro de IU, una de las tesis con las que Garzón se impuso en el congreso que se celebró en junio del año pasado. La propuesta que presentará la dirección establece que al menos un 40% de la militancia tendrá que respaldar la apertura de un referéndum revocatorio para que este se celebre, y el proceso podrán ponerlo en marcha tanto los órganos de IU como la propia militancia si recoge al menos las firmas de un 1% de los afiliados.

Los estatutos aprobados por IU en el congreso de junio de 2016 ya recogían la posibilidad de plantear revocatorios. Ese documento establecía que "un 40% de la afiliación de IU o un 40% de los miembros del órgano superior que hubieran participado en la elección del órgano podrán promover un referéndum revocatorio de un miembro de los órganos federales", y concretaba que la consulta "sólo se podrá convocar una vez transcurrido un año del mandato del órgano". También se incluía en los estatutos un artículo similar con respecto a los cargos públicos, y otro relativo a los integrantes de órganos de IU a nivel territorial.

Lo que hace el reglamento al que ha tenido acceso infoLibre y que se aprobará el próximo sábado por parte de la Coordinadora Federal de IU es concretar la prerrogativa, ya activa en otros partidos como Podemos. El procedimiento revocatorio contra cualquier cargo interno o público se podrá iniciar de una manera bastante sencilla: bastará con que el 10% de los miembros de un órgano o el 1% del censo de la federación –en el caso de los cargos públicos, esta última será la única opción– así lo soliciten. También podrán solicitar la apertura del proceso de revocación "cualquiera de los partidos o corrientes de opinión que se integran e IU" (como el PCE, Izquierda Abierta o el Partido Feminista), así como una o varias de sus federaciones regionales.

Una vez puesto en marcha el procedimiento, el denunciado tendría un mes para presentar alegaciones. Hecho esto, comenzaría la segunda fase: la recogida de apoyos para que se celebrase el referéndum revocatorio. "Transcurrido un mes y quince días desde el inicio del proceso, el órgano instructor abrirá un plazo de tres meses para que la iniciativa recoja los apoyos necesarios", explica el documento que se aprobará el sábado. Para que termine convocándose la consulta, tendrán que apoyar su celebración al menos el 40% de la militancia (en el caso de cargos internos o públicos de elección directa, como son el coordinador federal o los diputados) o el 40% de los miembros del órgano inmediatamente superior (en el caso de dirigentes de elección indirecta).

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Si se recogieran los avales suficientes, se celebraría el referéndum en dos fases: primero se abrirían 48 horas las urnas virtuales para que la militancia pudiera votar de forma telemática, y posteriormente habría un día más para que quien no hubiera votado lo hiciera de forma presencial. De tratarse de un cargo interno, sería suficiente con mayoría simple para revocar al cargo en cuestión, pero de ser un cargo público, IU únicamente podría solicitarle la renuncia a su acta, dado que los cargos públicos pertenecen al electo y no a su partido. "En caso de que no accediera a ello, se iniciará el oportuno expediente", plantea el proyecto de reglamento.

No obstante, los procedimientos revocatorios no podrán iniciarse de forma aleatoria, sino que quienes los planteen deberán presentar un documento de alegaciones contra el cargo en cuestión. Habrá cuatro supuestos en los que se podrá poner en marcha el proceso: el "incumplimientos manifiestos del programa electoral, de acuerdos de gobierno u otros compromisos públicos", la falta de cumplimiento "de estatutos, de códigos éticos o cualquier documento análogo cuyo compromiso se hubiera asumido previamente de forma expresa", el "incumplimiento de acuerdos vinculantes de la asamblea u órgano de dirección correspondiente" o la "comisión de delitos, vulneración de derechos humanos o actuaciones contrarias a los principios de IU".

Para iniciar un revocatorio, el dirigente deberá llevar al menos un año en su puesto, y si finalmente su destitución no es aprobada, no podrá volver a cuestionársele durante dos años. Los únicos que no podrán ser sometidos a este proceso son los miembros de la Comisión de Garantías de IU, dado que éste será el órgano encargado de conducir los revocatorios.