La cuenta atrás para el nuevo año judicial presiona para desatascar la elección de la presidencia del CGPJ

Nadie en el Consejo General del Poder Judicial, ni los 10 vocales conservadores ni sus 10 compañeros progresistas, quieren que la imagen se vuelva a repetir. Un presidente en funciones, como en 2023, o con el mandato prorrogado, como en los cuatro años anteriores, pronunciando el discurso de apertura del año judicial ante el rey. El acto protocolario que, como cada curso, se celebra en el Tribunal Supremo, será el próximo 5 de septiembre. Y los vocales, recién elegidos tras más de cinco años de bloqueo del PP, quieren que las palabras las pronuncie el nuevo presidente o presidenta del órgano de gobierno de los jueces. Los consejeros de ambas sensibilidades, que hasta ahora no han logrado ponerse de acuerdo sobre el nombramiento, han intensificado sus contactos en los últimos días para lograrlo en el pleno convocado para este mismo lunes. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que el plan es ampliarlas a otros nombramientos importantes en la institución. El sector progresista quiere además que el Pleno se ponga de acuerdo para un programa para los próximos cinco años.

La elección del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo debe tener lugar en un plazo máximo de siete días desde la toma de posesión de los nuevos vocales. Pero los tres Plenos celebrados hasta ahora –el pasado 19 de agosto se celebró otro más para abordar asuntos urgentes e inaplazables– han acabado sin acuerdo. Mientras que el bloque conservador ha apoyado sin fisuras en las votaciones al magistrado de lo Contencioso del Supremo Pablo Lucas, los progresistas exigen que el cargo sea ocupado por una mujer y se han decantado por la también magistrada de lo Contencioso del alto tribunal Pilar Teso o su compañera de la Sala de lo Penal Ana Ferrer. Después de que las tres primeras reuniones terminaran en fracaso, el pasado 5 de agosto, los 20 vocales decidieron no fijar fecha para una nueva votación y seguir negociando a lo largo de este mes. El nombramiento exige un quórum de tres quintos de los miembros del Consejo, es decir, 12 votos. La última votación acabó con 10 apoyos para Lucas, el candidato de los conservadores, cuatro para Teso, otros cuatro para Ferrer y dos para la también candidata progresista Ángeles Huet.

Fuentes del órgano de gobierno de la judicatura aseguran que, en los últimos días, las negociaciones han avanzado. La idea es que, además del nombre del próximo presidente o presidenta, se pacte también el de otras figuras importantes del Consejo de manera que cada uno de los sectores pueda hacer valer sus propuestas. Entre ellas estarían la del secretario general, el más alto cargo administrativo de la institución, nombrado por el Pleno entre magistrados con más de 15 años de experiencia. Su titular tiene relevantes atribuciones técnicas. Asiste a los Plenos y a las reuniones de la Comisión Permanente con voz, pero sin voto. Además, coordina todos los órganos técnicos y prepara y ejecuta el presupuesto. Sus funciones, además, afectan a cuestiones de gran relevancia, como el régimen jurídico de jueces y magistrados, los apoyos que necesiten, la oficina judicial e incluso los nombramientos de cargos judiciales.

'El gran inquisidor'

Otro de los cargos importantes del Consejo que se quiere acordar junto con el del futuro presidente o presidenta es el del Promotor de la Acción Disciplinaria, uno de los puestos con más poder en la magistratura y apodado entre sus compañeros como "el gran inquisidor". Su función es iniciar e instruir las investigaciones disciplinarias contra los jueces y magistrados que cometan irregularidades para, en su caso, presentar los cargos contra ellos ante los vocales de la Comsión Disciplinaria, que tienen la última palabra sobre la sanción a imponer. También recibe las quejas sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y las denuncias contra sus titulares. La plaza la debe ocupar un magistrado del Supremo o un magistrado con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial.

Los vocales progresistas quieren, además, acordar con sus compañeros conservadores "un programa a cinco años" que sirva para recuperar la credibilidad del órgano. En él se deberá abordar la creación de nuevas comisiones –además de las regladas de calificación (nombramientos), permanente y disciplinaria–. Los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar plantean aprobarlas para ámbitos como la violencia machista o las nuevas tecnologías, entre otras. Los miembros del órgano también tendrán que acordar qué vocales forman parte de cada una de ellas.

Desde la constitución del nuevo Consejo el pasado 25 de julio, el sector progresista ha insistido en que la presidencia sea ocupada por una mujer y ha presentado tres candidatas para ocuparla –Teso, Ferrer y Huet–. Sus miembros sostienen, entre otros argumentos, que así lo impone la nueva ley de paridad que entró en vigor el 22 de agosto. Durante las conversaciones entre ambas sensibilidades que han tenido lugar a lo largo de este mes los conservadores han planteado como alternativa a su candidato favorito –Pablo Lucas– el nombre de Carmen Lamela. Pero los vocales a propuesta del PSOE consideran que su currículum y su trayectoria es muy inferior a la de su candidata Ana Ferrer, compañera de Lamela en la Sala de lo Penal del Supremo.

Fuentes de la negociación consideran, pese a todas las discrepancias, que el acuerdo está más cerca. Incluso hablan de que el nombramiento podría producirse este mismo lunes, 2 de septiembre. La idea es que la persona que ocupe el cargo tome posesión el día 4 para recibir al día siguiente al monarca a las puertas del Supremo, en la madrileña plaza de la Villa de París. En caso de que no se alcance un acuerdo, el encargado de hacerlo, sentarse a su derecha en la mesa presidencial y pronunciar el discurso de apertura del año judicial de 2024, será de nuevo el presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín Castán, que ocupa la presidencia interina del alto tribunal. Si el año pasado sus reproches fueron dirigidos a los políticos por no renovar el Consejo, este año su objetivo podrían ser los nuevos vocales por no haber sido capaces de elegir a su sucesor.