Jueces para la Democracia niega que los titiriteros enaltecieran el terrorismo

La asociación de carácter progresista Jueces para la Democracia (JpD) emitió un comunicado este jueves en el que defiende que en la función de títeres de Carnaval del pasado viernes que llevó a prisión durante cinco días a los autores de la función no se cometió el delito de enaltecimiento del terrorismo que les imputa el juez de la Audiencia Nacional.

JpD considera que la mera exhibición de una pancarta por un títere, o por un actor de cine, en el transcurso de una representación puede o no ser enaltecimiento en función del contenido, finalidad y, en definitiva, del mensaje que se pretenda transmitir con esa obra.

"De lo contrario, todas las películas, reportajes, documentales, obras de teatro, cine o televisión en que aparecieran pancartas de este tipo serían constitutivas de enaltecimiento, lo cuál es con toda evidencia un absurdo", añaden, en alusión a la pancarta "Gora Alka-Eta" que uno de los guiñoles –Don Cristóbal– utilizaba en la obra investigada con el fin de incriminar a otro –la bruja– en un delito.

Ni terrorismo ni incitación al odio

En este caso concreto, la asociación progresista de jueces considera que no detectan que los titiriteros pretendieran justificar el terrorismo en su función.

"Del mismo modo tampoco se puede apreciar que estemos ante un caso de incitación al odio, al tratarse de una obra teatral que no promueve a la violencia, hostilidad o discriminación contra grupos o personas, ya que se limita a plantear un relato crítico de carácter simbólico contra determinadas instituciones", añaden en su comunicado.

Aducen que del visionado de dicha obra se desprende que se trata de una obra teatral con títeres, en la que de forma satírica se crítica a la policía, a los jueces y a otras instituciones y estamentos. "Sin embargo –consideran los jueces progresistas–, ello debería conllevar responsabilidades en el ámbito político municipal, en su caso, sin que puedan derivarse necesariamente consecuencias penales".

Reconocen que "es obvio que exhibir una pancarta que diga 'Gora Alka-Eta' puede suponer enaltecer, en el sentido de 'ensalzar o hacer elogio", pero también que cuando "eso no ocurre en la realidad, sino en la trama de una representación de títeres, hay que estar al contenido, sentido y finalidad de la obra, en definitiva a su mensaje, para considerar que existe tal enaltecimiento".

Libertad de expresión

Afirma también JpD que las críticas y la forma en la que se plantean "pueden resultar opinables o incluso desacertadas, pero están amparadas por la libertad de expresión, con independencia de la valoración ética o estética que nos merezcan".

JpD considera que "no es propio de una sociedad democrática perseguir penalmente la sátira, la crítica, la denuncia o la irreverencia, por molestas que puedan resultar" y que la libertad de expresión "es defendible no sólo para ideas aceptadas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes o políticamente correctas, sino también para aquellas que molestan, chocan o inquietan, como han declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Por otro lado, recuerdan la prisión provisional debe tener carácter excepcional y la regla general será que las personas investigadas estén en libertad durante el proceso, con la salvedad de los supuestos de riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas o peligro de reiteración delictiva.

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"Desde el respeto que nos merece la labor del juez instructor, consideramos que el auto de prisión provisional resulta discutible jurídicamente, pues no existe una motivación suficientemente clara sobre estos requisitos", señalan, para añadir que "resulta difícilmente comprensible que no tengan un arraigo que minimice el riesgo de fuga unas personas que son de nuestro país y que cuentan con familia y trabajo, y a las que únicamente se podría imponer hipotéticamente una pena de prisión que no sería de elevada entidad".

Por ello, JpD considera positiva la puesta en libertad acordada ayer para los titiriteros. "En todo caso, resulta llamativo el cambio de criterio de la Fiscalía en tan corto espacio de tiempo, al pasar a considerar que las mismas personas ahora tienen arraigo y que no existe riesgo de fuga, en contraste con la posición radicalmente contraria sostenida muy poco antes.", critican.

Finalmente, señalan que las resoluciones han sido acordadas por el juez competente, "de acuerdo con los criterios jurídicos que ha estimado aplicables, por lo que debe ser rechazada cualquier descalificación personal hacia su actuación, sin perjuicio de los argumentos jurídicos que se puedan aportar y de los recursos que puedan ser presentados".