Los jueces fijan la fecha definitiva de las elecciones catalanas el 14 de febrero

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de Cataluña que aplazaba las elecciones autonómicas al 30 de mayo, contra el que se habían presentado ocho recursos. De este modo, la fecha definitiva de los comicios queda fijada en el día inicialmente previsto, esto es, el próximo 14 de febrero.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal se han reunido este viernes de urgencia para deliberar una vez habían recibido todos los recursos de las partes personadas en este procedimiento, entendiendo la necesidad de que llegaran pronto a un acuerdo, ya que sólo quedan poco más de dos semanas para la fecha inicialmente prevista. De momento, sólo han hecho público el fallo, mientras que la sentencia y sus argumentos se conocerán el próximo lunes.

No obstante, los jueces ya adelantaron parte de su razonamiento cuando declararon la suspensión cautelar del aplazamiento de los comicios. En un auto de la semana pasada, alegaron que la situación de pandemia de coronavirus y su incidencia ya se conocían cuando el pasado diciembre se convocaron las elecciones catalanas y la Generalitat puede poner medidas para garantizar el derecho al voto con protocolos de seguridad con el fin de evitar un "periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas".

Contra la resolución definitiva, que como la anterior no se ha adoptado por unanimidad de la sala sino por seis votos a uno, se puede interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, pero esa impugnación no tendría carácter suspensivo de la ejecución de la medida adoptada, con lo que no afectaría al mantenimiento de la convocatoria electoral para el 14 de febrero.

A día de hoy, la Generalitat no tiene intención de ir al Supremo. Preguntado por este asunto, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha afirmado que desde el Govern lo que tienen claro es que por responsabilidad no contribuirán a crear más "incertidumbre que la generada por el TSJC", porque la ciudadanía necesita certeza. Eso sí, no ha ahorrado reproches a los jueces por haber esperado al inicio de campaña para tomar esta decisión, que cree que no es adecuada ante los datos de la pandemia: "Hoy se confirma el despropósito judicial de mantener las elecciones el 14F a pesar de la evidencia de una situación epidemiológica muy compleja".

En todo caso, Solé ha asegurado que la Generalitat lo tiene "todo preparado" para celebrar las elecciones con la garantía de que los colegios y las mesas electorales serán espacios seguros, tanto para las personas llamadas a formar parte de las mesas como para los electores, informa Europa Press.

En un contencioso nunca visto antes, los magistrados del TSJC han tomado su decisión definitiva nada más haber empezado la campaña electoral, aunque se habían dado de plazo máximo hasta el 8 de febrero. El TSJC ha confirmado así la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento que ya dictó la semana pasada una vez estudiadas las alegaciones de las partes personadas, esto es, la Fiscalía, la Generalitat y los recurrentes, optando por dar la razón al Ministerio Público y a los autores de la impugnación.

Sin cobertura legal

La Fiscalía de Cataluña había alegado en su escrito que el tribunal debía fallar teniendo en cuenta si la ley permite o no aplazar las elecciones, sosteniendo que las circunstancias sanitarias "no podrán en ninguna manera justificar la inaplicación del Derecho". En este sentido, advertía de que ni el Estatut ni la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), bajo la que se rige Cataluña al no tener ley electoral propia, contemplan "la posibilidad de suspender o aplazar unas elecciones que ya han sido convocadas", sino que deben celebrarse como máximo 54 días después de la convocatoria. La ley, insistía, da "al presidente de la Generalitat (o al vicepresidente en funciones) la competencia para convocar elecciones pero no la de suspenderlas o aplazarlas", lo que no puede hacerse estando en funciones al tener las competencias limitadas.

También citaba el decreto del estado de alarma que entró en vigor a finales del pasado octubre, según el cual se deja claro que la vigencia del mismo "no impedirá el desarrollo ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos de las comunidades autónomas", y criticaba la redacción del decreto de suspensión, pues está "huérfano de toda referencia o remisión a una norma legal que dé cobertura" a la decisión.

Además, el Ministerio Público reprochaba que cuando se convocaron inicialmente las elecciones, el pasado 21 de diciembre, la Generalitat ya conocía la situación de la pandemia y por eso plantea que se pueden celebrar los comicios con las prevenciones sanitarias necesarias y, "para el caso de la absoluta inviabilidad de dicha opción, articulando conforme a la Constitución y las leyes las medidas excepcionales que puedan resultar imprescindibles".

En cuanto a la comparación con el aplazamiento de las elecciones en Galicia y País Vasco el año pasado –ante las que no se presentó recurso alguno, a diferencia de lo ocurrido en Cataluña, donde ha habido ocho–, el escrito de la Fiscalía considera que la situación no es homologable porque en aquel momento las restricciones por el primer estado de alarma imponían fuertes restricciones a la movilidad de todos los ciudadanos y porque la convocatoria en Cataluña responde a la disolución automática del Parlament, cosa que en el otro caso no ocurría.

Test de antígenos, responsables de seguridad y más voto por correo

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Entre las medidas para garantizar la salud y seguridad el 14 de febrero que ha previsto el Govern, el conseller Solé ha destacado que se realizarán test de antígenos y se darán EPIs a las personas que formen parte de las mesas, así como toda la información relativa a los protocolos y desarrollo de la jornada.

Además, en cada centro de votación habrá designados unos responsables de seguridad –nombrados por los ayuntamientos– que velarán por que se cumplan todas las medidas, como "garantizar la distancia entre los electores en las colas, entre los miembros de las mesas, entre las propias mesas o garantizar recorridos seguros de entrada y salida de los colegios".

Por último, ha querido recordar que desde la Generalitat también se ha incentivado al voto por correo, y que en estos momentos ya hay 121.000 peticiones de esta modalidad de sufragio, lo cual "ya supera la solicitudes totales para las elecciones al Parlament del año 2017".