El juez asesta un nuevo golpe a la infanta y rechaza reducirle la fianza de 2,6 millones

El juez del caso Nóos, José Castro, desestima la solicitud de reducción de fianza que había reclamado la infanta Cristina y le mantiene los 2.697.150 euros en concepto de responsabilidad civil que le había fijado en el auto de apertura de juicio oral. Cristina de Borbón solicitó que la fianza se le rebajara hasta 449.525 euros.

Así lo acordó el Juez de Instrucción número 3 de Palma mediante un auto [consultar en PDF, aquí] dictado este martes, en el que rechaza los argumentos esgrimidos por la hermana del rey Felipe VI, a los que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción.

En su resolución, Castro tumba uno de los principales argumentos de la infanta: el de que, al depositar en diciembre 587.413 euros, que es la cifra que le reclama la Fiscalía no como coautora de ningún delito sino como partícipe a título lucrativo -es decir, como beneficiaria-, Cristina de Borbón buscaba reparar el hipotético daño causado por su actuación.

La hermana del rey, concluye el juez, "nunca tuvo la menor intención de llevar a cabo esa reparación". Como tampoco nunca, agrega, se advirtió en su declaración "el más mínimo reconocimiento de los hechos ni tan siquiera a título de error o imprevisión". La suya, conviene el juez, es una estrategia procesal perfectamente legítima pero "escasamente afines a la de quien dice haberse prestado a reparar un daño".

Paradoja y dislate

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El magistrado incorpora un recordatorio incómodo para la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria y que "paradójicamente y para mayor dislate nunca se sintió perjudicada" frente a Cristina de Borbón. Pese a que la Abogacía entiende que la infanta no infligió ningún daño a Hacienda, sus representantes también se han abonado a la tesis de que con el depósito de los 587.413 euros que le reclama la Fiscalía buscaba reparar el daño.

Pero precisamente porque la infanta depositó ese dinero solo por si el tribunal que juzgará el caso termina considerándola responsable civil, los propios abogados de la infanta remarcaron que daban ese paso cautelarmente. O "ad cautelam" en el argot jurídico.

Y ese ad cautelam se convierte en el ariete con que Castro derriba el razonamiento de la infanta: si hubiera querido reparar el daño y no actuar solo cautelarmente por si finalmente se le condena a devolver el medio millón largo que le reclama la Fiscalía, a Cristina de Borbón le habría bastado "con  presentar un resguardo" de ingreso. Pero no lo hizo así, aduce el juez, porque "la intención real de la consignante no era la de reparar ningún daño" sino la de "afianzar, no reparar, las responsabilidades que pudieran deparársele derivadas".