El juez del 'caso Dina' denuncia una campaña de desprestigio por pedir al Supremo que investigue a Iglesias

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que instruye la pieza Dina ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las últimas horas en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocan "en una situación de indefensión y de descrédito profesional".

En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la pieza Dina de la macrocausa Tándem, informa Europa Press.

En esa exposición razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscalía, sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, -ambos aforados-, así como de otras cuatro personas. Solicitaba que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

En esta pieza se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo, hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Buscan intimidar a los jueces

Ahora en su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".

El magistrado indica que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación". En este sentido, denuncia que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

La Comisaría de Información asume la investigación

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional, por su parte, ha asumido la investigación por las amenazas en redes sociales que el juez derivó ayer a este cuerpo policial. Según explican a Europa Press fuentes policiales, la investigación la ha asumido la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la Comisaría General de Información, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez para ponerle en conocimiento de lo que entiende que es una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada del pasado miércoles para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

García-Castellón, según estas fuentes, ayer no tramitó una denuncia formal al dirigirse directamente a la Policía, pero la Comisaría General de Información abrió inmediatamente una investigación al tener conocimiento de estos hechos directamente comunicados por un juez de la Audiencia Nacional.

El CGPJ sólo puede tomar conocimiento de la denuncia 

El CGPJ no podrá hacer otra cosa más allá de tomar conocimiento de la denuncia que el juez, porque el magistrado no ha pedido el amparo, pese a que haya advertido de que algunos mensajes son procedentes de "algunos miembros del Gobierno". Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press, el juezno ha invocado en el escrito el artículo 14.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para solicitar el amparo, sino que tan sólo ha puesto en conocimiento dicha denuncia que este jueves trasladó a la Policía "al detectar la posible existencia de hechos que pudieran revestir carácter de infracción penal".

Ante este hecho, las fuentes consultadas han apuntado que, en un principio, una vez que el escrito de García Castellón se registre en el CGPJ, la Comisión Permanente lo revisará –por lo que aún desconoce si el asunto será incluido en el orden del día de la semana que viene– y "tomará conocimiento" de los hechos denunciados.

No podrá hacer nada más, ya que al haberse denunciado los mensajes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni siquiera puede instar a la Fiscalía a que investigue la "puesta en marcha de una campaña pública en medios de comunicación y redes sociales exclusivamente encaminada a desprestigiar personal y profesionalmente" al juez de la Audiencia Nacional.

No obstante, las fuentes del CGPJ consultadas han explicado que en el caso de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hubiese pedido el amparo del órgano de gobierno de los jueces para preservar su independencia judicial, no concurrirían las condiciones para conceder dicho apoyo porque el Tribunal Supremo ha dejado bien tasado que éste se debe otorgar siempre y cuando la independencia judicial se vea comprometida y el juez en cuestión se vea presionado para adoptar una decisión judicial.

En este caso concreto, el juez de la Audiencia Nacional no se ha visto perjudicado a la hora de tomar una decisión, pues los mensajes en redes sociales denunciados han surgido a raíz de que elevase al Supremo la exposición razonada, tal y como afirma García Castellón en su escrito, destacan las mismas fuentes.

Podemos se desmarca y defiende la crítica sana

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, se ha desmarcado este viernes de las amenazas de muerte denunciadas por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, recibidas a raíz de la exposición razonada en la que solicita al Tribunal Supremo la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

"Nosotros en lo que creemos es única y exclusivamente en ejercer el derecho a la sana crítica, que es lo que entra en el marco democrático. Ahí es donde nos vamos a circunscribir siempre", ha asegurado el dirigente de la formación morada en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En este sentido, Mayoral ha señalado que "cualquier otra cuestión" que se salga de este marco "va a ir en contra de los argumentos" que Podemos pueda "tener" para defender la inocencia del propio Iglesias.

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"Tenemos claro cómo se tienen que hacer las cosas y lo hacemos desde el máximo respeto, independientemente de cual sea la responsabilidad que ocupen", ha añadido Mayoral, después de que el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional trasladase a la Policía las amenazas de muerte que ha recibido en la red social Twitter.

El propio García Castellón ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las últimas horas en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocan "en una situación de indefensión y de descrédito profesional".

Este mismo jueves, varios cargos de Podemos salieron en defensa de la inocencia de Iglesias criticando la actitud de García-Castellón, al que acusaron de actuar sin pruebas y con "enormes debilidades jurídicas".