El juez del 'caso Villarejo' imputa un nuevo delito de administración desleal a Francisco González

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado un nuevo delito de administración desleal al ex presidente de BBVA Francisco González por, supuestamente, usar la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal, al mismo tiempo que ha citado como investigado al director de comunicación del banco, Paul García Tobin, en el marco de la macrocausa sobre los negocios del comisario José Manuel Villarejo.

García-Castellón ha achacado a González este nuevo delito "al haber utilizado recurso de la entidad para su uso exclusivamente personal". "En concreto, la utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado", ha indicado, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha atendido así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del pasado 8 de julio donde atribuía a González un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" de BBVA "para su uso exclusivamente personal", en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro también interesaron al magistrado que citara otra vez al ex directivo de la entidad financiera, si bien García -Castellón se ha limitado a informar a González de su derecho a declarar, "si lo estima oportuno", sobre este nuevo delito.

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Además, el juez ha accedido a otra de las cuestiones planteadas por el Ministerio Público al citar a García Tobin como investigado por "su presunta participación en un delito contra la administración de justicia por encubrimiento respecto del señor González".

En esta pieza número 9 del caso Tándem, se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT —buque insignia del grupo empresarial de Villarejo— para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.