La empresa del novio de Ayuso percibió "ingresos cuantiosos" de una filial de Quirón
Maxwell Cremona, la sociedad principal de la pareja de la presidenta madrileña, percibió unos "ingresos cuantiosos" procedentes de una de las filiales del gigante sanitario Quirón, destacado cliente de la Comunidad de Madrid. Así se desprende del auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha acordado la admisión a trámite de la querella interpuesta por la Fiscalía contra Alberto González, novio de la baronesa conservadora Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil. Una resolución por la que se acuerda citar a declarar como investigados tanto a él como a otras cuatro personas más, que habrían participado en el supuesto fraude ahora ya bajo la lupa judicial.
La Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación en relación con las empresas de González el 12 de mayo de 2022. Y el pasado enero, casi dos años después, trasladó al Ministerio Público sus conclusiones. Un informe en el que, relata la magistrada, se recoge que las pesquisas han puesto de manifiesto que Maxwell Cremona registró en los años 2020 y 2021 un "incremento" de sus ingresos de actividad. El mismo se habría producido "con ocasión de la intermediación en una operación de venta de material sanitario" en los meses más duros de la pandemia y la "percepción" de "unos ingresos cuantiosos facturados a su principal cliente desde hace años": Quirón Prevención SL.
Esta firma es una de las filiales del grupo Quirón, líder destacado no sólo del negocio hospitalario en España, sino del negocio sanitario incluyendo también los seguros, con una facturación anual que supera los 4.000 millones de euros. Presume de contar con 58 hospitales y 132 centros sanitarios de otro tipo, totalizando más de 8.300 camas y 532 quirófanos. Uno de sus clientes destacados es precisamente la Comunidad de Madrid, desde 2019 presidida por la propia Ayuso. Los cuatro hospitales de Quirón con los que la región tiene acuerdo de colaboración público-privada –uno cien por cien privado y concertado, la Fundación Jiménez Díaz, y los otros tres integrados en la red pública pero con gestión privada– suman partidas presupuestarias por al menos 715 millones.
En cuanto a Quirón Prevención SL, se ha convertido, tal y como desveló infoLibre, en la gestora habitual de los reconocimientos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid. La firma se hizo con su primer concurso en 2018, después de que la otra aspirante fuera excluida por no acreditar que quien la representaba estaba habilitado para ello. La orden de adjudicación la firmó la hoy presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia y Justicia. En el segundo concurso, resuelto en abril de 2021, no tuvo competidor alguno. Su oferta fue la única cursada –y así consta en los documentos oficiales del portal de contratación–al Ejecutivo madrileño.
La Fiscalía de Madrid, en su denuncia, ya señaló que en 2021 Maxwell Cremona "facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único y administrador Alberto González Amador". "Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman & Whitaker a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", completaba el escrito.
La pareja de Ayuso y sus empresas se encuentran ya bajo la lupa judicial. "La conducta defraudadora consistía en reflejar en la declaración del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona unos gastos ficticios basados en facturas emitidas a diversas sociedades con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por Sociedades", resalta la jueza en su auto. Unas facturas –el Ministerio Público pone el foco sobre una quincena– que, continúa, no se corresponderían con "los servicios realmente prestados". En total, la Agencia Tributaria calcula que se dejaron de ingresar con estas "conductas defraudatorias" 350.951,41 euros.
El abogado de González Amador reconoció la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública. Lo hizo en un correo electrónico remitido, en busca de un pacto de conformidad, a la Fiscalía el pasado 2 de febrero. "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT", apuntaba.
