Corrupción en el PP
El juez que investiga las primarias de Mañueco pide al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre aportaciones en metálico
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El caso abierto sobre la financiación del PP en las primarias que en 2017 hicieron candidato al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de dar una vuelta de tuerca. A instancias de la acusación popular que ejerce el Foro de Izquierdas-Los Verdes, el juez ha lanzado una petición que obliga al Tribunal de Cuentas a pronunciarse sobre si el partido debería haber contabilizado o no el pago de cuotas de afiliados morosos. Para esos pagos 39 cargos del partido juran por escrito haber entregado, en metálico y de su bolsillo, dinero para que los morosos se pusieran al día y pudiesen así participar en la votación interna. El Foro de Izquierdas sostiene que en realidad se trataba de dinero b. Y considera que la causa, en fase de instrucción, ha subido de grados a raíz de que la gerente del PP en Salamanca, escenario de los hechos investigados, declarase que jamás supo nada de esas entregas. Y que, por tanto, no hay rastro de tales aportaciones en las cuentas de 2017.
¿Pero posee mera trascendencia administrativa o contable el paso dado por el juez instructor al pedir al Tribunal de Cuentas que emita un dictamen preciso sobre el asunto? La acusación cree que no. Y que ahora gana enteros la posibilidad de demostrar que hubo un delito de financiación ilegal, cuya existencia es lo que se investiga a raíz de la denuncia anónima que en 2019 originó la apertura de unas diligencias que estuvieron a punto de cerrarse. Y gana enteros esa opción –es su tesis- porque lo que preceptúa el Código Penal es que incurren en delito quienes vulneran el artículo de la ley de financiación de partidos que prohíbe las llamadas "donaciones finalistas". Y lo ocurrido, insiste la acusación, vulnera también un segundo artículo de esa misma ley: el que señala que han de notificarse al Tribunal de Cuentas "todas las aportaciones que, de forma individual o acumulada, sean superiores a 25.000 euros". En este caso y en números redondos las variadas aportaciones para cuotas ajenas habrían sobrepasado los 40.000 euros. ¿Es "finalista" aportar dinero a un partido con el objetivo de satisfacer lo que adeuda un afiliado? ¿Debe contabilizarse en todo caso o no? Son preguntas que ahora caen sobre la mesa del máximo organismo fiscalizador del país.
La lentitud de los plazos del tribunal que vela por la legalidad del gasto público mantiene desde hace un año al juez instructor de Salamanca en espera de noticias sobre las cuentas de 2017, el año en que Mañueco se convirtió en aspirante a la Presidencia de Castilla y León. En julio de 2020, el juez preguntó al tribunal si había ya informe sobre las cuentas de 2017: se está tramitando, fue la respuesta. El mes pasado, preguntó de nuevo lo mismo: y la respuesta fue casi idéntica.
Pero, de todas formas, el escenario cambia ahora. Con las cuentas oficiales de 2017, el órgano fiscalizador no habría detectado nada. Y no se sabe –no ha sido posible recabar su versión– si habría tenido en cuenta la denuncia que la acusación popular presentó en marzo ante el organismo contable para que quedase constancia de que 39 cargos y asesores del partido reconocían haber dado cantidades en metálico para pagar las cuotas. Una vez que es el juez el que solicita la intervención del tribunal, la situación se complica para el PP. La providencia dictada el miércoles por el magistrado ordena el envío de las declaraciones juradas así como de la declaración judicial de una asesora del PP. En calidad de testigo y según fuentes del caso, la asesora declaró que partió de la ejecutiva salmantina del PP la recaudación de fondos en metálico que nunca fueron ingresados en ninguna de las cuentas bancarias obligadas del partido.
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Aunque los firmantes de esas declaraciones juradas coincidieron en subrayar ante el juez que aquello no era una aportación al partido sino tan solo lo que el Código Civil conceptúa como pago por un tercero, lo cierto es que nadie ha negado lo esencial: que se destinaron al pago de cuotas de afiliados tanto los 17.350 euros que suman las entregas de los protagonistas de las declaraciones juradas como los más de 23.000 euros que, según el PP de Salamanca, aportaron otros militantes.
En apoyo de esa afirmación, el partido puso en manos del juzgado extractos y justificantes bancarios. ¿Para qué? Para justificar que si los titulares de las cuentas a que se refieren tales extractos sacaron una determinada cantidad en una determinada fecha fue para pagar cuotas de otros afiliados. Esos segundos aportantes todavía no han prestado declaración ante el juez. Pero la acusación popular ya le ha pedido al juez que pregunte al Tribunal de Cuentas si también ese dinero debió contabilizarse. Una de las incógnitas reside en por qué quienes acudieron a sus entidades bancarias para obtener fondos que luego entregaron en metálico no se limitaron a transferir esas cantidades a la cuenta del PP destinada a aportaciones.
Entre los firmantes de las declaraciones juradas figuran un diputado y un senador. El diputado es José Antonio Bermúdez de Castro, que fue ponente de la Ley de Financiación de los Partidos. Y el senador, Gonzalo Robles. Ambos han declarado ya como testigos.
