El juez lleva más de un año investigando si se financió a Puigdemont y el 'procés' con el desvío de fondos

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ha ordenado la operación de este miércoles con 31 registros y una decena de investigados, lleva más de un año investigando si el presunto desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas recibidas por la Fundación Catmón y la Asociación Igman, afines a la extinta CDC, pudieron servir para financiar el proceso soberanista o al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según documentación del sumario consultada por Europa Press.

El juez investigaba si la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas se financió a través de subvenciones supuestamente desviadas a fundaciones vinculadas al proceso independentista, y que según sus cálculos han recibido en seis años unos dos millones de euros.

Este miércoles, el juzgado ha ordenado la operación por presuntos delitos como malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, y/o desórdenes, en el marco de una pieza secreta durante un año y medio hasta este miércoles, en el que se ha levantado el secreto.

Sumario

Según un informe de la Guardia Civil de hace un año, que consta en el sumario de la causa, existe una anotación en la documentación intervenida sobre una reunión del "molt Honorable Presidente MHP (Puigdemont) con referencias a 100.000 euros y a los Mossos" y concreta que en esos momentos desconocían si se trataba de una subvención o no.

Se investiga en la causa si "con disposiciones de fondos públicos, obtenidas de forma irregular (coacciones a los técnicos), se benefició a ciertos partidos o personas concretas de forma injusta" vinculados con el proceso independentista, según este documento.

En un escrito del fiscal, se explica que anotaciones del presidente de la Fundación Catmón, Víctor Terradellas, uno de los principales investigados en la causa, en la documentación intervenida durante la operación, pueden referirse a "apoyos" que recibió el expresidente Puigdemont en su estancia en Berlín en abril de 2018.

También apunta a una subvención directa a Catmón por 100.000 euros concedida por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat en 2015 y otra de 23.000 euros en 2017.

El fiscal pide prestar especial atención a los indicios aportados por la Guardia Civil sobre posible irregularidad de las subvenciones otorgadas al investigado Víctor Terradelles y a "sus indudables influencias en personas cercanas al poder en la Generalitat" como era Carles Puigdemont.

Terradellas, que fue detenido en una primera fase de la causa en mayo de 2018, es un expolítico catalán que en el año 2011 fue nombrado secretario de Relaciones Internacionales de CDC, y era editor de revistas como ONGC y Catalan International View, y presidente de Catmón, cuya finalidad es "el conocimiento y reconocimiento de la nación catalana en la escena internacional".

Inicio del caso

La investigación del juzgado se centra en la concesión presuntamente fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Diputación de Barcelona o de otros entes de la Generalitat como el Consell Català de l'Esport a varias instituciones y fundaciones como Catmón e Igman, afines a la extinta CDC, por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

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La investigación se inició con las denuncias a través de las quejas de diferentes técnicos de la Diputación, y documentos que fueron entregados de forma anónima al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), de donde parte de la investigación del 3%.

Se constató que fondos para cooperación al desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación que iban históricamente a ONG empezaron a concederse a entidades y fundaciones de la órbita de CDC.

Según consta en el sumario, entre 2011 y 2015 la Asociación Igman obtuvo 1,3 millones de euros, 119.514 de la Diputación, y la Fundación Catmón, 735.900 en ese periodo, 145.899 de la Diputación.