El juez mantiene embargados a Rato 112 inmuebles y 39 cuentas para cubrir la fianza de 18 millones

El embargo de bienes dictado por el juez que investiga a Rodrigo Rato por presunto delito fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha alcanzado ya un saldo inesperado. Destinado a cubrir la fianza de 18 millones que le fue impuesta el 21 de mayo, el embargo no solo afecta a los 80.000 dólares que cobra como exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) sino a nada menos que 112 fincas registrales y a 39 cuentas bancarias, según ha podido saber infoLibre de fuentes de la investigación.

El embargo también se ha hecho extensivo a los títulos o participaciones que Rato posee en nueve empresas.

De los 112 inmuebles y suelos urbanos o rústicos embargados, 98 proceden de la herencia materna y forman parte de la relación de bienes que el propio exvicepresidente del Gobierno y luego máximo responsable de Bankia aportó al Juzgado 31 de Madrid cuando su titular, el juez Antonio Serrano-Artal, se la requirió.

Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre han matizado que esas 98 fincas registrales no están inscritas a nombre de Rato. Y que, a día de hoy, todavía no hay un cálculo exacto que permita discernir si la suma de todos los bienes embargados desde el 22 de junio basta para cubrir los 18 millones de caución.

Si una vez evaluados no resultan suficientes, el juez procedería a una nueva ampliación de bienes embargables, como ya ocurrió en septiembre.

Fue el 3 de septiembre cuando, según las fuentes jurídicas consultadas, el juez Antonio Serrano-Artal colocó la etiqueta de embargados a bienes que no figuraban en la lista del 22 de junio. Extendió el bloqueo a la ya mencionada pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI), al saldo de 21 nuevas cuentas bancarias, a títulos y valores en otras empresas y bancos cuya cuantía e identidad no han precisado las fuentes y a las 98 fincas del legado de su madre.

El embargo de la pensión del FMI se conoció el 24 de septiembre. Sin embargo, ni la cifra de cuentas ni la de los inmuebles con anotaciones preventivas de embargo había trascendido hasta ahora.

El 22 de junio, el juzgado de instrucción 31 de Madrid ya había decretado la anotación preventiva de embargo de 14 fincas registrales repartidas por toda España y en las que Rato posee una participación minoritaria. En ese caso, el embargo solo concierne al porcentaje perteneciente al imputado –o investigado, según la nueva terminología oficial. Pero, en la práctica, y como ya ocurrió en otros casos célebres como el de Iñaki Urdangarin con el embargo parcial del palacete de Pedralbes, la medida adoptada afecta a la integridad del inmueble.

La resolución de embargo fechada el 22 de junio incluía también 18 cuentas bancarias. Pero su análisis concluyó que el saldo era “cero o escaso”. O sea, que ni se acercaba de lejos a los 18 millones de caución impuestos por el juez a Rato.

Fianza civil, no penal

Esa caución no es igual que la fianza penal que deben garantizar aquellos contra quienes hay una orden de prisión condicionada al pago –o la presentación de avales- de una determinada cantidad.

Aquí se trata de lo que se conoce como fianza civil, que es la destinada a asegurar de antemano el dinero cuando se prevé que una eventual condena puede incluir sanciones económicas.

A diferencia de Alberto Portuondo, considerado su testaferro y encarcelado desde agosto, sobre Rato no pesan más medidas restrictivas de su libertad que la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada mes ante el juez que le investiga.

Eso no le impide viajar por la Unión Europea ni por otros países –entre ellos dos históricos de la opacidad bancaria, como Suiza y Andorra– que solo requieren la presentación del DNI. El juez Serrano-Artal se limitó a retirarle el pasaporte y a fijarle citas mensuales porque eso fue lo único que pidió la Fiscalía.

El juez también lanzó ya en junio el embargo de las retribuciones y honorarios que Rato pudiera estar percibiendo de Telefónica, el Santander y Bankia. Las fuentes consultadas aseguran que en la fecha en que llegó la orden de bloqueo preventivo ya no había nada que bloquear: ninguna de esas compañías le estaba pagando ninguna cantidad, aseguran las fuentes consultadas.

Los embargos enumerados en los párrafos anteriores sustituyeron el bloqueo total de cuentas y activos que, el 16 de abril de este año, ordenó el juez que de manera provisional asumió la primerísima fase de la investigación, el titular del juzgado 35 de Madrid.

Era él quien estaba de guardia cuando Rato fue detenido y su domicilio y el de sus empresas más conocidas, registrados. Y fue él quien ordenó el bloqueo de todas sus cuentas y activos financieros.

Según el diario El País, la Fiscalía detectó 78 cuentas, una cifra que Rato negó luego en declaraciones a Abc. “No tengo 78 cuentas, solo dos o tres y todas en Madrid”, le dijo al rotativo de Vocento. 

Los datos recabados por este diario indican, en cambio, que son muchas más de “dos o tres”. Y que ascienden a 39 las embargadas, aunque casi la mitad de ellas tengan un saldo exiguo.

Fue aquella orden original de bloqueo total de cuentas, la dictada el 16 de abril por el juez de guardia, la que la Audiencia Provincial de Madrid revocó definitivamente la semana pasada.

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El argumento de la Audiencia es que el embargo, ya selectivo, de los “bienes designados” por Rato –los de la lista del embargo de junio y los de la ampliación de septiembre– debe dejar sin efecto aquel bloqueo indiscriminado.

La Fiscalía se opuso al levantamiento del bloqueo total precisamente porque todavía no se habían cuantificado los bienes designados por Rato. Pero la Audiencia replicó que si no bastaban para cubrir los 18 millones “el Juzgado de Instrucción puede ampliar el embargo a otros bienes”, como de hecho hizo luego.

Las fuentes consultadas no han precisado cuáles son las nueve compañías cuyos títulos propiedad de Rato permanecen embargados. Ni si entre ellas figura Kradonara 2001 SL, pieza clave en el entramado societario investigado y que recibió 6,5 millones "cuyo origen se desconoce" –el entrecomillado pertenece a la Fiscalía Anticorrupción– entre 2006, cuando Rato dirigía el FMI, y 2014, dos años después de haber cesado como presidente de Bankia.