El juez reactiva la investigación sobre la supuesta comisión ilegal de 200.000 euros para el PP de Cospedal

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ha interrogado este jueves a dos testigos del Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha por el caso de la presunta comisión de 200.000 euros para el PP 200.000 eurosde la secretaria general, María Dolores de Cospedal. De esta forma, el magistrado reactiva con estas comparecencias una investigación que fue enviada a los juzgados de Toledo en marzo de 2015 por el juez Pablo Ruz al considerar que se podría haber un delito de prevaricación administrativa.

Los testigos, cuyas iniciales de sus nombres son F.A.S.P. y J.S.A, respondieron a las preguntas del juez sobre el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento del PP en marzo de 2007 con la empresa Sufi, y que meses después rubricó el Consistorio del PSOE con la filial de Sacyr-Vallehermoso, que había sido la adjudicataria por 57 millones del contrato municipal del servicio de recogida de basuras.

Según aseguraron fuentes de la comparecencia de ambos testigos a infoLibre, los comparecientes aseguraron que el acuerdo rubricado por el Ayuntamiento controlado por el PP "no era viable", por lo que después de las elecciones de mayo de 2007, el nuevo Consistorio del PSOE tuvo que renegociar el mismo.

Sobrecoste del contrato

Uno de los testigos ha resaltado que el protocolo auspiciado por el PP local, que tratata de acabar con una huelga de los trabajadores de la limpieza a escasos días de las elecciones municipales, suponía un aumento del gasto de 9,1 millones de euros, por lo que el coste total sería de 66 millones. Sin embargo, la renegociación posterior rebajó esa cifra 2,2 millones, llegando hasta los 63,8 millones.

El segundo de los testigos, que acudió también en calidad de perito economista, elevó la cifra del posible sobrecoste a 22 millones, por lo que el precio total que debería haber abonado el Ayuntamiento de Toledo tras el acuerdo de los dirigentes de PP con Sufi era de 79 millones. 

Fuentes de la comparecencia han asegurado a este diario que ninguno de los dos testigos fueron interpelados por el juez en relación al supuesto pago de 200.000 euros por parte de la empresa filial de Sacyr-Vallehermoso al PP de Castilla-La Mancha.

La investigación la inició el juez Pablo Ruz después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas asegurara en su declaración de 15 de julio de 2014 que había entregado 200.000 euros de la empresa Sufi, al gerente del PP de Toledo José Ángel Cañas, que supuestamente habría destinado el dinero, siempre según la versión de Bárcenas, a la campaña de María Dolores de Cospedal de mayo de 2007.

"Al dictado" de Bárcenas

La modificación del contrato por parte del PP se produjo en marzo de 2007, un mes antes de que el gerente del PP de Toledo firmara los recibís de 100.000 euros que Bárcenas aportó al juez. José Ángel Cañas declaró como testigo en noviembre de 2013 y confirmó que rubricó los documentos "al dictado" de Bárcenas, aunque negó que llegara a percibir ninguna cantidad.

En los meses pasados, el juez Florencio Rodríguez Ruiz había pedido al Ayuntamiento de Toledo abundante documentación sobre la adjudicación del contrato de las basuras. Como por ejemplo el acta de la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo celebrada el 23 de mayo de 2007, en la que la mayoría del PP acuerda un aumento de las condiciones económicas de la empresa concesionaria del contrato de la recogida de basura.

Según un informe de la Intervención General del Estado, el contrato con Sufi se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

Declarado de "urgencia"

El PP de Toledo adjudicó otros 1,4 millones a la firma que según Bárcenas pagó la campaña de Cospedal

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El magistrado de Toledo también había reclamado al Consistorio todo el expediente de las basuras, que fue aprobado "de urgencia" en 2007 y que terminó con un acuerdo o protocolo entre el Ayuntamiento, la empresa Sufi y el comité de empresa.

Hasta este jueves, en juez Ruz había interrogado por este caso a los exdirectivos de Sacyr Luis del Rivero y Manuel Manrique; al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas; el exconcejal de Hacienda Lamberto García Pineda, y el exalcalde de Toledo José Manuel MolinaJosé Manuel Molina.

En la Audiencia Nacional, también declararon como testigos el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el diputado nacional del PP Sebastián González Vázquez, y el viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez.