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EL 'CASO BEGOÑA GÓMEZ'

El juez se ve obligado a suspender la declaración de Begoña Gómez al no haberla informado del caso

Manifestantes ultras frente a los juzgados durante la declaración de Begoña Gómez.

Begoña Gómez pidió el pasado 12 de junio al juez Miguel Peinado que le informara sobre los hechos concretos sobre los que se le estaba investigando. Hoy, día en que la esposa del presidente del Gobierno estaba citada para declarar ante él, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tenido que suspender su comparecencia tras constatar que, efectivamente, Gómez desconocía el contenido exacto de la investigación abierta contra ella. El desconocimiento de Gómez estaba justificado. Parte de la causa iniciada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha sido recabada por la Fiscalía Europea, al entender que podría afectar a fondos comunitarios. En el interior del juzgado el magistrado le ha informado de la instrucción y, durante el acto, se ha comprobado que parte de ella, la querella presentada por la organización ultra HazteOir, no se le había notificado, por lo que ha tenido que suspender el interrogatorio hasta el 19 de julio.

El pasado 29 de mayo, la Audiencia de Madrid rechazó el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella inicial del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la mujer de Pedro Sánchez. El auto de ese tribunal, sin embargo, limitó mucho la investigación dejándola circunscrita únicamente a las ayudas que recibieron sociedades vinculadas al empresario Carlos Barrabés, que organizó el máster que dirige la propia Gómez. La Audiencia expulsó del procedimiento supuestas tramas que consideró "inverosímiles", como su implicación en el rescate de Globalia. Después, el 10 de junio, la Fiscalía Europea recabó del juzgado la parte central del caso al entender que las ayudas a las empresas de Barrabés, valoradas en 10 millones de euros, procedían de fondos europeos, algo que el juez aceptó.

En su escrito del pasado 12 de junio, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, preguntó qué era exactamente lo que estaba indagando el juzgado. En sus alegaciones recordaba tanto la limitación que impuso la Audiencia de Madrid a las ayudas de Barrabés, con el que Gómez había colaborado, como el hecho de que era justo esa parte del caso la que había recabado la instancia europea. La Fiscalía de Madrid también presentó un escrito similar el 25 de junio reclamando que el juez concretara lo que investiga para evitar "una causa general"

Este viernes, tras la suspensión de la declaración de su cliente, el letrado de Gómez aseguró que el juez, en su respuesta a ese escrito, se había limitado a informar de que los hechos investigados eran los que se contenían en la querella de Manos Limpias. Tras informar Gómez al instructor no sabía qué se investigaba exactamente –algo que afecta al derecho fundamental de defensa y al de la tutela judicial efectiva– el juez Peinado ha comprobado que no se le había notificado la querella de HazteOir y, a petición de Camacho, ha tenido que suspender la comparecencia.

Con la fiscalía en contra, la causa contra Gómez en el juzgado de Peinado solo se sostiene por las acusaciones populares. El juez ha admitido la de Manos Limpias, autora de la querella inicial, pero también la de otros grupos ligados a la extrema derecha, como Vox, HazteOir, Movimiento de Regeneración Política de España y el partido político Iustitia Europa.

Ante la tremenda expectación mediática causada por la declaración, el Decanato de los juzgados de Madrid limitó el acceso de los periodistas permitiendo únicamente acceder a las inmediaciones del órgano judicial a las agencias Efe, Europa Press y Servimedia, así como a tres medios consensuados por el resto de redactores que permitieran a los demás acceder a la información sobre la declaración. Sin embargo, sí pudo acceder al interior del edificio el agitador ultra Vito Quiles, que aseguró que lo había hecho "como ayudante de una acusación popular".

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Los periodistas del Congreso de los Diputados y varias organizaciones como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Asociación de la Prensa de Madrid han solicitado repetidamente que se retire la acreditación parlamentaria a Quiles, que formó parte de la candidatura de Alvise Pérez en las pasadas elecciones europeas y se presenta como su responsable de comunicación. Los redactores de tribunales, que han tenido que cubrir el evento de la calle, bajo el sol y a más de 30 grados de temperatura, han solicitado al decanato que impida la presencia de Quiles en el interior de los juzgados el próximo 19 de julio.

En la mañana de este viernes, por razones de seguridad planteadas por presidencia del Gobierno y aceptadas por el decanato de los juzgados de Madrid, Gómez ha accedido en coche directamente al aparcamiento subterráneo del edificio judicial, tal y como estaba previsto, lo que le ha permitido no ser grabada por las decenas de cámaras de televisión que había a las puertas. La esposa de Pedro Sánchez también había solicitado al juez que su declaración se grabara únicamente en audio y no en vídeo, para evitar su difusión posterior a los medios, pero Peinado lo ha rechazado.

En la calle, una veintena de manifestantes ultras con banderas de España, han sido agrupados por la Policía Nacional a unos 200 metros de las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Desde ese punto, los congregados no han parado de gritar contra la esposa del presidente calificándola de "ladrona" y pidiendo su ingreso en prisión.

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