La jueza Rosell vuelve a la política: será la número uno de Podemos por Las Palmas el 28A

Victoria Rosell vuelve a la política de la mano de Podemos dos años después de que decidiera dejar las instituciones tras ser imputada por una denuncia del exministro de Industria, José Manuel Soria. Tal y como pudo saber infoLibre, la jueza será número uno de la coalición Unidos Podemos en la provincia de Las Palmas y, salvo sorpresa, volverá así al Congreso de los Diputados tras una legislatura de ausencia y después de que la denuncia interpuesta por Soria contra ella fuera archivada en diciembre de 2016. A preguntas de este periódico, fuentes del entorno de Rosell prefieren no pronunciarse sobre la noticia.

Rosell fue elegida diputada en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y se mantuvo en su escaño durante toda la legislatura fallida que se desarrolló en los primeros meses de 2016. La jueza fue elegida parlamentaria pocos días después de que el exministro Soria se querellase contra ella, primero por un supuesto delito de injurias y, posteriormente, por supuesto cohecho, retraso malicioso y prevaricación en la instrucción de la causa contra el polémico empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y magnate de la seguridad privada con múltiples contratos con administraciones públicas. Al abrirse la investigación, Rosell dimitió como diputada en abril de 2016 y no quiso volver a presentarse a las elecciones el 26 de junio de ese año.

La vuelta de la magistrada a la actividad política supondrá una reorganización de las listas de Unidos Podemos, ya que Rosell no se presentó a las primarias que la formación liderada por Pablo Iglesias que se celebraron el pasado diciembre. La nueva candidata desplazará como número uno por Las Palmas a Meri Pita, que ha sido diputada en la última legislatura y que forma parte de la ejecutiva de Iglesias como secretaria de Plurinacionalidad. Si el partido no decide presentarla por otra circunscripción, Pita pasará al número dos de la lista, mientras el tres estará ocupado por un dirigente de IU.

Rosell no ha dejado de estar vinculada a Podemos pese a no ser diputada. A finales de 2018, el partido morado la propuso en su negociación con el PSOE para ser vocal del GGPJ con el aval de la asociación judicial Jueces para la Democracia. No obstante, finalmente su nombre se cayó de la lista de elegidos para el órgano de gobierno de los jueces.

El proceso contra Rosell

El asunto que dio origen a la querella que acabó con la primera etapa de Rosell en la política institucional se remonta a la campaña de esas elecciones de 2015. Fue entonces cuando la Fiscalía de Las Palmas hizo público que había abierto una investigación "disciplinaria" a la magistrada para comprobar si había incumplido su deber de abstenerse de instruir una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por fraude a Hacienda, que supuestamente había realizado años antes un negocio con el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la investigación del Ministerio Público al entender que carecía de competencias, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió no tomar ninguna medida disciplinaria contra Rosell. Pero entonces, el entonces ministro Soria decidió llevar el asunto al Supremo presentando una denuncia contra la jueza, a la que acusó de haberlo calumniado por haber afirmado durante la campaña que era Soria quien estaba tras la investigación de la Fiscalía.

Mientras tanto, el sustituto de Rosell en su juzgado de instrucción de Las Palmas volvió a tomar declaración al empresario Miguel Ángel Ramírez en su procedimiento por fraude fiscal, y el presidente de la UD Las Palmas aseguró entonces que había "financiado" durante años negocios periodísticos vinculados a Carlos Sosa, pareja de Rosell. El periodista siempre ha negado esa afirmación. Pero Soria aprovechó la declaración para ampliar su querella contra la jueza y el Supremo la admitió a trámite, por lo que Rosell, acusada entonces ante los tribunales de cohecho y prevaricación, decidió no repetir como candidata de Podemos en las elecciones generales de 2016.

De hecho, algunas fuentes de Podemos consultadas por infoLibre entienden que la vuelta de Rosell tiene ciertos "riesgos" para el partido por su pasado judicial en Canarias.

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Con Rosell ya fuera del Congreso, Ramírez confesó haberse reunido con el juez Salvador Alba –el que instruyó el caso contra la magistrada– antes de prestar declaración, y facilitó una grabación en la que Alba le decía lo que tenía que declarar para, supuestamente, perjudicar a Rosell. Y, mientras la querella contra la jueza terminó siendo archivada, Alba se encuentra suspendido provisionalmente por parte del CGPJ y se enfrenta a un próximo juicio acusado de haber manipulado la instrucción contra Rosell.

En dicho proceso, que está teniendo lugar en el TSJC, el juez Alba se enfrenta a una petición de diez años de prisión y 29 de inhabilitación por parte de la Fiscalía por supuestos delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos. Rosell, por su parte, está personada como acusación particular y reclama para Alba 13 años y medio de prisión, 41 de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 euros de indemnización. Podemos y Carlos Sosa ejercen de acción popular y piden penas de entre 12 y 13 años de cárcel y 39 años y medio de inhabilitación, así como una multa de entre 103.000 y 135.000 euros.

Alba se encuentra pendiente de que se celebre el juicio, y en los últimos meses ha tratado de impedir que pueda usarse como prueba la grabación realizada por Miguel Ángel Ramírez de su conversación con él para, presuntamente, perjudicar a Rosell argumentando que se trata de un audio manipulado. La Fiscalía, por el contrario, insiste en que el documento es válido.