Las juezas reclaman formación en género para los magistrados, fiscales y policías

Tras la publicación de la sentencia de La Manada, el debate no ha cesado. La polémica interpretación judicial que acabó con una condena por abusos sexuales y no por no un delito continuado de agresión sexual a los cinco miembros de La Manada sacó a la calle a miles de mujeres que reclamaban un cambio en la Justicia porque decían sentirse desprotegidas por ella. Ahora fueron las mujeres profesionales las que hicieron suya esta demanda. 

A través de un comunicado, la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE) exigió una formación "en perspectiva de género""en perspectiva de género" para todos los actores implicados en los procesos jurídicos, es decir, magistrados, fiscales y policías. "Una actuación de los poderes públicos que pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe. La desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural", advirtió la organización.

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Para ello, además, exigió una composición paritaria de todos los organismos encargados de reformas legislativas. En este sentido, recuerdan que el órgano al que el Ministerio de Justicia ha encargado estudiar cómo están regulados en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual, la Comisión General de Codificación, está conformado en la actualidad sólo por hombres. "Las mujeres no somos invitadas de la historia, sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad y ninguna tarea debe encomendársele hasta que no se produzcan cambios", criticaron. 

Por todo ello, exigieron cumplir la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, formar con perspectiva de género "transversal y obligatoria" a todos los operadores jurídicos y cumplir el "Estatuto de la Víctima, evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad".