La Junta de Fiscales tumba el informe de Álvaro Redondo y avala encausar a Puigdemont por terrorismo
La Junta de Fiscales de la Sala Penal del Supremo ha tumbado este martes el informe del fiscal Álvaro Redondo en relación al caso Tsunami, en el que se investiga el papel de esta plataforma en las protestas derivadas de la sentencia del procés en otoño de 2019. Tras más de tres horas de reunión, la mayoría de los miembros del Ministerio Público presentes en el cónclave han rechazado el documento elaborado por el fiscal conservador, que rechazaba que el Alto Tribunal se hiciese cargo del procedimiento y no apreciaba que los hechos bajo la lupa judicial pudieran tener encaje en los delitos de terrorismo, en contra de la tesis defendida por el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García-Castellón. De esta manera, la Junta de Fiscales se ha decantado por pedir al Supremo que se abra causa contra el expresident Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.
La reunión, a la que han asistido una quincena de miembros del Ministerio Público —algunos por videoconferencia—, ha arrancado a primera hora de la mañana. Y se ha prolongado hasta casi la hora de comer. En ella, se ha decidido por doce a tres que los hechos pueden tener encaje en delitos de terrorismo y por once a cuatro que hay indicios contra el expresident Carles Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg.
El intenso debate ha terminado por dividir a los dos fiscales jefes de lo Penal, que han discrepado de la tesis a defender. Uno de ellos es Fidel Cadena, uno de los fiscales que llevó la causa del procés en el Supremo. El otro es Joaquín Sánchez-Covisa.
Ahora, tras el rechazo al documento de Redondo, deberá elaborarse un nuevo escrito. De ello se encargará, ante las discrepancias entre los dos jefes, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, su superior jerárquica. Ella será, según fuentes fiscales, la que resuelva.
La posición que finalmente mantenga la Fiscalía ante el Supremo es importante. Ahora bien, no es determinante. La última palabra sobre el futuro de la causa corresponde al Alto Tribunal. En este sentido, el magistrado designado para elaborar la ponencia sobre la admisión o no de la exposición razonada elevada al Supremo por García-Castellón ha sido Juan Ramón Berdugo.
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El informe del fiscal señalaba que por ahora no concurren "indicios racionales de criminalidad" que justifiquen la elevación de la causa al Supremo. "Los indicios tenidos en cuenta por el instructor resultan demasiado abiertos", resaltaba Redondo. Y tras un resumen exhaustivo de los hechos, rechazaba la calificación que plantea García-Castellón en el caso que afecta, entre otros, al expresident Carles Puigdemont, el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg o la secretaria general de ERC, Marta Rovira: "No concurre el tipo penal de terrorismo".
En su exposición razonada ante el Supremo, el magistrado de la Audiencia Nacional apuntaba al encierro de los controladores del aeropuerto de El Prat y al bloqueo de pasajeros en el aeródromo el 14 de octubre de 2019 como posibles actos terroristas. Para Redondo, dichas actuaciones "sin duda afectan" al derecho humano de la libertad y a la integridad moral. Ahora bien, en su borrador no creía que las mismas puedan ser consideradas como constitutivas de una detención ilegal. Como mucho, se podría hablar de un delito de coacciones.
"Siendo ello así, la condición de este último tipo penal como la propia de un delito menos grave no permite su incardinación en el tipo de terrorismo, al exigir éste la comisión de un delito grave contra la libertad", argumentaba en su escrito.
