Juristas denuncian el recorte a la defensa gratuita que promueve Gallardón

El proyecto de ley de justicia gratuita que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no gusta a muchos juristas. La asociación Jueces para la Democracia ha emitido este martes un comunicado criticando una norma que "supone un retroceso importante en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y va a perjudicar a amplios sectores de la ciudadanía", mientras que el Consejo General de la Abogacía Española señala que los abogados de oficio quedarán en una situación precaria de aprobarse la legislación.

"En lugar de adecuar este servicio público a las necesidades reales y a las demandas de nuestra sociedad, el Gobierno ha optado por nuevos recortes que van a dejar fuera de nuestro sistema judicial a muchas personas por razones económicas, lo cual agravará aún más los efectos discriminatorios de las tasas judiciales", denuncia Jueces para la Democracia. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley eleva los umbrales de renta a partir de los cuales los ciudadanos tienen derecho a un abogado gratuito: en el caso de hogares de una sola persona, por ejemplo, los ingresos máximos pasan de 12.780 euros anuales a 14.910, mientras que en el caso de las familias de dos a cuatro miembros sólo se ha rebajado el corte en 80 euros.

"Esta medida resulta bastante grave en una situación económica especialmente difícil", señala la asociación, que tacha de "contradicción" que el Ejecutivo "renuncie a adoptar en este ámbito medidas de protección social y que impulse una ley para que menos gente acceda a la justicia gratuita, en unos tiempos en los que se ha incrementado el número de personas que la necesitan".

De igual forma, Jueces para la Democracia también acusa a Gallardón de incumplir de forma "manifiesta" su promesa de que la recaudación extra conseguida al aumentar la cuantía de las tasas judiciales serviría para financiar la justicia gratuita. "La realidad es que dicha partida se ha visto reducida en los últimos años, con lo que el turno de oficio no se ha visto incrementado en un solo euro de lo ingresado por las tasas", relata la asociación. Y ofrece datos: "Desde 2009 el gasto en justicia gratuita ha disminuido en 43 millones de euros", una reducción a la que se suma que el proyecto de ley "impone nuevas trabas burocráticas que tendrán el efecto de dificultar el acceso" a este derecho.

Los abogados también protestan

Y la asociación judicial no ha sido la única en criticar la norma que promueve el Ministerio de Justicia. También el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha publicado una entrada en su blog en la que protesta porque la norma, a su juicio, "lacera a los más de 42.000 abogados [de oficio] que en cualquier lugar, 24 horas al día, 365 días al año, defienden los derechos de los más desfavorecidos", una reivindicación que ha apoyado Jueces para la Democracia asegurando que "sus discrepancias no tienen carácter corporativista, sino que se centran en la mejora del servicio público".

Los abogados se quejan por las, en su opinión, exiguas retribuciones que la ley asigna a los letrados "que vocacionalmente –sus retribuciones muchas veces no superan los dos euros por hora trabajada– están adscritos al Turno de Oficio, a lo que deben añadirse los numerosos perjuicios que están sufriendo por las demoras en los pagos y por las consignaciones económicas insuficientes". "Puedo añadir", señala Carnicer, "que las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio llevan congeladas más de 10 años y, en casos como la Comunidad Valenciana, recortadas un 40%".

Los abogados cargan contra el proyecto de ley de justicia gratuita de Gallardón

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En cuanto a las consecuencias de la norma, el Consejo ya mostró su desacuerdo el pasado abril con un proyecto de ley que "vulnera los derechos fundamentales", según aseguró entonces el presidente de la Comisión de Turno de Oficio del CGAE, Francisco Javier Lara. Los abogados, que no descartaron incluso llevar la norma –de aprobarse finalmente– ante el Tribunal Constitucional, criticaron aspectos como que el Servicio de Orientación Jurídica pierda su carácter gratuito –si una persona quiere obtener información sobre si puede acceder al servicio jurídico gratuito y se determina que no cumple los requisitos, se le cobrará esa consulta– o la no obligatoriedad de que el abogado de oficio tenga despacho o domicilio cerca del juzgado al que tenga que acudir.

El rechazo al proyecto de ley ha llegado incluso desde las ONG. En este sentido, Rights International Spain (RIS) –una organización conformada por juristas especializados en Derecho internacional– ha iniciado la campaña #sinjusticia, en la que denuncia algunas de las últimas actuaciones del Ejecutivo asegurando que "restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia". Del endurecimiento de los requisitos para acceder a la asistencia jurídica gratuita, RIS explica que "los que más salen perdiendo son los ciudadanos sin familia porque más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo puesto a los que convivan en pareja, aún sin hijos".

En este sentido, ejemplifican que si "una persona quiere recurrir una multa que le han puesto por acudir a una manifestación, o pone una demanda para que le paguen una factura que le deben pero tiene unos ingresos de más de 1.065 euros al mes y no tiene familia, no tendrá derecho a un abogado de oficio, así que tendrá que pagar un abogado, un procurador y, por supuesto, las tasas judiciales". Y esto no es todo, ya que si estima que el demandante tiene "patrimonio suficiente" para hacer frente a este gasto tampoco podrá acceder a este derecho, un enunciado que RIS considera confuso, ya que "no se dice cuánto es suficiente, más allá de no incluir como tal la vivienda habitual".