La Justicia da diez días a la Comunidad de Madrid para que explique por qué no entregó las actas del Canal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un plazo de diez días a la Comunidad de Madrid para que explique por qué no entregó la documentación sobre el Canal de Isabel II, referida al caso Lezo, y que la oposición había solicitado reiteradamente en la comisión de investigación sobre corrupción política.

La sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha ordenado una diligencia, adelantada por eldiaro.es, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que vuelve a pedir a la Comunidad el expediente administrativo relativo a la denegación de esta documentación a la oposición.

En concreto, el letrado lo vuelve a reclamar en esta diligencia fechada a 14 de febrero y le da un plazo de diez días a la Administración regional para que entregue el expediente después de que haya transcurrido ya el plazo establecido en la ley para enviarlo.

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que no les ha llegado todavía la notificación de la ampliación de plazo y aseguran que están recopilando toda la información para completar el expediente administrativo y enviarlo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta petición viene tras la polémica surgida con el envío de la documentación al conocerse que en agosto el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu autorizaba la entrega de la misma después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando esta cuestión.

Esta providencia no salió a la luz hasta hace casi dos meses, lo que motivó las quejas de la oposición, que acusó al Gobierno de Cristina Cifuentes de "ocultar" la información y las explicaciones de éste que achacaron a un "error humano" lo ocurrido.

Sin embargo, el pasado 30 de enero se conocía una decisión en dirección contraria por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, ahora responsable de la causa de Lezo, que dictaba un auto en el que concluía que la Comunidad de Madrid no puede entregar a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II.

Renuncia de Podemos

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid interpuso a finales del pasado mes de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la denegación por parte de la Comunidad de Madrid de la entrega de esta documentación.

En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el diputado de Podemos Miguel Ongil explicaba que el pasado mes de mayo la Mesa y los Portavoces de dicha comisión solicitaron al Gobierno regional documentación, entre la que se incluyen las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y sus filiales Canal Extensia y Canal Gestión, entre 2007 y 2015.

También solicitaron copias del nombramiento en 2006 del presidente ejecutivo de Inassa Edmundo Rodríguez, ahora imputado en el caso Lezo; copias de los contratos de prestación de servicios celebrado entre Inassa y el despacho de abogados Rodríguez Sobrino Abogados Asociados de 2006 y 2009; y copias de la asamblea de Inassa donde se cesa el año pasado a Edmundo Rodríguez y lo relativo a su indemnización.

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Asimismo, pidieron copia del informe del mercado de saneamiento en Brasil analizado por Inassa antes de la compra de Emissao; copia del informe de febrero de 2013 de Inassa que analiza con carácter general la operación de adquisición de Emissao; copia de los informes de 'due diligences' en relación con dicha operación; o la copia de la propuesta de adquisición de una participación del 40 por ciento en el accionariado de la sociedad Emissao por 15 millones de dólares.

A la lista de peticiones se suman las copias de las reuniones de Canal Extensia que ratifican la adquisición de esa compañía brasileña a través de sociedades vehículos; copias relativas a las órdenes de pago desde las cuentas corrientes de Inassa en varios bancos de EEUU, Suiza, Panamá y Brasil; y copias de los informes de revisión forense y auditorías del Canal en dicha compra, entre otros documentos relevantes.