La Justicia obliga al Gobierno a devolver 19 millones a una de las concesionarias de autopistas que será rescatada

El Ministerio de Fomento tendrá que pagar a Henarsa, la concesionaria de la quebrada autopista de peaje radial R-2 Madrid-Guadalajara, 19,23 millones de euros. Así consta en una sentencia reciente [consultar, aquí] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los magistrados determinaron que la concesionaria tiene derecho a que se le devuelva parte del aval depositado para la construcción de esa autopista y que venía reclamando desde noviembre de 2013, así como los intereses generados desde entonces. 

La cifra de 19,23 millones de euros es la suma de parte de la garantía que los jueces obligan a devolver (17,44 millones), más los intereses generados, que ascienden a 1,79 millones de euros. Precisamente este viernes el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Fomento a utilizar 1,79 millones de euros del llamado fondo de contingencia –creado para hacer frente a situaciones imprevistas– para pagárselos a Henarsa y así dar cumplimiento a esta sentencia. 

La empresa que es accionista única de Henarsa –Infraestructuras y Radiales S.A.– está participada por alguna de las grandes constructoras del país, según los datos que constan en el Registro Mercantil: Desarrollo de concesiones Viarias Uno S.L., filial de ACS, tiene un 35% del capital; Iberpistas S.A.C.E. y Autopista Vasco Aragonesa C.E.S.A., filiales de Abertis, poseen el 30%; Acciona S.A. y Acciona Infraestructuras S.A., controlan el 25%; y Globalvía Infraestructuras S.A., vendida por FCC y Bankia a tres fondos de inversión en octubre de 2015, dispone del 10% restante. La autopista, que se inauguró en 2003, está en concurso de acreedores desde septiembre de 2013. 

Según consta en la sentencia, Henarsa comenzó a reclamar en 2013 al Ministerio de Fomento por la vía administrativa la devolución del aval de 18,81 millones de euros que había depositado en concepto de garantía por la construcción de esa autopista de peaje, una de las nueve que están actualmente en quiebra y que el Estado ya ha anunciado que rescatará con dinero público. Pero Fomento se negó argumentando que no había cumplido con la totalidad de las obligaciones por las que respondía esa garantía.

En concreto, el ministerio argumentó que la concesionaria no había realizado una vía de conexión entre la carretera autonómica M-116 y el municipio de Azuqueca de Henares –que constaba en el contrato–, ni había destinado el 1% del presupuesto que la ley marca que las concesionarias del Estado tienen que dedicar a financiar trabajos de conservación del patrimonio, y que tampoco había cumplido con su obligación de pagar el justiprecio a todos los expropiados sobre cuyos terrenos se ha construido la concesión. De hecho, según Fomento, Henarsa seguía teniendo pendientes de pagar "no menos de 93 millones de euros" a los titulares de los terrenos expropiados. 

Respecto a la parte de la obra no ejecutada, la concesionaria alegó que la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid había denegado la autorización para construir la glorieta que permitiría conectar el vial proyectado con la carretera autonómica M-116, sin que por otra parte el Ministerio de Fomento se hubiese pronunciado al respecto. 

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Los jueces, basándose en una sentencia previa dictada por el mismo tribunal, determinaron que si el importe de esas obras pendientes podía ser detraído de la garantía no existía "ningún obstáculo" en la legislación de contratos que impidiera la devolución de la fianza, siempre que ese importe pendiente fuera "muy inferior" al total de la fianza constituida. En este caso era de 983.451 euros. En la sentencia los magistrados recordaban también que la concesionaria había ofrecido a la Administración ingresar en el Tesoro Público los 392.656 euros correspondientes al IVA cultural. Ambas cantidades se detrajeron del total de la fianza consignada. 

Sin embargo, lo más llamativo es lo que los jueces dicen de las expropiaciones. Aseguran que la fianza de construcción responde "única y exclusivamente" de las obligaciones de la concesionaria frente a la Administración "correspondientes a la fase de construcción hasta la terminación del periodo de garantía (...) y nada más". Lo cierto es que los sobrecostes de las expropiaciones –que en algunos casos han llegado a ser del 600%– han sido de los motivos más publicitados por las concesionarias para justificar la mala situación financiera de estas autopistas. No obstante, no es la única causa. 

En consecuencia, los magistrados entienden que el hecho de que Henarsa no haya pagado 93 millones en expropiaciones no puede servir como argumento para que el Estado no le devuelva la fianza de construcción, tal y como sostenía el Ministerio de Fomento.