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Guerra Civil española

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Ibon Uría

El primer expediente aprobado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) para exhumar a una víctima de la Guerra Civil española acumula polvo desde hace meses entre los Juzgados y el Registro Civil de la localidad. Desde hace más de un año, Mames Palmero Muñoz, de 83 años, espera a poder sacar de la fosa común en la que lleva desde 1937 su hermano, desaparecido en la Batalla del Jarama mientras defendía la República y ejecutado el 25 de marzo de 1937 a los 17 años de edad.

Fue en enero de 2013 cuando Palmero se puso en contacto con el consistorio a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Meses después, el Ayuntamiento dictó una resolución autorizando la exhumación de la fosa pero delegó esas tareas en una empresa privada que realiza tareas de diversa índole en el cementerio de la localidad, Funespaña. ¿El problema? "Funespaña no tiene experiencia en exhumaciones", apunta Eduardo Ranz, abogado de la asociación.

Las conversaciones quedaron estancadas hasta después de verano. En octubre, el letrado se puso en contacto nuevamente con el Ayuntamiento y, en una reunión a tres bandas entre el afectado, responsables del Ayuntamiento y la empresa se decidió que tanto la ARMH como Funespaña abordarían esas tareas. Se decidió entonces solicitar en el juzgado de la localidad fecha y hora para realizar la exhumación. Desde el 29 de noviembre de 2013, no saben nada del expediente.

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Limbo jurídico

"En los Juzgados de Arganda nos dijeron que habían enviado el expediente al Registro Civil, que está físicamente en el mismo edificio", explica Ranz. Cuando acudieron allí, añade, el expediente estaba "en una estantería perdida, sin que se le hubiera dado un número de procedimiento, que es lo habitual, y sin que se hubiera asignado a ninguno de los seis juzgados de la localidad". Ranz asegura que los funcionarios reconocieron su error y que prometieron llamar. No ha sido así, y tampoco ha dado resultados hasta ahora una segunda petición.

"Lo curioso del caso es que no se discute ni la identificación del ejecutado ni su localización", explica el abogado, que considera que la administración "retrasa la resolución del expediente con la idea de que los familiares abandonen". "Mi suposición es que son completamente contrarios a la causa", añade. De llevarse a cabo, la exhumación de Guillermo Palmero Muñoz sería la primera realizada en la Comunidad de Madrid a instancias de familiares.

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