Juventudes Socialistas reclama un referéndum específico para decidir entre monarquía y república

Juventudes Socialistas, la organización juvenil del PSOE, reclama en la ponencia de su 25º Congreso Federal un referéndum específico para decidir entre monarquía y república. El documento [ver en PDF], en el que la organización se declara republicana, señala que ese referéndum no es una medida "ideológica" y que busca evitar que la votación de una reforma integral de la Constitución vea su resultado alterado "por un tema de tanto calado". El cónclave se celebrará del 14 al 16 de julio, y en él se ratificará a Omar Anguita como nuevo secretario general, pues fue el único capaz de reunir los avales necesarios para presentarse a las primarias.

A mediados de junio, en el pasado Congreso Federal del PSOE, las juventudes impulsaron una enmienda a la ponencia marco que reclamaba "avanzar e implantar la república como modelo de Estado" que, tras ser debatida en comisión, superó el listón del 20% de los votos, lo que significaba que se debatiría en el plenario. Sin embargo, poco antes de que se sometiera al criterio del conjunto de los delegados, la organización juvenil pactó con el equipo de Sánchez, tras algunos tira y afloja, una redacción descafeinada que se limita a hablar del fortalecimiento de "los valores republicanos". El texto original nunca llegó a someterse a votación.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por su parte, cuestionó abiertamente el papel de la monarquía la semana pasada, cuando llegó a preguntarse "para qué" es necesario el rey. El número uno del partido morado censuró duramente el discurso que el monarca pronunció durante el acto de homenaje al 40 aniversario de las elecciones de 1977, pues a su juicio Felipe VI fue "incapaz de decir nada sobre los tres grandes desafíos de España" y, aunque no defendió abiertamente la república, admitió que Podemos vería "mucho más sensato" que al jefe del Estado "se le eligiera en elecciones".

Las juventudes del PSOE plantean ahora que se celebre una consulta sobre el modelo de democracia parlamentaria y, para el caso de que la mayoría de los ciudadanos eligiera mantener la actual monarquía, proponen una serie de reformas, como la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, limitar la inviolabilidad del rey a los actos realizados en el ejercicio de su cargo, eliminar el aforamiento civil y penal de la familia real y someter el presupuesto de la Casa del Rey a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el órgano que revisa, por ejemplo, las cuentas de los partidos.

Reforma constitucional

La proclamación de una tercera república, obviamente, implicaría la necesidad de reformar a fondo la Constitución. También la solución al encaje de Cataluña pasaría por modificar la Carta Magna, según JSE, que propone un Estado federal concebido como "una comunidad solidaria en defensa de los derechos del individuo y de los trabajadores", con una mayor "descentralización del poder" y que busca "un desarrollo integral y cultural de la ciudadanía, no la realización última de una nación cultural" en base a "supuestos derechos históricos previos". "Nación cultural" es el término que últimamente emplea Pedro Sánchez al hablar de Cataluña.

Juventudes Socialistas plantea que la Constitución debería listas las competencias del Gobierno Federal y que el resto de atribuciones quedarían en manos de los estados federados –una terminología que nunca ha empleado el PSOE–. En el Senado los estados federados estarían "representados en pie de igualdad" y los senadores serían elegidos por los parlamentos autonómicos. La nueva Cámara alta serviría, por ejemplo, para que los estados propusieran leyes al conjunto de la federación. Para Cataluña, además, se propone un "reconocimiento singular" sin una "ruptura definitiva con el resto del Estado".

Medidas económicas y fiscales

La ponencia de JSE incluye una serie de reivindicaciones en materia económica y fiscal. Entre las más destacadas figura la petición de un "incremento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta los 1.125 euros", aunque no se establece un calendario. También se exige que, en el seno de una misma empresa, el directivo mejor pagado no pueda ingresar en un mes más que el salario anual del trabajador peor pagado. La organización quiere igualmente incluir en la Constitución la prohibición de nuevas amnistías fiscales. La última, impulsada en 2012 por el Gobierno del PP, fue declarada inconstitucional por el TC recientemente.

En esa misma línea, se pide la elaboración de una lista de defraudadores a la que tendrían acceso "todos los ciudadanos, para saber quiénes se encuentran al orden con sus obligaciones fiscales". El texto no precisa a partir de qué importe se figuraría en el citado listado ni tampoco qué datos personales se incluirían en él. Hasta ahora el Gobierno únicamente publica el listado de grandes morosos con el fisco, donde figuran aquellos deudores –personas físicas o empresas– que le adeudan más de un millón de euros. La última edición de esa clasificación la encabeza la inmobiliaria Reyal Urbis, que debe nada menos que 363 millones de euros.

En materia de impuestos, las juventudes proponen una reforma del Impuesto de Sociedades orientada a eliminar la "mayoría de los beneficios fiscales" a los que se acogen las grandes empresas,y cuyo principal efecto es que el tipo que realmente pagan "sea del 18,7% en lugar del 30%", según reza el informe. Por eso JSE plantea que ninguna gran empresa pueda abonar un tipo efectivo inferior al 23%. Los jóvenes socialistas quieren además imponer una tasa a las transacciones financieras del 2% "a corto plazo", ampliar el IVA superreducido a bienes de "consumo básico", rebajarlo al 5% para la cultura, y elevarlo al 25% para artículos de lujo.

Mejores servicios y nuevos derechos

La ponencia, de más de 110 páginas de extensión, dedica un amplio capítulo a los servicios públicos. Como medidas transversales a todos ellos, Juventudes Socialistas quiere garantizar la gestión pública y la completa financiación a través de impuestos, lo que dejaría fuera cualquier posibilidad de copago en los "servicios públicos esenciales". Para garantizar la existencia de fondos suficientes, quiere crear un "mínimo social de gasto social" en los presupuestos públicos, que debería alcanzar el 20% en 2020 y que también se incluiría en la reforma constitucional propuesta por estos jóvenes.

En Educación se quiere derogar la conocida como Ley Wert y eliminar de forma "progresiva" los conciertos educativos. No es la única medida de este epígrafe, que se detiene especialmente en la educación universitaria: se pide una bajada de las tasas, asegurar que esos precios públicos no subirán nunca por encima del IPC, igualar los precios de los estudios de máster con los de grado –ahora los primeros son más costosos– y crear una renta básica de estudios para aquellos alumnos "obligados a abandonar su formación" exclusivamente "por motivos económicos", así como una red pública de residencias para universitarios.

En el ámbito sanitario, las JSE quieren recuperar la cobertura universal: "Sanidad pública estés donde estés, seas quien seas", resume la ponencia. La organización pide recobrar el derecho de que las menores de 16 a 18 años puedan abortar sin permiso de sus padres o tutores si hay riesgo de "abandono, rechazo o desestructuración familiar " y regular el derecho a la muerte digna, asegurando el Estado al paciente la posibilidad de limitar el esfuerzo terapéutico, acceder a cuidados paliativos, cometer un suicidio asistido o de eutanasia activa. En estos dos últimos casos, el paciente debería estar en situación "crónica, irreversible y carente de esperanza de mejora" de "sufrimiento vital", consecuencia de una enfermedad o accidente.

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Memoria Histórica

La ponencia de Juventudes Socialistas incluye por último medidas para reforzar el cumplimiento y ampliar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de Zapatero y que el Ejecutivo de Rajoy ha derogado de facto dejando a cero las partidas presupuestarias para su aplicación. Por ejemplo, se propone multar a las administraciones que mantengan en su callejero nombres ligados a la dictadura o simbología franquista, y se plantea suprimir las subvenciones y ayudas a cualquier organización o entidad que tenga en sus instalaciones elementos de homenaje al franquismo.

Además, se aboga por la declaración de nulidad de los juicios sumarísimos y la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para asegurar que los documentos secretos sean desclasificados en un plazo no superior a 30 años, como ya planteó el PNV en el Congreso de los Diputados. Sobre el Valle de los Caídos se pide que se convierta en una zona de recuerdo y repulsa "a los horrores de la guerra y la dictadura" en forma de museo de la memoria histórica y la exhumación de los restos de Franco, así como de "los miles de cuerpos de personas represaliadas por el régimen".