Tribunales, escaños y potentes bufetes de abogados: la 'segunda vida' de los fiscales generales

Dolores Delgado da comienzo a una nueva etapa profesional. Tras dirigir el Ministerio de Justicia y estar en lo más alto del Ministerio Público, esta experta en terrorismo yihadista, ascendida hace pocos meses a la máxima categoría de la carrera, se encargará de liderar a partir de ahora la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, un área especializada dentro del Ministerio Público impulsada en cumplimiento de la nueva norma estatal memorialista. Si nada lo impide, este será el primer capítulo de la nueva vida de la última fiscal general del Estado. Un punto y a parte que llevó a algunos de sus antecesores a ponerse de nuevo la toga y, a otros, a apostar por la política o a dedicarse en cuerpo y alma al ejercicio de la abogacía. En algún caso, de la mano de potentes bufetes.

La elección de Delgado para el nuevo puesto, cuya designación fue propuesta por su sucesor en el Ministerio Público, ha estado cargada de polémica. En primer lugar, por el hecho de nombrar para este puesto a la fiscal que mantiene una relación con el exjuez Baltasar Garzón, comprometido con la memoria democrática. Y en segundo, por el momento en el que se ha llevado a cabo la asignación del puesto, con las Cortes Generales ya disueltas y las elecciones convocadas. De hecho, todo apunta a que el caso, que ha provocado una rebelión dentro del Consejo Fiscal, terminará llegando al Supremo. El fiscal antidroga Luis Ibáñez, uno de los aspirantes a la plaza concedida a Delgado, tiene pensado impugnar el nombramiento ante el Alto Tribunal.

El PP ha criticado con dureza en los últimos días el nombramiento, que "rompe una norma institucional no escrita" para no designar cargos en periodo electoral. Algo que, sin embargo, no es para nada inusual. Sobre todo, cuando ya está prevista la cobertura de plazas vacantes desde antes de que se convoque la cita con las urnas. Durante el mandato de María José Segarra, se nombró al fiscal jefe de Valencia, al fiscal superior de Canarias, al teniente fiscal de Aragón y a un fiscal de Sala en el Supremo cuando ya habían sido disueltas las Cortes. Lo mismo se hizo en el de Consuelo Madrigal cuando el Gobierno ya había anunciado generales para el 20 de diciembre. O en el de Cándido Conde-Pumpido. O en el de Jesús Cardenal.

Tras su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado, tanto Madrigal como Segarra volvieron a desempolvar la toga del Ministerio Público. La primera es en estos momentos fiscal de Sala del Supremo y presidenta de la Comisión de Ética Fiscal, el organismo encargado de velar por el cumplimiento del código deontológico en la carrera. Segarra, por su parte, ocupa el puesto de fiscal de Sala de la Fiscalía para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Cuando dejó de estar en lo más alto del Ministerio Público, tuvo que regresar a su plaza en Sevilla. Pero unos meses después, Delgado la ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal. Una promoción que contó con el beneplácito del Consejo Fiscal.

También volvió a vestir la toga tras abandonar el cargo de fiscal general Julián Sánchez Melgar. En su caso, la de magistrado. En la actualidad ocupa uno de los asientos de la Sala Segunda del Supremo, la de lo Penal. El mismo destino al que regresó Cándido Conde-Pumpido tras siete años al frente del Ministerio Público. Durante un lustro, el jurista gallego continuó ejerciendo en aquella Sala Segunda. Incluso aspiró a presidirla, pero el Consejo General del Poder Judicial se decantó por Manuel Marchena. Pero en 2017 decidió cambiar de aires. Y fue nombrado magistrado de un Tribunal Constitucional que preside desde comienzos de este mismo año.

Eduardo Torres-Dulce, por su parte, también regresó al servicio activo en cuanto puso punto y final a su etapa como jefe del Ministerio Público. Pero no ejerció durante mucho tiempo como fiscal de Sala. En menos de un año pidió la excedencia voluntaria. Y fichó como of counsel por el bufete de abogados Garrigues, uno de los más importantes. Socio de otro importante despacho, en este caso a Cremades & Calvo-Sotelo, es ahora Juan Ortiz Úrculo, el primer fiscal general del Estado en la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno. No obstante, su aterrizaje en la abogacía no fue tan rápido como el de Torres-Dulce. En su caso, tras dejar de ser jefe del Ministerio Público continuó durante más de una década como fiscal.

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Como abogado también estuvo ejerciendo Leopoldo Torres Boursalt después de haber estado al frente de la Fiscalía General del Estado. Tras abandonar el cargo, este destacado dirigente socialista –fue diputado en el Congreso, miembro del Comité Federal y presidente del PSOE de Castilla-La Mancha– fue vicepresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y formó parte del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. En su faceta como letrado, representó a algunas de las víctimas del accidente aéreo del Yak-42. Y también participó en el caso Couso, el cámara de Telecinco asesinado por las fuerzas estadounidenses en Bagdad en 2003. De hecho, fue quien consiguió que se condenara al Estado a indemnizar a la familia por no investigarse su muerte.

De fiscal general a la política

Muy vinculado al PSOE estuvo también Eligio Hernández. Magistrado de carrera, fue gobernador civil de Tenerife y delegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Felipe González. Luego, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y en 1992 fue designado fiscal general del Estado. Estuvo solo dos años en el cargo, cesando pocos días antes de que el Supremo declarase ilegal su nombramiento. Una vez fuera, dio el salto a la política autonómica. Durante una legislatura, ocupó uno de los escaños del Parlamento Canario por los socialistas. Y nunca más volvió a ponerse la toga de magistrado. Tras su salida de la Cámara autonómica, ejerció la abogacía. Entre otros, representó al exministro de Industria José Manuel Soria en la querella que interpuso contra la jueza Victoria Rosell.

Hernández, que fue uno de los expolíticos que a comienzos de 2021 pedían la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, también forma parte de la Academia Canaria de la Lengua. Un perfil académico que también acompaña en la actualidad a Javier Moscoso, fiscal general con Felipe González en la Moncloa y que en los últimos años ha integrado el patronato de la Fundación Arte y Derecho y ha formado parte del Consejo de Redacción de la editorial jurídica Aranzadi Thomson. Y que también ha marcado buena parte de la trayectoria profesional del exfiscal general Carlos Granados, que en los últimos años se ha desempeñado como director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción de Madrid.