Lasquetty insiste en dar lecciones de justicia tras la paralización de la privatización sanitaria

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, parece seguir empeñado en cuestionar de forma pública las decisiones de los tribunales a propósito de la privatización sanitaria en Madrid. En rueda de prensa, Lasquetty se refirió este jueves al auto, conocido ayer, por el que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justuicia de Madrid (TSJM) pone la lupa en el cambio de reglas de última hora en la privatización de seis hospitales y suspende de forma temporal este proceso. A su juicio, este escrito, aunque no entra en el fondo del asunto, "no contiene la precisión que requiere una medida cautelar". 

El TSJ de Madrid pone la lupa en el cambio de reglas de última hora en la privatización de hospitales

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En esta ocasión, el consejero dijo celebrar que el tribunal superior "no ofrezca valoraciones políticas". Hace una semana aseguró que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ordenó de nuevo la suspensión cautelar del proceso privatizados no era "competente" para hacerlo. Y fue más allá. Arremetió con dureza contra el magistrado firmante del auto del que, dijo, "no emite [en su auto] opiniones de tipo jurídico sino de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado". A pesar de que en ese momento pidió al TSJM que clarificara la decisión de un tribunal de rango inferior, una vez que ha llegado la decisión del órgano superior, aunque referida a otro recurso, el consejero prefirió no hacer ningún comentario al respecto. 

Asimismo, el consejero avanzó que "los servicios jurídicos de la Comunidad están estudiando el contenido del auto" y que el Ejecutivo regional va a recurrirlo. A pesar de que los contratos todavía no están firmados, Lasquetty dijo que en su parte dispositiva, este escrito "suspende una resolución que ya ha sido ejecutada, que es la convocatoria del concurso".

Además, sostuvo que el auto "no pone en cuestión si se puede o no gestionar un hospital público a través de una forma de gestión externalizada" y defendió que "no alude a supuestos perjuicios para los derechos de los ciudadanos", sino para los empleados públicos. Aunque el consejero no lo recordó, la Sala no solo suspende cautelarmente el proceso, como pedía la asociación de médicos AFEM, sino que considera que el Ejecutivo regional introdujo una "modificación sustancial" que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia".