Lasquetty justifica el sobrecoste de 56 millones para privatizar hospitales en la “actualización” de datos

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, esgrimió ayer la “actualización de datos” y el compromiso de mantenimiento de las plantillas como argumento para justificar por qué la privatización de seis hospitales costará hasta 56 millones más al año de lo anunciado hace solo tres meses.

Según el consejero, la previsión de que el coste quedaría cuantificado en 441 euros se hizo con datos de 2011. Y la de 496,85 euros, en cambio, se ha elaborado con datos de 2012. El pasado fue el peor año de la crisis y el que mayores recortes de gasto público ha deparado a los ciudadanos. Cómo se explica que en esas circunstancias haya aumentado el coste nada menos que un 12,6% es un interrogante para el que aún no hay explicación.

En enero Lasquetty aseguraba tajante que las empresas que gestionen cada hospital obtendrán del Gobierno regional 441 euros por habitante. Ahora, el pliego de condiciones que regirán los concursos hablan de 496,85 euros como media. Y si lo expuesto hasta aquí fue la explicación técnica, Lasquetty también acudió a otra de carácter política para culpar al Gobierno central, es decir a su propio partido, de haber forzado a Madrid a optar por la externalización al no darle los 1.000 millones de euros del sistema de financiación que la Comunidad reclama.

Respecto a 2012, el presupuesto conjunto de los seis hospitales sujetos a privatización ha descendido este año un 7,74%. En cambio, el aumento de coste per cápita que revelan los pliegos de condiciones para esa misma privatización se incrementa un 12,69% en relación a lo inicialmente previsto.

Este diario formuló dos preguntas a los portavoces de Lasquetty, pero no obtuvo respuesta. La primera es cómo se explica que, habiéndose disparado el coste por habitante respecto a 2011, los presupuestos de 2013 destinen a esos seis hospitales menos dinero que el año pasado. La segunda pregunta afecta a la promesa de mantenimiento de plantillas: ¿por qué la Consejería calcula un incremento tan elevado si la conversión de puestos eventuales en fijos no solo no encarece los costes empresariales sino que, en todo caso, les facilita bonificaciones?

El Ejecutivo madrileño lleva meses difundiendo la idea de que el coste por habitante de los hospitales públicos oscila en torno a los 600 euros. Ese dato resulta imposible de contrastar dado que, desde la creación del Servicio Madrileño de Salud, el Gobierno regional jamás ha entregado ni a los grupos opositores ni a la prensa los datos de ejecución del presupuesto de cada año.

Es decir, los datos reales y pormenorizados de cómo, cuándo y de qué forma se ha distribuido el dinero de la sanidad pública madrileña. Lasquetty insiste, no obstante, en que privatizar la gestión ahorrará a las arcas públicas un 20%. Y, oficialmente, mantiene su promesa de diciembre, según la cual entregaría a la oposición los datos de ejecución presupuestaria en cuestión de días. Hoy, la promesa sigue incumplida aunque la consejería de Sanidad asegura que el departamento de Hacienda remitirá esa información pronto a la Asamblea.

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El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ya anunció ayer que su partido recurrirá los pliegos de condiciones de la privatización se mantienen en los términos planteados por la Consejería. Gómez tildó de “cúmulo de despropósitos” los requisitos y condiciones propuestos por la Administración madrileña para adjudicar la gestión de esos seis hospitales, que atienden a más de un millón de personas. La Asociación de Facultativos, que a finales del pasado año logró una movilización sin precedentes en el sector sanitario, también estudia ya acciones legales contra una privatización que, según su primer análisis, podría entrañar un presunto delito contra la Hacienda Pública.

Los médicos entienden que el precio por habitante que la Comunidad pagará a cada empresa gestora se ha calculado como si cada uno de los hospitales prestara todos los servicios de la carta sanitaria. Pero el hospital que no pueda ofrecer una prestación tendrá que seguir derivándolo a otro que la incluya. En resumen, y si eso llega a ser así, el hospital de gestión privada cobrará por un servicio que no da y cuyo coste real quedará endosado a otro hospital de gestión pública, que siguen siendo los de mayor envergadura.

También la dirigente de Equo Inés Sabanés, exdiputada en la Asamblea de Madrid, denunció el sobrecoste aplicado en los pliegos de condiciones respecto de la previsión inicial. Sabanés cree que los sobrecostes no se traducirán en mejoras para los usuarios, sino que constituyen “una mera ingeniería contable para justificar la privatización y asegurar las exigencias del sector privado”.