La lentitud del Supremo atenaza al juez frente a la mafia china
![Gao Ping, el 5 de diciembre de 2012.](https://static.infolibre.es/clip/fb2d2ffe-1e4d-4116-9d45-26670b667359_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Dos meses y medio después de que una de las cabecillas de la trama china de Gao Ping interpusiera una querella contra el juez Fernando Andreu por 20 presuntos delitos contra la libertad individual al haberlos encarcelado con un auto luego anulado, el Tribunal Supremo todavía no ha decidido si la admite o no.
Pese a que la Fiscalía ya se opuso el 22 de enero a su admisión, la Sala Segunda del alto tribunal ni siquiera tiene aún fecha para las deliberaciones. La lentitud del trámite, inusual según las fuentes consultadas, mantiene a Andreu bajo una auténtica espada de Damocles.
Fuentes cercanas al juez precisaron ayer, no obstante, que la querella no ha tenido ningún efecto práctico sobre la instrucción. Es decir, que ni ha retrasado ni retrasará la investigación sobre un entramado que desde 2009 ha blanqueado entre 800 y 1.200 millones de euros y presuntamente capitaneado por Gao Ping, relevante empresario de la comunidad china y que no ha perdido contacto con su país, uno de los grandes compradores de deuda española.
Las parientes del rey y otros miembros de la jet
El entorno del juez subraya que la instrucción se enfrenta a una fase laboriosa y técnicamente difícil: la traducción y análisis de cientos de documentos incautados. Y niega, por tanto, que la incertidumbre sobre el destino de la querella guarde el menor vínculo con el hecho de que Andreu todavía no haya resuelto sobre la petición formulada hace más de un mes por Anticorrupción para que impute a 13 españoles de la alta sociedadpetición formulada hace más de un mes por Anticorrupción para que impute a 13 españoles de la alta sociedad que usaron los servicios de la llamada subtrama hebrea, ligada a la red de Gao Ping. Entre esos 13 españoles figuran tres parientes del rey -de la rama Borbón Dos Sicilias-, otro aristócrata y el que fue consejero delegado de Banesto durante la etapa de Mario Conde.
Pero en ámbitos relacionados con la investigación hay quien cree que la querella sí puede pesar en el ánimo del juez. “No se actúa con la misma libertad”, resume una fuente jurídica que conoce de primera mano lo sucedido en este caso, donde los imputados superan el centenar sin tener en cuenta a aquellos 13 cuya imputación reclama ahora la Fiscalía.
Ayer, portavoces autorizados del Supremo relataron a infoLibre que, una vez incorporado el escrito por el que la Fiscalía se opone a la admisión de la querella, llegó “a finales de febrero” un escrito de la querellante, Xiaoshuan Zhu. Será la Sala Segunda del alto tribunal la que decida sobre el futuro de Andreu después de que su presidente, el magistrado Juan Saavedra, prepare su ponencia sobre el caso. Es decir, fije posición y la redacte. Ni se sabe cuándo ocurrirá ni hay señalada fecha para las deliberaciones de la Sala.
La querella entró en el Supremo, ante el que Andreu está aforado, un mes después de que la Sección Tercera de la Audiencia tumbase en noviembre los autos de prisión de Andreu y abriera así la puerta de la libertad a los 20 principales imputados, entre ellos el propio Gao Ping.
Dos choques, un mismo grupoLa resolución de la Sección Tercera llegaba 28 meses después de otra teñida de discordia
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: aquella donde, el 5 de julio de 2010, el Pleno de la Sala Penal tumbó la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el mismo grupo al que pertenece Gao Ping. La Sala rechazó entonces abrir las investigaciones que solicitaba el ministerio público.
Lo hizo al negar que con los indicios en la mano cupiera hablar de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en el extranjero. Entonces, Anticorrupción encajó el golpe y llevó sucesivamente a dos juzgados de instrucción el caso, que finalmente aterrizó de nuevo en la Audiencia.
Uno de los tres miembros de la Sección Tercera que en noviembre anularon la orden de prisión de Andreu fue la magistrada Clara Bayarri. Y se da la circunstancia de que Bayarri redactó el auto de inadmisión de querella dictado en julio de 2010 por la Sala Penal del Supremo.