Los letrados y Justicia se reúnen el jueves por primera vez tras tres semanas de huelga indefinida
El Ministerio de Pilar Llop ha convocado al comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) el próximo jueves a las 17.00 horas para la que será la primera reunión que tendrán las partes desde que hace casi tres semanas comenzaran un parón indefinido en busca de mejoras salariales que, según los LAJ, ha reducido un 60% la actividad de juzgados y tribunales, con 125.000 vistas suspendidas y 432 millones de euros bloqueados.
Justicia convocó al comité de huelga el pasado jueves, a una semana vista, algo que la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados interpretaron como una maniobra para "prolongar el conflicto a la espera de que el seguimiento decaiga".
Reprocharon a Llop "no tiene tiempo" para "reunirse y resolver el problema más grave de la Administración de Justicia en la historia reciente de España", pero sí para acudir a Málaga y Sevilla "a la entrega de unas medallas".
En esta semana "se suspenderán 55.000 juicios más y se bloquearán otros 150 millones de euros en las cuentas judiciales", advirtieron al tiempo que lamentaron "muy profundamente" el "enorme perjuicio" que esta situación está causando a los usuarios y profesionales de la Justicia.
Según cálculos de las asociaciones de LAJ, para recuperar el retraso causado solo durante las dos primeras semanas de huelga "serán necesarios un mínimo de cuatro meses de trabajo". "Ya nadie en este país, ni ciudadanos, ni profesionales, ni operadores jurídicos, ni este comité de huelga, es capaz de comprender tanta negligencia ministerial", apuntaron.
Desde que comenzara la medida de fuerza, los LAJ han registrado máximos de participación del 85% y mínimos del 73%, mientras que el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
Creciente malestar con Justicia
La tensión entre los LAJ y Justicia ha ido en aumento desde el año pasado, cuando realizaron los primeros parones -en días puntuales-, hasta que finalmente el pasado 24 de enero iniciaron la huelga indefinida.
Antes de que arrancara, Llop pidió al comité de huelga que huyera de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Sin embargo, una vez iniciada, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez, les acusó de protagonizar una huelga "política" que estaba "fuera de lugar".
Rodríguez argumentó que "cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tiene sentido" porque el Ministerio "ha cumplido todos los acuerdos" alcanzados con la representación de estos trabajadores.
Además, hizo hincapié en que, si bien "el derecho a la huelga está en la Constitución", "se está perjudicando seriamente a los ciudadanos", enfatizando que se estaban posponiendo bodas.
En este contexto, los LAJ reclamaron la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la respuesta llegó del jefe de su Gabinete, Óscar López, el cual les transmitió que son "una pieza esencial" del Poder Judicial y expresó su "confianza" en que las negociaciones con el Ministerio "puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".
En los últimos días, el comité de huelga ha pedido directamente el cese de Llop por su "incapacidad" para solucionar el conflicto. "Somos conscientes de que tras las frías cifras que llevamos semanas haciendo públicas, detrás de cada número, hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la negligencia de los directivos de éste Ministerio de Justicia", subrayaron en su último comunicado.
El problema llega a la arena política
El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que, denuncian, ha provocado un "insoportable desequilibrio".
Señalan como "detonante" el acuerdo firmado por Justicia en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales" que prevé el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de los Presupuestos Generales del Estado.
A medida que la huelga ha impactado en el funcionamiento de juzgados y tribunales ha llamado la atención de los partidos políticos. Así, el PP ha presentado una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados para que Llop dé explicaciones en la sesión plenaria del próximo miércoles por este asunto.
A principios de febrero, Ciudadanos ya registró una pregunta parlamentaria al Gobierno para saber "cómo piensa el Ministerio de Justicia solucionar" el conflicto que mantiene con los LAJ.
