De la ley de familias al olvido oncológico, las quince leyes que se quedarán en un cajón por las elecciones

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva aparejada la disolución de las Cortes Generales. Además de la pérdida de condición de los diputados excepto los integrantes de la Diputación Permanente, la consecuencia más inmediata es que todas las leyes que se encuentran en tramitación decaen. Es decir, todo vuelve a la casilla de salida y los grupos parlamentarios deben empezar el proceso desde cero en la próxima legislatura.

Las funciones del Pleno las asume la Diputación Permanente, una especie de órgano de guardia, sobre el que recaerá en las próximas semanas la convalidación o derogación de los decretos leyes que remitan desde el Ejecutivo. Pero este órgano no puede aprobar leyes, ni siquiera las que ya han pasado por el Congreso y están a la espera de su validación definitiva en el Senado. Estas son las quince principales normas que se quedarán en un cajón tras el adelanto electoral.

Ley de familias

Se trata de la ley estrella del ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra. Esta norma crea nuevos permisos remunerados para el cuidado de familiares o convivientes, habilita un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos y da la posibilidad a los padres o madres con hijos menores de ocho años de disfrutar de ocho semanas —por el momento, sin remunerar— de manera continua o discontinua.

Ley 'Darias'

El Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, también conocida como ley Darias porque se impulsó durante la etapa de Carolina Darias en el Ministerio de Sanidad, aboga por priorizar la gestión pública directa e incluía, entre otras cuestiones, la eliminación de los copagos ortoprotésicos para seis millones de personas vulnerables. Sin embargo, desde Unidas Podemos denunciaban que la norma no revertía el camino de las privatizaciones iniciado por José María Aznar.

Ley de bebés robados

La historia se repite. Esta norma ya quedó guardada en un cajón cuando Sánchez decidió adelantar elecciones en el año 2019 y vuelve a repetirse en 2023. La ley abre la puerta a que se investiguen a fondo las denuncias por el robo de bebés y defiende que si son necesarias exhumaciones, el Ministerio de Justicia se hará cargo de ellas, al igual que si hay que hacer pruebas de ADN, estas no podrán tener un coste para las víctimas. Todas las instituciones están obligadas a arrimar el hombro. Cada administración censal, si así le requiere la autoridad judicial o policial durante las pesquisas, deberá poder proporcionar de forma informatizada todos los datos de nacimientos o defunciones desde 1936 ocurridos en cada una de las provincias o distritos de los niños comprendidos entre los cero y los cinco años.

Ley de movilidad sostenible

Esta norma, elaborada por el Ministerio de Transportes dirigido por Raquel Sánchez, recoge toda una serie de nuevos requisitos que pretenden garantizar que cada nueva infraestructura estatal está plenamente justificada y la demanda de movilidad que va a atender no puede resolverse con una inversión menor e inferior coste ecológico. Entre otras cuestiones, contempla la puesta en marcha de peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes.

Ley de bomberos forestales y agentes medioambientales

El objetivo de sendas normas, que tampoco verán la luz esta legislatura, era contar con un marco jurídico básico de bomberos forestales y agentes medioambientales y asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en toda España, ya que las competencias en esta materia son autonómicas, de modo que el Ejecutivo quería eliminar las desigualdades entre los trabajadores de estos sectores en función de la administración competente.

Ley de desperdicio alimentario

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, redactada por el Ministerio de Agricultura, aboga por reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros.

Ley de atención a la clientela

El pasado mes de abril se aprobó en el Congreso la ley de atención a la clientela, pero la norma todavía no había superado el trámite en el Senado, por lo que tampoco verá la luz. La norma, impulsada por el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón, busca poner freno a los abusos en la prestación de servicios de atención al cliente por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos. Entre las cuestiones mas llamativas, aboga por un tiempo máximo de espera de tres minutos en al menos el 95% de las llamadas. 

El derecho al olvido oncológico

Fue de los grandes anuncios de Pedro Sánchez en la campaña para las autonómicas y municipales: garantizar el derecho al olvido oncológico. La iniciativa, que se quería aprobar en el Senado a través de una enmienda a la citada ley que regula la atención a la clientela, prohibía a las aseguradoras que "discriminen" en la contratación a personas que han sufrido cáncer, con la precisión concreta de que para suscribir un seguro de vida no se estará obligado a declarar si se ha padecido un cáncer una vez cumplido el mencionado plazo de cinco años. La intención era aprobar la norma antes de finalizar junio.

Ley de cine

La ley —aprobada a propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta— pretende adaptar la normativa a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector en los últimos años, alineándose con la normativa europea en la materia. Entre las principales novedades destaca la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, el apoyo a la promoción internacional de todo el audiovisual, y no solo películas, y la protección del patrimonio. De ahí el nuevo título de la ley, que suma el concepto de cultura audiovisual al del cine.

Ley de libertad de expresión

Se trata de una proposición que Unidas Podemos presentó en febrero de 2021 y que recogía la derogación de cuatro delitos que existen en la actualidad en el Código Penal: el delito de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el delito de injurias a las instituciones del Estado y el delito de enaltecimiento del terrorismo. Una propuesta que llegó a las Cortes tras la condena al rapero Pablo Hasél.

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El equipo de Irene Montero también observa cómo algunos de sus compromisos electorales se esfuman debido al desbarajuste de los tiempos electorales. Si bien algunas de sus leyes estrella –la Ley trans, la del sólo sí es sí y la reforma del aborto, principalmente– sí han sido llevadas a término en la presente legislatura, lo cierto es que no son pocos los proyectos que ahora decaen.

Aunque la Ley integral contra la trata era una de las promesas del Gobierno de coalición, su avance se ha visto condicionado por múltiples demoras y falta de consenso entre los socios. La norma, confeccionada por el Ministerio de Justicia y el de Igualdad, superó la primera vuelta en el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado. La ley se concibió una herramienta que pretendía acabar con todas las formas de trata, pero donde la explotación sexual tendría una especial relevancia debido a su impacto y dimensión. El mayor punto de fricción entre los socios se produjo a cuenta de la Ley de extranjería y las víctimas de trata en situación administrativa irregular, para las que el departamento de Irene Montero quería mayores garantías. Finalmente, ambas partes acordaron que cualquier mujer podría acceder a ayudas sin necesidad de denuncia previa.

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También tendrá que esperar la propuesta legislativa contra el proxenetismo, una iniciativa en la que, una vez más, socialistas y morados escenificaron un choque sin paliativos. Tras el encontronazo que suscitaron los artículos de la ley del sólo sí es sí relativos a la prostitución, el Grupo Socialista decidió registrar su propia ley para castigar el proxenetismo, basada en modelos abolicionistas europeos. Sin un acuerdo con sus socios, la única opción pasaba por avanzar en la ley de la mano de los conservadores. Ante esta coyuntura, el proyecto no ha conseguido superar las negociaciones en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso.

Tampoco saldrá adelante la recientemente anunciada Ley contra el racismo, otra apuesta del Ejecutivo que Irene Montero, al calor del caso Vinícius, se comprometió a impulsar. Hace un año, la ley salió a consulta pública, pero quedó guardada en un cajón del que ahora aspiraba a salir. Sus planes también se han visto ahora truncados.

Igual de abocada a la espera queda la jaleada Ley de paridad, que hace una semana superó su segunda vuelta en el Consejo de Ministros. La norma, que impone la paridad en empresas e instituciones públicas, se queda a las puertas del Congreso. También en la Cámara Baja estaba prevista la renovación del gran acuerdo contra la violencia machista: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los grupos habían reservado el mes de junio para reeditar su compromiso en esta materia, pero con la recién anunciada convocatoria la renovación del acuerdo quedará diluida y todos los ojos estarán mirando a una nueva campaña electoral.