La ley de protección animal, varada hasta después del 13F en plena polémica sobre las macrogranjas

La ley de Protección Animal, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, no verá la luz hasta que se celebren las elecciones autonómicas en Castilla y León. Según trasladan fuentes gubernamentales a infoLibre, los planes de Moncloa pasan por llevarla al Consejo de Ministros el próximo martes 22 de febrero o, como pronto, el viernes 18.

Así se lo comunicó el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, a Belarra unos días después de que Alfonso Fernández Mañueco anunciara la convocatoria anticipada de elecciones, programada para el 13 de ese mismo mes. La fecha propuesta por Bolaños incumple con el calendario pactado entre los socios, ya que estaba previsto que el texto se aprobase en primera vuelta en diciembre del pasado año.

Para Unidas Podemos esta dilación es intencionada en un proceso marcado por las resistencias del ala socialista, encabezada por el Ministerio de Agricultura, a su proyecto. Por su parte, los socialistas alegan que el motivo de retraso se debe a que todavía falta perfilar los "últimos flecos" del anteproyecto. Un extremo que desmienten fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que aseguran a infoLibre que el texto está cerrado desde finales de noviembre. 

En el Ejecutivo son conscientes de que las tensiones en el seno de la coalición se han acrecentado con la convocatoria de las elecciones anticipadas en Castilla y León, una comunidad en la que el sector agrario tiene un peso importante. Unas declaraciones distorsionadas del ministro Alberto Garzón han convertido a las macrogranjas en el tema estrella de la campaña, enfrentando a los ministros del PSOE con los de Unidas Podemos. 

Algunas voces creen que ocurriría lo mismo si se aprobara el anteproyecto de ley de Protección Animal, cuyo borrador se publicó el pasado 6 de octubre, y que busca poner fin a prácticas como las peleas de gallos, el uso de animales salvajes en circos o la cría descontrolada de animales. Aunque el texto no entra a regular la caza, diversas asociaciones del sector cinegético ya le han declarado la guerra a la futura ley. En el sector morado del Gobierno creen que los socialistas quieren evitar titulares que puedan ser "sacados de contexto" en plena precampaña, de ahí que aplacen su aprobación. 

Con multas que ascienden hasta los 100.000 euros en muchos casos, el texto pone el foco en las condiciones de vida de animales que, como en el caso de los criaderos de perros, paren hasta morir extenuados o, como las serpientes exóticas introducidas en nuestro país, atacan a sus dueños suponiendo un problema para la seguridad.

Planas quería una normativa propia para los perros de caza

Los morados destacan las presiones dirigidas desde el sector de la caza al ministro Luis Planas, cuyo departamento tenía las competencias de los animales de compañía antes de que se conformase la coalición. Actualmente es el Ministerio de Derechos Sociales el que tiene una Dirección General de Protección Animal, creada ex profeso en enero de 2020, que encabeza Sergio García Torres.

A finales de noviembre, en una reunión entre ambos ministerios, Planas trató de incluir una normativa propia para los perros de caza. Esa fue, según las fuentes consultadas, la principal exigencia de Agricultura al texto. Pero para el equipo de Belarra se trataba de una línea roja y fue rechazada. El texto trata los perros de caza como cualquier otro can, es decir, quien tenga cinco deberá estar registrado como núcleo zoológico, si quiere criar como criador y deberá tener unas instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. El cumplimiento de estos requisitos será controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Lo que sí incluye el borrador es una "determinación diferenciada" a los animales del mundo rural, igual que con los perros policías o los perros pastores. Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en que se trata de una ley "de consenso" que no entra a regular la actividad cinegética sino que pone el foco en el maltrato animal, por lo que los cazadores que "traten bien" a sus animales "no deberían tener ningún problema".

Objetivo: el voto cazador

Aunque la caza pierde adeptos –el Ministerio de Agricultura expidió 769.000 licencias en 2018, según su último informe presentado, casi 300.000 menos que en 2005–, es también el tercer deporte con mayor número de federados, por detrás del fútbol y el baloncesto, según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2021 del Ministerio de Cultura y Deporte. 

El PSOE está decidido a competir por ese nicho electoral con el Partido Popular y Vox, que se erigen como los representantes de este sector. Por ese motivo Planas ha decidido 'desenterrar' la Estrategia Nacional de Gestión cinegética, que llevaba ocho años sin actualizarse, para someterla a consulta pública. 

Este plan sirve como recomendación a las comunidades autónomas para elaborar su propia legislación y, en ese sentido, recomienda promover una "normativa propia" para los perros de caza y de las rehalas por sus "especificidades que los diferencian de los animales domésticos". Asimismo, también propone "estudiar a través de un Grupo de Trabajo los requerimientos específicos de los perros de caza y las rehalas, analizando la posibilidad de definir unos criterios mínimos consensuados por todas las autoridades competentes".

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El primer borrador de este texto fue enviado a consulta pública el 5 de enero, trámite abierto hasta el próximo 2 de febrero. Durante este tiempo, aquellos agentes implicados podrán realizar aportaciones, comentarios y sugerencias. Tras difundirse este borrador, más de una veintena de asociaciones en defensa de los animales instaron al Ejecutivo a que desbloqueara la tramitación del anteproyecto de ley de Protección Animal.

UP confía en que la ley entre en vigor en 2023

En el equipo de Belarra quitan importancia a este plan y destacan que una ley siempre tiene mayor recorrido que una recomendación. Según sus cálculos, la normativa entrará en vigor en enero de 2023. Al tratarse de un anteproyecto, es decir, un borrador, el texto que se aprobará en febrero está sujeto a cambios una vez llegue al Consejo de Ministros. Eso quiere decir que no será validado definitivamente hasta que se abra un proceso de consulta pública, haya un informe preceptivo del Consejo de Estado y se pronuncien las comunidades autónomas. 

Una vez superado este trámite, el texto tiene que volver al Consejo de Ministros en lo que se conoce como "segunda vuelta", para su aprobación definitiva y después iniciar su tramitación parlamentaria. Una vez en el Congreso, se prevé que la norma sea tramitada como Proyecto de Ley. Es decir, deberá ser debatida en ponencia, comisión y Pleno, tanto el texto de la iniciativa como las enmiendas presentadas por los diputados, por lo que su contenido final podría variar ligeramente.