La 'ley Wert' lanza a los centros a la carrera por los fondos públicos

Hasta en 18 ocasiones el proyecto de la LOMCE, la séptima reforma educativa de la democracia actualmente en trámite parlamentario, se refiere a la "autonomía" de los centros. No es un concepto nuevo –ya lo recogía la LOE aunque no se desarrolló en los términos en los que ahora se detalla– y es también una vieja reivindicación de los centros, que han venido reclamando más libertad para organizarse y para gestionar sus recursos en un sistema hiperegulado. Sin embargo, lo que crea recelos en determinados ámbitos de la comunidad educativa es la vinculación de este término a otras medidas que sí recoge de forma novedosa el proyecto legal impulsado por el ministro José Ignacio Wert. Entre ellas, las pruebas externas al final de cada etapa educativa, el fomento de la especialización o la apuesta por acciones de calidad educativa que, recuerda el proyecto, "deberán ser competitivas". "Dichas acciones –continúa el texto– comprenderán medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los centros".

En este sentido, sindicatos, padres y grupos de docentes críticos como el Foro de Sevilla coinciden en que la futura ley concibe la calidad en la escuela como selección competitiva. Argumentan que a través del fomento de los proyectos de especialización y excelencia que auspicia este nuevo concepto de autonomía, y que serán compensados con fondos extra, se clasifica a los centros y se les pone a competir entre sí por mejor alumnado y mayores recursos. Además, dicen, los exámenes externos que se realizarán al final de cada etapa –los que harán los alumnos que acaben Secundaria y Bachillerato son reválidas– acabarán por crear un sistema a dos velocidades. Su temor es que se acabe premiando a los centros con alumnos privilegiados en perjuicio de los que escolarizan a los más desfavorecidos. Lo cierto es que aunque no especifica en qué consistirán, el proyecto de la futura ley sí recoge que "las administraciones educativas aplicarán medidas correctoras a los centros sostenidos con fondos públicos que no alcancen los niveles adecuados". 

Antonio Cabrales, catedrático de la Universidad Carlos III e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree, al contrario, que ni estas pruebas externas ni la competencia entre centros creará desigualdades. "Existen evidencias de que los países que hacen pruebas estandarizadas al final de cada etapa educativa tienen mejores resultados en el informe PISA", que mide el nivel educativo de alumnos de 64 países del mundo en matemáticas, ciencias o comprensión lectora. De hecho, Cabrales considera que estos resultados tendrían que tener para los alumnos consecuencias académicas como, por ejemplo, mayores posibilidades de elección de centros o acceso a programas especiales. 

En la declaración Por otra política educativa que ya han firmado más de 2.900 docentes y que dio lugar al Foro de Sevilla, este grupo señalaba que la autonomía "no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos" y defendía la necesidad de la "autonomía curricular, organizativa y de recursos". José Gimeno Sacristán, catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia, cree que con este proyecto se ha cambiado la reivindicación de la autonomía entendida como libertad de organización o gestión por la autonomía como supervivencia dentro del mercado. "Y, en el mercado, la diferencia la va a marcar el resultado de las pruebas. Van a meter a los centros en una dinámica que no es la suya", concluye. 

El secretario general de la federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, también cree que ha habido una perversión en el concepto. "Usan autonomía pero es desregulación. Es la mercantilización más absoluta porque se concibe el sistema educativo como un supermercado al que llegas y tienes que elegir. Por el camino pierde la equidad y la igualdad de oportunidades", señala. 

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Más poder para el director 

Por otro lado, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, José Luis Pazos, recuerda que el proyecto de la LOMCE prevé que el Consejo Escolar pierda su capacidad de decisión en los centros y apuntala la figura del director. "No tiene sentido que pretendan incrementar la autonomía de colegios e institutos negando la capacidad de control, decisión y gestión de los órganos de participación". Lo cierto es que este órgano –integrado por padres, docentes, alumnos (en el caso de los institutos) y otros trabajadores– pasará a ser consultivo. Hasta ahora los Consejos Escolares sí decidían en temas como los proyectos educativos, la aceptación de los presupuestos, los problemas disciplinarios. 

Fedea, en cuyo patronato figuran algunas de las mayores empresas y bancos españoles, ya se había mostrado partidaria de esta medida. En un texto titulado Manifiesto para mejorar el rendimiento del sector educativo en España que suscriben decenas de sus miembros, el colectivo de economistas ya detalló que "los directores de centro deben tener mayor independencia para configurar sus plantillas y sus estrategias docentes, siempre sujetos a la verificación externa de los resultados conseguidos". Aunque, matizaban: "cuando hablamos de resultados es importante no premiar a los profesionales simplemente por tener la suerte de gestionar buenos estudiantes: la medición de los resultados obtenidos debe centrarse en el valor añadido del profesor o la escuela a las capacitaciones con que acceden los alumnos a la misma".