La malversación más allá de Puigdemont y Junqueras: el TS marcará el futuro de otra veintena de cargos del 'procés'
El Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse en menos de un mes sobre los efectos de la reforma del Código Penal en el procés. Y lo que resuelvan los magistrados de la Sala Segunda puede marcar muchos futuros. En primer lugar, el de los líderes independentistas ya condenados por el otoño caliente de 2017. En segundo término, el de los dirigentes huidos de la acción de la justicia. Y, por último, el de una veintena de cargos de la Generalitat que se encuentran en estos momentos enredados en varias causas en suelo catalán vinculadas al proceso independentista. Sobre todos ellos pesa la amenaza de la malversación. Y una interpretación favorable del Alto Tribunal a redirigir los hechos del 1-O hacia el recién creado tipo atenuado de este delito podría aligerar las penas de prisión que penden sobre sus cabezas.
El tribunal sentenciador de la causa del procés dio este jueves ocho días a las partes –defensas, Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular– para pronunciarse sobre los efectos que creen que debería tener la reforma penal sobre los líderes independentistas ya condenados. Una vez oídas, los magistrados tendrán que decidir varias cuestiones. Por un lado, si la ya desaparecida sedición se puede reformular hacia un delito de desórdenes públicos o si todo queda finalmente en una simple desobediencia. Y, por otro, si los hechos juzgados tienen encaje en el nuevo tipo atenuado de malversación, el que castiga a quien "diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", o si se mantiene el agravado.
Esto último resulta clave para el expresident y el exvicepresident de la Generalitat Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En el primer caso, porque se jugaría penas de cárcel mucho menores –con la agravada podrían llegar hasta los doce años, con la atenuada no superarían los cuatro–. Y en el segundo, porque la inhabilitación que aún pende sobre el líder de ERC se rebajaría tanto que le permitiría llegar a las elecciones catalanas de 2025. Por el momento, el instructor de la causa, Pablo Llarena, ha defendido mantener el tipo agravado. Y lo ha hecho al considerar que no se hizo un "trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas", sino que se utilizaron fondos públicos para "contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito".
Los 'arquitectos' y la organización
Habrá que ver si el tribunal sentenciador avala dicha interpretación. Porque de cómo resuelva finalmente el Supremo podrá depender también el futuro de otra veintena de cargos vinculados al procés. Es el caso de Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y ex secretario de Hacienda, respectivamente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado mes de noviembre enviar a ambos a juicio por los delitos de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y malversación. Es este último el que acarrea mayores penas de prisión, sobre todo si se aplica en su modalidad agravada y se considera probado que los fondos malversados superaron los 250.000 euros.
La instructora acusó a Jové, ahora diputado de ERC, de haber tenido una "participación activa" en la preparación del 1-O. Y le atribuyó, entre otras cosas, la obtención de datos personales de ciudadanos catalanes de forma irregular para conformar un censo o haber conocido y autorizado "determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal" –llegó a cifrar los gastos pagados o comprometidos en los 2,1 millones de euros–. En cuanto a Salvadó, la instructora recordaba en su auto de procesamiento que desde la Secretaría de Hacienda que dirigía "se ideó el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado".
Esta no es, sin embargo, la única causa que colea en los tribunales catalanes. Pendiente de juicio se encuentra la causa que se investigó en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra una treintena de miembros del Ejecutivo catalán y empresarios por la organización del referéndum ilegal. La malversación pesa, en concreto, sobre doce de estos responsables. Es el caso del exsecretario de Difusión Antoni Molons. O de Joaquim Nin y Josep Ginesta, ex secretarios generales de Presidencia y Trabajo. Para alguno de ellos, sin embargo, la malversación no es el único delito con penas de cárcel que les persigue. A Aleix Villatoro –ex secretario general de Asuntos Exteriores– o Albert Royo –ex secretario general de Diplocat– se les procesó también por revelación de secretos o falsedad documental, respectivamente.
La Fiscalía, a la espera
En ambos casos la Fiscalía aún no ha presentado sus escritos de acusación. De hecho, en el que afecta a Jové y Salvadó ha pedido treinta días más para hacerlo a la vista de la "incidencia relevante" que puede tener en la "formulación específica" la actual reforma del Código Penal. "Se está a la espera de que el fiscal general del Estado unifique criterios de actuación, como se hace siempre que hay cambios legales", explican fuentes fiscales. Esto se hará antes de que finalice enero y a través de un decreto, que es la fórmula "más rápida" ya que a diferencia de la circular no tiene que pasar previamente por la Junta de Fiscales de Sala –aunque eso no quiere decir que no se les pueda consultar–. La idea, completan esas mismas fuentes, es que los delitos cometidos antes de 2015 no puedan beneficiarse de la reforma penal.
En el caso impulsado por el Juzgado de Instrucción 13 de la Ciudad Condal hay otro problema añadido que está ralentizando la celebración del juicio. Ahora mismo, explican fuentes de alguna de las defensas, se está a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva si dicha causa tiene que unificarse con otra abierta hace un par de años en el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, que tiene su origen en una denuncia interpuesta por la Fiscalía a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas. Es un procedimiento en el que se investiga la acción exterior del Govern para "dar a conocer, impulsar y obtener el respaldo internacional del procés", donde el foco está puesto en las contrataciones que con este motivo hizo el Ejecutivo catalán entre 2011 y 2017.
En el auto de incoación de diligencias, la magistrada resaltaba que los contratos y subvenciones podrían haberse llevado a cabo "bien al margen de las competencias asignadas, bien eludiendo la concurrencia pública, bien no justificando la utilidad pública, otorgándolas al parecer arbitrariamente, abonando supuestamente facturas sin justificar el servicio prestado, y en ocasiones certificando, al parecer, mendazmente una prestación no realizada". Y citaba como investigados a una decena de cargos y excargos del Govern, como el exconseller Raül Romeva. Dos de ellos se encuentran, al mismo tiempo, enredados en la causa del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, motivo por el cual pidieron la unificación de ambos procedimientos. Consideran que que están conectados y que su individualización les perjudica.
El asunto aún se encuentra bajo investigación, por lo que a diferencia de los otros casos los delitos están todavía por definir y los indicios por acreditarse. No obstante, cuando la Fiscalía llevó a los tribunales esta cuestión puso sobre la mesa en su querella la prevaricación, la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial.
Buch y el escolta de Puigdemont
A la espera de juicio está, del mismo modo, el exconseller de Interior Miquel Buch. En este caso, el Ministerio Público pidió para él seis años de prisión y 27 de inhabilitación por haber contratado como "asesor en materia de sistemas de seguridad" a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que continuara ejerciendo como escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica.
"Dicha designa respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde", recogía la Fiscalía en su escrito, en el que atribuía al exconseller los delitos de prevaricación y malversación. Habrá que ver ahora si la reforma del Código Penal en relación a este último tipo puede jugar a su favor.
