Un mandato marcado por el agujero eléctrico y las prospecciones

El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha estado marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con el departamento, por aspectos como la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico o la polémica por las prospecciones de hidrocarburos en Canarias.

El ministro, que renunció este viernes a su cargo en funciones, también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes PIVE de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el frackingfracking o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC).

En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un "viento de cola" para la economía. Además, el turismo ha registrado cifras récord durante la legislatura y se ha convertido en un ámbito en el que Soria se ha desenvuelto con mayor comodidad.

El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada moratoria verde, por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa.

También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno, en octubre de 2011, ni el PP en la primera al llegar al poder, en enero de 2012. Durante varios meses y hasta diciembre de 2012, los consumidores de luz tuvieron que abonar un 7% más por el recibo.

Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que entre otras cosas contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados.

La reforma energética

Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones que afectaría en buena parte a las renovables y que se materializaría a través de un nuevo esquema retributivo basado en una rentabilidad anual del 7,5%.

Este recorte a las tecnologías verdes, que se sumó a otros anteriores durante la legislatura y a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pie de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián.

En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las fuertes subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.

Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 el escándalo de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo.

El Gobierno suspendió la puja tras las "circunstancias atípicas" detectadas por la CNMC y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores inteligentes, la facturación hora a hora.

Autoconsumo y Abengoa

En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado impuesto al sol, por el que estos productores deben sufragar los costes regulados del sistema.

Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.

En cuanto a Abengoa, la decisión de Gonvarri de romper su acuerdo para entrar en el capital de la compañía precipitó el preconcurso de acreedores, en el que ya hay un acuerdo de reestructuración financiera. En este caso, el Gobierno no quiso intervenir ni inyectar dinero público.

El petróleo canario

La decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central.

La movilización popular en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción.

Ocho planes PIVE

Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de ocho ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros.

Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros) y en el PIMA Transporte, que, en sus dos ediciones, ha ofrecido financiación a la compra de vehículos industriales por casi 3.000 millones de euros.

En la parte final de la legislatura, se produjo el escándalo del software de Volkswagen para manipular las pruebas de emisiones. Soria obtuvo en sus reuniones con los máximos directivos de la compañía el compromiso de que se mantendrían las inversiones en España, al tiempo que su departamento coordinó un comité de seguimiento con la empresa, los sindicatos y los representantes de la Administración.

"Un elefante en una cacharrería", según las ONG ambientales

Las asociaciones ambientales valoraron positivamente la renuncia de Soria, puesto que consideran que ha sido como "un elefante en una cacharrería" en materia energética. En declaraciones a Europa Press le achacaron el "desmantelamiento" del sector de las energías renovables y su apuesta por las fósiles y por los intereses de las empresas eléctricas.

Así, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, cree que su dimisión estaba "cantada" por las continuas contradicciones en que ha incurrido en sus explicaciones pero más allá, en su tarea como ministro le califica de "nefasto".

En su opinión, José Manuel Soria ha sido el "ariete" contra las renovables, ya que ha generado una "inseguridad jurídica completa". Con sus "continuos recortes a las subvenciones, ha arrasado con el sector", que "se ha venido abajo totalmente", más aún al final con el decreto contra el autoconsumo, declaró.

En cuanto a su papel respecto a la energía nuclear, Segura criticó que en estos cuatro años, Soria, en la disyuntiva entre los intereses comunes y los de las empresas, el ministro optó por los de las eléctricas y lamenta que "parecía él más interesado en reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña que Iberdrola y Endesa".

Asimismo, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, dice de Soria que ha sido "el peor ministro de Industria que España ha tenido, con diferencia", por el "grado de retroceso" en sus materias, por su apuesta contra las renovables y a favor del petróleo, la nuclear, el fracking y los retrocesos en los procesos de control en la central nuclear de Garoña.

En definitiva, dijo que el paso de Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "como un elefante en una cacharrería" donde ha producido un "daño" que tardará mucho tiempo en repararse.

Los internautas no echarán de menos al exministro

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domínguez, aseguró que "no le echarán de menos", tras una legislatura en la que, según valoró, "se ha dejado que el sector funcionara solo" y que "el mercado campara a sus anchas", en lugar de desempeñar una función reguladora.

A Soria se le multiplican sus sociedades en paraísos fiscales: ahora le 'aparece' otra en la isla de Jersey

Ver más

Como consecuencia de ello, señaló, por ejemplo, las "importantísimas subidas de tarifas" de las operadoras telefónicas y de Internet durante el último año o las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, en las que "se ha dejado en manos del Ministerio de Cultura" legislar "sin comparecencia del Ministerio de Industria" en materias con mucha incidencia en el desarrollo de la sociedad de la información.

"La oficina del usuario de telecomunicaciones ha pasado a un tercer plano en todo lo que ha supuesto la acción de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, no ha habido un seguimiento ni una petición de opinión a las asociaciones en materias importantísimas, en materia de protección de datos, la brecha digital entre el mundo urbano y rural, la protección de menores y todas las cosas que se están desarrollando en el mundo de la sociedad de la información", lamentó.