Una nueva maniobra de Macías consigue dividir al sector conservador del Constitucional
En el orden del día de este martes, estaba únicamente la admisión a trámite de la recusación del presidente del Tribunal Constitucional en el recurso del PP contra la ley de amnistía. Pero el ariete conservador en el órgano de garantías, el magistrado José María Macías, ha intentado a última hora que los ocho magistrados que conformaban el Pleno —cuatro progresistas y cuatro conservadores— estudiaran, con esa composición tan ajustada, no solo la de Cándido Conde-Pumpido, sino también las presentadas contra la progresista Laura Díez Bueso (planteada por el PP) y contra el propio Macías (recusado por la Abogacía del Estado). La decisión de Conde-Pumpido, en su facultad legal de ordenar los debates, de rechazar la propuesta del magistrado conservador, ha provocado la ruptura entre sus compañeros del sector conservador. Mientras que dos de sus miembros, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han defendido la tesis planteada por su compañero y su presencia en las deliberaciones. Otros dos magistrados a propuesta del PP, César Tolosa y Ricardo Enríquez, no han puesto en duda la composición del tribunal.
La petición del presidente para que ninguno de los magistrados recusados en el recurso de inconstitucionalidad del PP participara en la reunión de este martes —en la que se ha rechazado de plano la recusación del Conde-Pumpido— trataba de apaciguar los enfrentamientos entre ambas sensibilidades que se sucedieron en el pleno anterior, cuando se debatió la abstención del magistrado progresista Juan Carlos Campo. La salida voluntaria de Campo se aceptó con los únicos votos de los progresistas y tres de los magistrados conservadores —Espejel, Arnaldo y Macías— formularon votos particulares discrepantes. El de Macías entendía que en el pleno sobre la salida de Campo no debían haber estado ninguno de los magistrados recusados: ni él, ni Pumpido, ni la también progresista Laura Díez. Ante sus acusaciones de graves irregularidades supuestamente cometidas por los progresistas que afectaban, según el conservador, a la imagen del tribunal tratando de preservar "una determinada mayoría" y de "desacreditarlo" abonando el "discurso de su politización", el presidente decidió darle la razón y forzar la salida de todos los recusados en el pleno de este martes (el que analizaba su propia recusación) para tratar de acercar posturas.
Pero la concesión de Conde-Pumpido a los magistrados a propuesta del PP —que un pleno en el que los conservadores y los progresistas contaran con cuatro magistrados de cada sector para analizar la recusación del propio presidente— no ha sido suficiente para Macías. El magistrado, impuesto por el PP en el acuerdo con el PSOE por el que se renovó el Poder Judicial, ha intentado ir más allá y ha solicitado un cambio en el orden del día del pleno para que esos ocho magistrados, no solo analizaran la permanencia de Pumpido en el tribunal de la amnistía, sino también, de manera conjunta, las de Díez Bueso y la del propio Macías. Los progresistas han interpretado la maniobra del magistrado conservador como un nuevo intento de alterar la composición del pleno que decidirá sobre el encaje constitucional de la ley de amnistía.
Al inicio de la sesión de este martes, Conde-Pumpido ha reunido a los 12 miembros del tribunal (también a los recusados) para transmitirles que rechazaba la petición de Macías. En su acuerdo, el presidente ha manifestado que todas las recusaciones debían debatirse por separado y no de forma conjunta como solicitaba el magistrado conservador. ¿La razón? Que dos de ellas, la del propio Conde-Pumpido y la de Laura Díez, se plantean por el PP, mientras que la de Macías la ha instado el abogado del Estado. Además, cada recusación se refiere "a magistrados distintos en función de causas de recusación diferentes, con motivaciones manifiestamente distintas y fundadas, cada una de ellas, en hechos también distintos", según el texto de la resolución. Acto seguido, el presidente, Díez y Macías, han abandonado el Pleno para que sus compañeros debatieran, con empate a cuatro entre progresistas y conservadores, si debía admitirse la recusación del primero de ellos.
La recusación de Conde-Pumpido ha sido rechazada de plano con los votos a favor de los cuatro magistrados progresistas y de tres conservadores. El único voto en contra ha sido el de la juez a propuesta del PP Concepción Espejel que, pese a estar en contra de la salida del presidente, consideraba que Macías debía haber participado en la decisión pese a que, en su polémico voto particular contra los magistrados progresistas, su compañero aseguró que había participado en el pleno sobre la abstención de Campo en contra de su voluntad. El también conservador Enrique Arnaldo, sin embargo, ha votado con la mayoría, pero ha anunciado un voto particular concurrente porque comparte los criterios de su compañera. Los otros dos jueces propuestos por el PP que han participado en el Pleno, César Tolosa y Ricardo Enríquez, no solo han votado a favor de la continuidad de Conde-Pumpido, sino que, a diferencia de sus compañeros, no han puesto ningún reparo al orden del día ni a la composición del tribunal.
El PP pedía la salida de Conde-Pumpido por los mismos motivos que manifestó en su decisión, en 2021, de abstenerse de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas contra la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo, abstención que fue aceptada por sus compañeros. En este caso, sin embargo, los magistrados rechazan la recusación porque "el objeto de la impugnación es resolver sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía que se impugna de forma global" y "cuya validez se cuestiona de manera abstracta", es decir, que no eran casos particulares de personas concretas, como los de los condenados por el referéndum ilegal. Esa norma, además, no existía cuando el ahora presidente presentó su abstención, hace ya tres años. Todo ello evidencia la "manifiesta carencia de fundamento" del intento del partido de Feijoo de apartarlo y "determina su inadmisión a trámite".
