De la Mata frena en seco al grupo de Bárcenas en su intento por conseguir la nulidad de la información suiza

El juez José de la Mata, que continúa la instrucción del caso Gürtel tras tomar el relevo de su antecesor, Pablo Ruz, ha frenado en seco el intento de los principales inculpados por sembrar sospechas sobre la limpieza del proceso y allanar así el camino hacia la nulidad de todo lo que en el caso se deriva de la información facilitada por Suiza.

Sin esa información, producto de nada menos que 50 requerimientos de ayuda judicial, nadie podría, por ejemplo, utilizar en el juicio la existencia de cuentas ocultas como las que permitieron a Luis Bárcenas mantener hasta 48 millones fuera del control de la Hacienda española.

En un auto dictado el martes de esta semana, De la Mata deniega de forma rotunda la petición de Ángel Sanchís, extesorero del PP, para que al requerimiento número 51 se incorpore la siguiente solicitud: que el fiscal federal suizo Sergio Mastroianni “certifique” si las fiscales del caso y el juez Pablo Ruz se reunieron con él en marzo a espaldas de las defensas, lo que, tanto Sanchis como otros relevantes procesados dan por hecho que ocurrió.

Bajo la acusación de haber ayudado a Bárcenas a blanquear tres millones ocultos en Suiza, Sanchís está imputado en la primera pieza del caso Gürtel que se verá en juicio, la denominada Primera Época (1999-2005).

La cuestión, viene a responder De la Mata, no es tanto si aquella reunión u otra de similares características e inscrita en el contexto de la cooperación internacional se produjo sino “si se han desarrollado actividades procesales en una causa [aquí, en la Gürtel] sin el conocimiento de las partes”. Y eso, zanja el magistrado, “no es el caso”.

“No consta –sostiene el auto judicial- que se haya realizado actividad alguna de carácter procesal (y de hecho, de ningún otro carácter) y con incidencia directa o indirecta en la causa que haya motivado el desplazamiento sugerido a Berna (Suiza) del juez central de instrucción junto con representantes del ministerio fiscal”.

Porque si tal actividad se hubiera desarrollado, argumenta el juez, “habría sido acordado en la causa y, como el propio recurrente indica se habría practicado la diligencia procesal correspondiente con citación y participación de las partes personadas”.

De la Mata ya había tumbado el 6 de mayo los recursos previos de otros imputados -entre ellos el propio Luis Bárcenas- con los que pretendían evitar que España recabe de Suiza nuevos datos que, de ser facilitados, pueden sin duda agravar su situación procesal. Y ya entonces les advirtió de que las reuniones y contactos que pueden mantener autoridades extranjeras “en materia de cooperación judicial” están reguladas “sin que supongan irregularidad alguna”.

Pero ahora, el nuevo instructor del caso Gürtel llega más lejos y asesta un sopapo argumental a Sanchís y a quienes, como él, alientan la tesis de que su antecesor al frente de la instrucción y las fiscales vulneraron las garantías procesales. Sanchís, aduce De la Mata, sustenta su petición en “la mera sospecha de que se ha instruido el proceso al margen de las partes y sin contradicción”. Y esa premisa, concluye el juez, “carece del más mínimo anclaje y soporte en la causa”.

Las fiscales no se opusieron

Las fiscales del caso habían pedido al juez que admitiera la petición de Sanchís en lo que, fuentes jurídicas conocedoras de la instrucción consideran un paso lógico: “Muy probablemente no querían que alguien pudiera pensar que obstaculizaban la solicitud porque tenían algo que ocultar”.

El primero de los inculpados que destapó sus cartas para lograr la nulidad al incluir en uno de sus escritos la acusación de que Ruz y las representantes del ministerio público se habían reunido con el fiscal suizo Sergio Mastroianni fue Iván Yáñez, considerado testaferro de Luis Bárcenas en Suiza.

Yáñez introdujo una segunda afirmación que, de haber sido cierta, habría dado nuevas bazas a los imputados: que quien, contraviniendo la legislación suiza, envió a España los documentos requeridos a Berna no fue la Fiscalía de aquel país ni ningún tribunal sino una funcionaria de la Oficina Federal de Justicia que acabó “despedida”.

La propia Oficina Federal de Policía y Justicia de Suiza desmintió tal afirmación. En respuesta a una pregunta de infoLibre, su portavoz verificó que la funcionaria ya no trabaja para la Administración helvética pero en absoluto porque hubiera sido despedida sino porque acabó fichada por uno de los más reputados bufetes del país, fue la respuesta oficial. Y si envió los papeles a España lo hizo en su calidad de funcionaria de la Oficina Federal de Justicia y no por iniciativa propia.

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Al margen de su petición sobre Suiza, la defensa de Sanchís asegura que siempre confió en su compañero de filas porque en febrero de 2009, cuando estalló el escándalo, era "un reputado senador del Reino de España y tesorero prestigioso del PP". Lo que subyace bajo esa afirmación es el argumento de que si la propia dirección del PP, empezando por el presidente Mariano Rajoy, continuó confiando en Bárcenas tras su imputación inicial, tampoco Ángel Sanchís tenía motivos para desconfiar de él.

"Si las opiniones que sobre él se realizaban, entonces, eran todas favorables y de defensa a ultranza sobre su honestidad, ¿por qué mi representado tenía que sospechar lo contrario?", se pregunta el antiguo responsable de las finanzas 'populares' en el escrito de defensa remitido al juez José de la Mata.