De la maternidad subrogada a la acumulación de cargos: así ha resuelto el PP (o no) sus principales debates

El Partido Popular cerró este domingo en Madrid su 18 Congreso Nacional, una cita sin grandes sorpresas en la que, en el plano organizativo, Mariano Rajoy optó por no tocar la estructura del Comité de Dirección del partido. Tampoco hubo sobresaltos en el terreno de las cuestiones ideológicas o que más controversia generan. Los conservadores presumieron de "debate interno" aunque el posicionamiento sobre algunas cuestiones controvertidas, como la maternidad subrogada (los llamados vientres de alquiler), se quedó sin resolver. El PP decidió aplazar la discusión sobre esta cuestión.

En la convención del partido de Rajoy también se habló de la interrupción voluntaria del embarazo, si bien el debate se zanjó con la reiteración de que el aborto es un "fracaso de la sociedad" y no un derecho, pero sin poner encima de la mesa cambios sobre la ley actual. La acumulación de cargos, con el papel de Cospedal como máximo exponente, también generó discusión, si bien la número dos se marchó de este cónclave sin perder su despacho en la sede nacional de Génova. 

infoLibre resume a continuación cómo ha resuelto el PP algunos sus principales debates: 

  Maternidad subrogada 

El Partido Popular no salió de su 18 Congreso Nacional con una posición fijada respecto a la maternidad subrogada, pues el debate de su ponencia Social acabó sin un pronunciamiento expreso sobre esta técnica de reproducción asistida. La enmienda transaccional aprobada por amplia mayoría insta a la formación a iniciar "un debate en profundidad, serio y sereno" antes de buscar un posicionamiento común. Con este texto el partido intentó dar respuesta a la propuesta presentada por la exdiputada Lourdes Méndez, que abogaba por una prohibición expresa de su regulación.

En contraposición, otros destacados dirigentes del partido como Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno sí han defendido con intensidad en sus declaraciones públicas la regulación de esta práctica que actualmente es ilegal en España. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara "nulo de pleno derecho" cualquier contrato que se establezca con una mujer para que geste a un niño a cuya filiación renunciará a favor de los contratantes, medie o no compensación económica.

Las dos almas enfrentadas en cuestiones sociales que habitan en el PP hicieron imposible llegar a un acuerdo en esta materia en los días previos al congreso. Y el texto aprobado finalmente tampoco resuelve la posición. El único posicionamiento común al que llegó el partido es que esta es una realidad que está presente en la sociedad y a la que el partido tiene que dar respuesta "escuchando siempre a las personas" y echando mano del asesoramiento de voces expertas. 

  Interrupción del embarazo 

El PP también sale de esta convención sin revisar la posición oficial del partido en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Algunas enmiendas solicitaban que el partido propusiera acabar con la ley actual –aprobada por el PSOE en 2006– y que consolida el aborto como un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación, durante las cuales podía interrumpir su embarazo sin alegar ninguna razón.

Sin embargo, el texto finalmente aprobado por los conservadores recoge las líneas principales que el partido ha mantenido sobre esta materia y subraya que al aborto es un "fracaso de la sociedad" y no un derecho. Esto no supondrá, en cualquier caso, ninguna propuesta de cambio sobre la norma que está en vigor, cuyo intento de reforma en 2013 provocó una gran contestación social. De hecho, Rajoy retiró el anteproyecto que pretendía reformar esa ley ante la constatación de que no existía el consenso suficiente para sacarlo adelante. El único cambio fue la reforma de la actual legislación para asegurar que las mujeres de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo.

Ahora, el PP se compromete a seguir desarrollando "planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres". En concreto, el texto aprobado en este 18 Congreso Nacional hace referencia a ayudas durante el embarazo y postparto, atención psicológica, así como políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral.

  Acumulación de cargos

La acumulación de cargos era una cuestión muy delicada para la dirección nacional del PP. De hecho, en la ponencia Política y de Estatutos, coordinada por el recién nombrado coordinador del partido, Fernando Martínez-Maillo, se evitó el tema. Génova no quiso entrar en una cuestión que dirigía todas las miradas hacia la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pues –como finalmente ocurrió– no es ningún secreto que ella quería seguir ocupando estas funciones, a las que suma la presidencia del PP de Castilla-La Mancha.

Una de las principales sorpresas de la jornada inaugural del congreso conservador tuvo lugar por la forma en la que los compromisarios se pronunciaron respecto a una enmienda que cargaba expresamente contra el hecho de que Cospedal acumule cargos en el partido y en el Gobierno. En la votación, la formación se partió en dos: 328 votos en contra frente a 303 a favor. Un día después, el sábado, dirigentes como el andaluz Juan Manuel Moreno admitían abiertamente que había quedado claro que en el PP hay "cierto rechazo" a la acumulación de cargos.

Finalmente, la enmienda transaccional incorporada a los estatutos tras este 18 Congreso Nacional establece únicamente que la formación promoverá "una gradual separación y limitación en la acumulación de cargos institucionales de gobierno y orgánicos del partido". No cita a la secretaria general, pero sí supone una especie de vacuna para que, en el futuro, no proliferen casos como el suyo. El texto es fruto de las negociaciones entre la dirección nacional del PP e Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

  Elecciones primarias 

La dirección nacional del PP no oculta que lo de las primarias no va con ellos. Dicen que el contexto nacional y el internacional les dan la razón a la hora de desconfiar del 'un militante, un voto'. Pero también saben que hay una corriente dentro del partido, con una importante implantación territorial, que es partidaria de abrir más la organización a los afiliados.

Este es el contexto en el que los ponentes redactaron la primera versión del documento Político y de Estatutos, coordinado por Martínez-Maillo. Según el esquema inicial, el presidente del partido es votado en un sistema de doble vuelta que puede calificarse de asimétrico si se tiene en cuenta que en la primera de ellas votan todos los afiliados y en la segunda la decisión recae en los compromisarios.

Cuando haya más de un candidato, en la primera de las votaciones, los afiliados votarán en dos urnas: en una a su candidato a la presidencia del partido. Y, en la otra, a los compromisarios. "Serán proclamados candidatos a la Presidencia del Partido, para elección por los compromisarios en el Congreso, aquellos que hubiesen obtenido, como mínimo, el 10% del total de los votos válidos emitidos por los militantes", podía leerse en la ponencia.

Además, si alguno de los candidatos obtuviese "más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, y ese porcentaje lo hubiese logrado en más del 50% de las circunscripciones provinciales e insulares" en las que se estructura el partido, con una diferencia superior a 15 puntos sobre el resto de candidatos será proclamado candidato único. En caso contrario, si no se dan las condiciones anteriores, serán proclamados candidatos aquellos que consigan el apoyo de, al menos, del 20% de los compromisarios, se señala en la ponencia de Estatutos.

Tras recibir varias enmiendas que reclamaban primarias directas, el PP aprobó una modificación de esta propuesta en la que se introdujo un cambio en esa mayoría reforzada, de forma que el último requisito se ajusta y solo figurará que sea el más votado en 30 circunscripciones (no la mayoría absoluta como antes). A ojos del PP, esto facilita que puedan pasar dos candidatos si así lo quieren los militantes. Además, esta modificación hace más complicado que los compromisarios puedan revertir después en la segunda vuelta el sentir expresado por los afiliados.

  Custodia compartida

La ponencia Social sí logró consenso en relación a la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio. El PP fijó su posición sobre esta cuestión en un texto que fue aprobado por 427 votos a favor y cuatro en contra. La enmienda transaccional finalmente aprobada declara que el partido "impulsará las reformas legales necesarias" para incorporar "la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio" al Código Civil como modalidad "más deseable".

No obstante, en este texto se remarca que no será automática en ningún caso y que siempre prevalecerá el beneficio del menor y los derechos de los hijos a disfrutar de una convivencia equilibrada con sus progenitores. Al igual que el aborto y la maternidad subrogada, la custodia compartida es uno de los asuntos que más controversia genera en el partido, especialmente por la postura de su alma más conservadora.