La Mesa del Congreso deberá resolver si permite a los cuatro diputados en prisión delegar sus votos

La presencia este martes en el hemiciclo del Congreso de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (los tres de JuntsxCat), los cuatro diputados soberanistas que el Tribunal Supremo mantiene en prisión preventiva acusados de un delito de rebelión por su supuesta implicación en los acontecimientos que rodearon la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017, protagonizará no sólo la sesión constitutiva de la Cámara Baja sino el debate político en el inicio de la XIII Legislatura a muy pocos días de las elecciones locales, autonomicas y europeas del 26 de mayo.

El Supremo ha permitido a los cuatro parlamentarios soberanistas participar en la primera sesión del Congreso porque esta es la única manera de que puedan convertirse en diputados de pleno derecho, tal y como decidieron los electores el pasado 28 de abril. En la sesión deberán jurar o acatar la Constitución Española, lo que con toda probabilidad harán añadiendo la coletilla “por imperativo legal”.

Sin embargo, su ratificación como parlamentarios implica una paradoja: en el mismo instante en que accedan a la condición de diputados quedarán automáticamente suspendidos para ejercer el cargo en aplicación del artículo artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma dice, textualmente, que, “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Este artículo es el que invocó el año pasado el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, para suspender en el Parlament catalán a los diputados procesados en firme y encarcelados de forma preventiva. Llarena sugirió entonces a la Cámara catalana que aprobara alguna fórmula que permitiera a los afectados delegar sus votos, de manera que la suspensión no afectase a las mayorías parlamentarias. Así se hizo, con el apoyo del PSC. Esta vez el Supremo no ha dado ninguna indicación al Congreso, así que será la nueva Mesa que se elige este martes la que tendrá que resolver la cuestión.

PP y Ciudadanos, a través de sus respectivos líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, ya anunciaron este lunes que lo primero que harán nada más constituirse el Congreso será pedir al nuevo órgano de gobierno de la Cámara que suspenda urgentemente a los cuatro diputados.

La gestión de esa suspensión, y en su caso la aprobación de una solución que permita a los afectados delegar su voto, pondrá a prueba la unidad de acción entre PSOE y Unidas Podemos (UP) en la Mesa del Congreso nada más empezar la legislatura. No obstante, y habida cuenta de que no es urgente resolver este asunto, todo indica que la Mesa —que si todo ocurre como está prevista quedará este martes presidida por la socialista catalana Meritxell Batet— pedirá consejo a los letrados de la Cámara antes de tomar una decisión.

Si finalmente la Mesa no establece ningún mecanismo de delegación y se limita a suspender a los cuatro diputados en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el listón para controlar las votaciones en el Congreso se reducirá de 176 a 174 diputados. Una cifra que sólo estará al alcance de Pedro Sánchez para lograr la investidura sin el apoyo de los soberanistas catalanes y vascos si consiguiese sumar a los votos del PSOE los de UP, PNV, Compromís, PRC y Coalición Canaria.

Esquerra, que obtuvo 15 escaños en las elecciones de abril, y JuntsxCat, que logró siete, pedirán a la Mesa que defienda a los cuatro parlamentarios encarcelados de manera preventiva y exija que se respeten sus derechos como representantes de los ciudadanos.

El reglamento del Congreso prevé en su artículo 21 la suspensión de los diputados sobre los que pese auto de procesamiento firme y que estén sometidos a prisión preventiva, que es precisamente la situación en que se encuentran los parlamentarios soberanistas. Es verdad que ese mismo artículo exige que la Cámara conceda el suplicatorio a la Justicia, pero el Supremo ya ha dejado claro que no procede su solicitud, entre otras porque la vista oral ya está en marcha.

Mayoría de izquierdas

El acuerdo entre PSOE y UP para la Mesa garantiza a los primeros tres puestos, incluida la Presidencia, y dos a los segundos. Cinco asientos de un total de nueve que impedirán a PP y Ciudadanos, cada uno de los cuales tendrá dos representantes, repetir la estrategia de boicot y filibusterismo que practicaron en la anterior legislatura para bloquear la tramitación de leyes y torpedear la acción del Gobierno de Pedro Sánchez.

La naturaleza del Senado como cámara subordinada al criterio del Congreso en casi todas las materias ha movido al PSOE a ceder uno de sus cuatro asientos al PNV a pesar de contar con mayoría absoluta. Los socialistas se quedarán con tres —incluida la Presidencia, que ejercerá el también socialista catalán Manuel Cruz—, los mismos que el PP.

En los próximos cinco días los diputados deberán organizar los diferentes grupos parlamentarios. PSOE, PP, Ciudadanos, UP, Vox, Esquerra y el PNV lo tiene garantizado gracias a sus resultados electorales pero JuntsxCat no, porque en las circunscripciones de Barcelona y Tarragona no alcanzó el 15% de los votos que marca el reglamento de la Cámara. Sólo una interpretación generosa de las normas, basada en precedentes de otras legislaturas, le permitiría escapar del Grupo Mixto, en el que sí estarán Coalición Canaria, Navarra Suma (sus dos diputados son de UPN), Compromís y el PRC.

EH Bildu alcanzó un acuerdo preelectoral con Esquerra que abría la puerta a la creación de un grupo soberanista conjunto entre ambas fuerzas. Si no se materializa, la formación liderada por Arnaldo Otegi, con cuatro diputados, deberá integrarse también en el Grupo Mixto.

El PDeCAT ya intentó esquivar el Mixto en la anterior legislatura pero entonces la Mesa, en la que PP y Ciudadanos tenían mayoría, no atendió a sus argumentos y tuvo que resignarse a compartir tiempo y recursos económicos en un conglomerado de siete partidos y 19 diputados.

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y voz propia en la Junta de Portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones; mientras que dentro del Grupo Mixto hay que repartirse tiempos de intervención y asientos en las comisiones.

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En las sesiones de control, tener grupo propio posibilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones al Gobierno, así como ventajas a la hora de incluir sus proposiciones no de ley en los plenos, pero en el Grupo Mixto todo eso debe distribuirse a partes iguales.

Desde el punto de vista económico, por ejemplo, durante la anterior legislatura las fuerzas políticas que se constituyeron en grupo recibieron en el Congreso una subvención fija de 28.597,08 euros mensuales y otra variable, en función del número de diputados que componían el grupo, que ascendía a unos 1.645,49 euros mensuales por escaño. El sistema en el Senado es idéntico, aunque varían las cantidades.

Además, sólo habiendo conseguido grupo parlamentario propio se puede acceder al cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña. Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora lo consigan tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.