La minería metálica repunta en España ante las críticas de especulación y daños ambientales

El fin del carbón en España puede hacer pensar que precipita también el fin de la minería en España. Nada más lejos de la realidad. La extracción de este combustible fósil en el país llegó a su fin, efectivamente, pero no la de otro tipo de materiales. Los áridos para la construcción nunca se recuperaron del golpe que supuso la explosión de la burbuja de 2008. Pero la búsqueda de metales, azuzada por el alza del precio de los materiales y por el interés de empresas que vieron cómo se acababa el negocio perfecto del ladrillo, no se ha detenido: al revés, está en claro auge en España. Y ante ese crecimiento ha respondido Ecologistas en Acción, que este martes publicó un informe sobre el perfil de las nuevas compañías que buscan tesoros bajo tierra: con poco respeto por el medioambiente, azuzadas por una legislación permisiva y con más interés en la especulación que en la explotación. Los principales actores del sector no están de acuerdo.

La transición energética y la digitalización de la economía están haciendo crecer a buen ritmo la demanda de metales. Específicamente aquellos que se necesitan para electrificar lo que antes no estaba electrificado, para los dispositivos electrónicos más complejos o para los paneles solares y baterías de coches eléctricos que se necesitarán construir en masa en los próximos años. Oro, cobre, litio o wolframio son de los minerales más deseados. Los estudios geológicos afirman que la Península Ibérica cuenta con grandes reservas de litio sin explotar, ingrediente indispensable para el almacenamiento de electricidad. También de tierras raras: el nombre que reciben 17 elementos químicos difícil de encontrar de forma pura (suelen aparecer mezclados con otros materiales) y que son especialmente valiosos para la electrónica. Algunos de ellos son radioactivos.

El responsable de Investigación en Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España, Roberto Martínez, es cauto a la hora de hablar de estos tesoros escondidos bajo tierra. "Hacemos una exploración sistemática para localizar partes del territorio donde existen sustancias con valor económico. Hemos identificado 20.000 puntos en ese sentido [en España]. Pero es una posibilidad que hay que concretar: hay indicios, pero hay que desarrollar más la exploración para asegurar con certeza" que es oro todo lo que reluce. En todo caso, las buenas noticias de los geólogos atraen la llamada de empresas de todo el mundo, que buscan tanto explorar (comprobar si el material es de buena calidad y rentable) como sacarlo del subsuelo. Esta primera fase de exploración es la más barata y atrae a empresas más pequeñas, junior, que según Ecologistas en Acción prefieren el dinero al material y desprecian el impacto medioambiental que genera la actividad.

Es una acusación que no ha sentado bien en la patronal minera –como cabía esperar, por otro lado–. La ONG asegura que "al intentar maximizar los beneficios e ignorar el impacto medioambiental y social, estos proyectos implican claros riesgos económicos y medioambientales, además de un riesgo creciente para la salud de la población española. En estos procesos, la tierra es expropiada y los recursos naturales devastados. El consentimiento social necesario se obtiene moldeando la percepción pública a favor de la minería mediante la ocultación del impacto socioecológico y de los movimientos de oposición resultantes".

Modelo especulativo

El modelo que describe Ecologistas en Acción es el de una empresa pequeña que se hace con los derechos de exploración de un terreno con potencial minero. La lógica indica que, una vez obtenidos los permisos necesarios, la compañía se dedica simplemente a comprobar que el material del subsuelo es rentable y, si hay fumata blanca, vender los derechos, ser comprada por otra minera más grande o ponerse con la extracción. No funciona así. La ONG explica que sus esfuerzos pasan por obtener subvenciones de administraciones, generalmente regionales, aumentar su valor en los mercados de valores (generalmente operan en los de Reino Unido, Canadá o Australia) en base a las promesas de rentabilidad futura y contratar expertos que aseguren los millones de euros que van a salir de la tierra y los centenares de empleos que se van a generar.

"El patrón actual de la minería en España actúa utilizando los recursos minerales del país para la explotación especulativa del capital antes que para la extracción de minerales. En este proceso, las economías y ecologías locales sufren las consecuencias devastadoras de estos proyectos fallidos", resume Ecologistas en Acción. Explican que al ser compañías con poco capital, al menos durante las primeras fases, intentan ahorrar al máximo en los procesos de exploración, decantándose por las minas a cielo abierto y los procesos de lixiviación –extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido–, dos de las técnicas más invasivas con el medioambiente y que más impacto negativo generan.

Ecologistas en Acción utiliza como ejemplos varios casos de estudio de empresas junior que se han implantado en diversos puntos del territorio español para labores de exploración o de extracción. Destaca el caso de Atalaya Mining, que comenzó en 2007 a adquirir los derechos mineros del proyecto Riotinto, en Huelva, clausurado en 1999 y bajo sospechas de contaminar las aguas de los ríos Odiel y Tinto. Las balsas que utilizan las instalaciones corren riesgo de rotura tras las últimas lluvias, según un estudio de la ONG, y los residuos necesitan un tratamiento para espesarlos que la empresa no ha hecho, pese a estar obligada. La empresa también está detrás del proyecto Touro, una mina de cobre cerrada en Galicia y que suscita la oposición de vecinos de la zona por la potencial contaminación del río del mismo nombre.

El caso de la empresa Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca), donde buscan uranio bajo tierra, ha sido especialmente polémico durante años. Sus opositores denuncian que la compañía ha intentado comprar a políticos locales y saltarse los permisos que necesitan, así como han criticado la tala de encinas centenarias para asentarse, el potencial peligro de la radioactividad y los vínculos de la compañía con una minera sospechosa. La canadiense Uramin, con dirigentes que luego formaron parte de Berkeley, practicó el procedimiento que detalla Ecologistas en Acción llevado al extremo: emitió informes muy optimistas sobre la rentabilidad de una posible mina en Namibia y vendió las acciones a la pública francesa Areva, que poco después descubrió que se trataba de un pufo. La exploración está parada a día de hoy por la falta de permisos municipales. Otros casos de estudio son protagonizados por la española Sacyr, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 se lanzó a la minería con una rama llamada Valoriza, y que explora operaciones en diversos puntos de España. 

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Roberto Martínez señala que, "a escala mundial", "la Unión Europea es la zona más garantista" con respecto al respeto medioambiental de los proyectos mineros, "y dentro de Europa, España". No coincide Ecologistas en Acción, que propone reformar la Ley de Minas, de 1973, para permitir que zonas de especial conservación –como las contenidas en la Red Natura 2000– puedan promulgar prohibiciones generales para la minería y no caso por caso; para que los organismos medioambientales y no mineros tengan más peso en la evaluación ambiental de las propuestas; y para que la participación ciudadana disfrute de facilidades y no sufra tantas trabas burocráticas. "Las cuestiones ecológicas no son consideradas en la planificación, diseño, tramitación y ejecución de las minas", denuncian.

El presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (Confedem), Vicente Gutiérrez, asegura que la organización ecologista se dedica a "desinformar" en su informe: el documento afirma que los permisos necesarios son tramitados por la autoridad minera como argumento para intentar demostrar la falta de contrapesos ambientales. "Un proyecto minero tiene la obligación de presentar los papeles a la autoridad minera pero no es la que otorga los permisos definitivos. Pero se entregan con tres copias y una de ellas va a la autoridad medioambiental", explica. Sin embargo, contraataca Ecologistas, el dictamen medioambiental no es vinculante.

Con respecto al papel de las empresas junior en la minería española, "puede haber especulación", reconoce Gutiérrez, "pero con cuatro duros", ya que el capital de una compañía que se dedica a la exploración “no es ni el 1% del presupuesto de una explotación". "Canadá tiene más de 3.000 millones de euros invertidos en España. Ni 3 millones son dedicados a exploración”. "Si una empresa en España quiere hacer las cosas mal hechas no puede hacerlo. Eso es imposible. Pero por la ley", considera. Las denuncias de ecologistas, vecinos y activistas en los diversos proyectos de minería metálica en auge en el país no dicen lo mismo.