Moncloa lamenta que la "confrontación" continúe

"Torrent ha tensado la cuerda al máximo para mantener viva la confrontación". Así valoran fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre lo ocurrido en la tarde del jueves en el Parlament de Cataluña. A pocas horas de comparecer ante el juez Pablo Llarena, Jordi Turull se sometía al criterio de la Cámara autonómica pronunciando su debate de investidura, en el que evitó reivindicar la "república catalana". La abstención de la CUP impidió que fuera investido en esta sesión. El Pleno volverá a reunirse el sábado, 48 horas después de la primera votación, tal y como establece el reglamento. Y con un puñado de dudas sobre la mesa.

La situación para el Gobierno es enormemente compleja puesto que la agenda del independentismo cambia por minutos: "Ya existía un calendario establecido para la investidura que ha sido modificado de manera unilateral y arbitraria, con un objetivo político condenado al fracaso", denuncian desde la Moncloa. El escenario puede complicarse todavía más este viernes con la decisión que tome en magistrado del Supremo.

Esta misma mañana, en una entrevista en Onda Cero, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordaba que si bien "es una interpretación judicial", la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que tendrían que darse "una sucesión de circunstancias" para que Turull quedase inhabilitado: "Estar privado de libertad y que en el auto de procesamiento sea acusado de rebelión".

El titular de Justicia consideró "sorprendente" que Turull, "con amenazas de estar imputado e incluso en prisión provisional" llegue a presidir la Generalitat. "Que un gobernante con responsabilidades públicas sea alguien privado de libertad es una contradicción en sí misma", añadió.

"Conforme a derecho"

En este contexto, el Ejecutivo hace girar su discurso en torno a dos ejes: la demanda de un "candidato limpio", sin asuntos pendientes con la Justicia, y el recuerdo de que el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente mientras no haya un Gobierno en Cataluña "conforme a derecho".

"El Gobierno no entra a valorar las consecuencias que la decisión adoptada por Torrent pueda acarrear a la situación procesal de determinados dirigentes políticos pero advierte de que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que el nuevo Gobierno tome posesión conforme a derecho", subrayan las fuentes consultadas.

En este sentido, apuntan a que "los únicos responsables de que un presidente de la Generalitat Generalitatpueda ser apartado del cargo por inhabilitación, con el grave deterioro que ello supondría para la autonomía de Cataluña, son quienes están promoviendo la candidatura de un diputado con graves problemas judiciales".

Rajoy cancela su viaje a Angola

El presidente del Gobierno tenía previsto desplazarse este sábado a Angola, pero canceló su agenda para seguir de primera mano la situación en Cataluña. El plan de Rajoy era visitar el domingo una escuela salesiana y reunirse con la colonia española y el lunes 26 participar en un acto organizado por la CEOE y la patronal angoleña antes de reunirse con el jefe de Estado, Joao Lourenço. En las últimas horas, señalan desde el Ejecutivo, el presidente ha estado en contacto con los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera. Ambas formaciones fueron de la mano del Gobierno a la hora de dar luz verde en el Senado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Pese a que desde el Ejecutivo se declaran sorprendidos por la forma en la que se convocó el Pleno para la tarde del jueves, con la primera votación a Turull se pone en marcha el reloj para la convocatoria de nuevas elecciones generales. Se trata de algo que en el Gobierno y el PP consideraban necesario. De hecho, desde el 21D se ha demandado a Inés Arrimadas (Ciudadanos), la candidata más votada, que intentase dar el paso para desbloquear la investidura.

La ley establece que si en los dos meses siguientes a la primera votación de investidura ningún candidato logra los votos suficientes, la Cámara se disolverá de forma automática y se convocarán nuevos comicios. Si se dan estas condiciones, el plazo expiraría el 22 de mayo. En ese momento, tendrían que volver a celebrarse nuevas elecciones, que tendrían lugar –según la Loreg, la ley electoral general que también rige en Cataluña–, 54 días después de convocarlas: el domingo 15 de julio. Este escenario ampliaría la aplicación del 155 al menos hasta finales de agosto, en caso de que la nueva Cámara lograse elegir Gobierno con cierta rapidez.