Monedero pide anular la causa sobre blanqueo de capitales cuestionando la competencia del juez para investigarle
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha solicitado la nulidad de la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para investigarle por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental al tiempo que ha cuestionado la competencia del magistrado para indagar en estos hechos.
En un escrito de este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Monedero ha interpuesto un incidente excepcional de nulidad ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 al entender que el mismo habría "sorteado las normas de reparto para asumir la investigación" de esta nueva causa, "vulnerando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".
La representación del exdirigente morado entiende que se habría incurrido en una infracción del derecho a la obtención de una tutela judicial efectiva, así como una obstaculización al ejercicio del derecho de defensa y una infracción del derecho al juez ordinario.
Fue el pasado mes de julio cuando García Castellón acordó abrir una investigación contra Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
En su escrito, Monedero también cuestiona "el origen del presente procedimiento", ya que a su juicio "está basado en actuaciones de origen ilícito". "El inicio de las mismas está basado en documentación obtenida por medios ilícitos, y que ha sido obtenida a resultas de investigaciones prospectivas, ilegales y carentes de amparo judicial alguno", asegura.
Datos obtenidos de forma "ilícita"
Y esto es así, apunta, en tanto que "determinados funcionarios policiales requirieron a determinados ciudadanos venezolanos, de forma ilegal y sin amparo judicial alguno, que obtuvieran de forma igualmente ilícita documentación bien sobre Podemos, bien sobre cualquiera de sus dirigentes o de quienes luego serían socios fundadores del mismo".
"Documentación que resulta ser origen de la causa y elemento fundamental de la reapertura de las actuaciones y que contamina toda la causa, además de ser la base de las siguientes actuaciones que aunque declaradas prospectivas han servido de base para sustentar el posterior auto deduciendo testimonio", critica.
Por otro lado, el letrado de Monedero carga contra la "vulneración del secreto de sumario y de unas actuaciones que durante toda la instrucción se ha mantenido con declaración de secreto para las partes hasta su conclusión". Así, lamenta que se hayan "franqueado los límites de la buena administración de justicia", lo que ha perjudicado su "presunción de inocencia".
En esta línea, el cofundador de Podemos afirma que no había "motivación suficiente para decretar el secreto del sumario, habiéndose producido indefensión" y estando ante "un procedimiento finalizado". "Entendemos que no cabe otro remedio procesal en el seno del mismo que la nulidad de las actuaciones", insiste.
En su defensa, Monedero incide en que "los datos de las transferencias bancarias" por los que se le investiga "son imposibles de manipular, quedando rastro de toda actuación". "Difícilmente pueden desvirtuarse, cancelarse o retrotraerse transferencias bancarias de hace casi 10 años. Más aun cuando incluso se pretende investigar los movimientos de cuentas bancarias posiblemente canceladas, donde la capacidad de operativa es materialmente inexistente", sostiene.
El origen de la causa
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En el auto por el que acordó abrir esta nueva causa, el juez explicaba que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por la presunta financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente podía deducir testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.
Fue a finales del pasado mes de junio cuando el magistrado archivó la investigación que llevaba a cabo desde octubre de 2021 por la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela, acatando así lo dispuesto por la Sala de lo Penal en una resolución donde daba la razón a la Fiscalía, la cual venía argumentando que se trataba de unas pesquisas prospectivas.
La Sala cerró la puerta a las pesquisas por el delito de financiación ilegal de partidos políticos, que se incorporó a nuestro Código Penal con la reforma de 2015, esto es, después de que ocurrieran los hechos sobre los que García Castellón puso la lupa. Sin embargo la propia Sala dejaba la puerta abierta a seguir investigando parte de los hechos, lo que motivó la creación del procedimiento en el que se investiga a Monedero.
