La muerte de un hombre en Salou empeora el sombrío historial de los Mossos

Este martes, los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo en Salou (Tarragona) una operación contra una red de manteros que acabó con un ciudadano senegalés muerto tras saltar desde su balcón, según la versión policial, al escuchar como los agentes entraban a su piso para detenerlo. Pese a que este es tan sólo el último episodio polémico en el que se ve envuelto el cuerpo policial catalán, los expertos consultados por infoLibre sostienen que las malas prácticas –que incluso han acabado con algunos detenidos muertos– no son específicas de los Mossos, y aseguran que sería sencillo tomar medidas para poneles coto.

La muerte de este ciudadano, de 50 años, en el marco de una operación contra el top manta, provocó graves disturbios que dejaron 24 heridos leves. Varios responsables políticos mostraron su consternación por el fallecimiento, entre ellos el teniente de alcaldesa de Barcelona, Jaume Asens, que tachó de "lamentable" en Twitter la "persecución policial" que acabó con la muerte del hombre. Por su parte, las CUP pidieron que se investiguen los hechos, que atribuyeron a las políticas "racistas, excluyentes, xenófobas y de apartheid" de la Generalitat, España y la UE.

Pero no es el único caso polémico en el que se han visto envueltos en los últimos años los Mossos d'Esquadra, que por el contrario han estado en el centro de varias controversias al salir a la luz episodios de palizas o abusos de sus atribuciones. No obstante Cristina de la Serna, abogada especializada en protección de derechos humanos de la ONG Rights International Spain (RIS), asegura que este mal no sólo afecta a la institución catalana, "sino prácticamente a toda la policía en España".

"Al final, estos epsiodios tan lamentables son propios de un sistema donde no se han adoptado medidas para adecuar el sistema policial a una sociedad cada vez más diversa", asegura De la Serna, que señala que muchos de los problemas tienen su origen en la discriminación racial y critica que los diferentes cuerpos policiales españoles "siguen utilizando perfiles étnicos" para identificar a los ciudadanos. "Cualquier policía ve un gitano de noche en la furgoneta y le para, porque piensa 'qué habrá hecho'", pone como ejemplo la responsable de RIS, que sostiene que en muchas ocasiones las políticas no son "activamente racistas", sino que están determinadas por la actuación particular de cada agente.

"Muchas veces no hay un comisario que ordene parar a todos los integrantes de una comunidad", explica De la Serna, que señala que uno de los factores que más influyen en el hecho de que se produzcan estas malas prácticas es que "no se ha aprovechado ninguna de las reformas legislativas que se han llevado a cabo últimamente para marcar las pautas concretas sobre cuándo el policía puede actuar". "Los agentes tienen poderes muy amplios porque no se especifica cuándo pueden identificar o cuándo pueden detener", sostiene la abogada.

Una policía plagada de episodios controvertidos

Una de las polémicas más sonadas en las que se han visto envueltos los Mossos es la agresión que sufrió Ester Quintana, una ciudadana que participaba en la manifestación de Barcelona con motivo de la huelga general de noviembre de 2012. Quintana perdió un ojo tras recibir el impacto de un proyectil lanzado por la unidad antidisturbios de la policía autonómica, tal y como reconoció hace el mes pasado el propio cuerpo, y el caso se encuentra en los tribunales y a la espera de juicio. Son dos los mossos acusados por las lesiones sufridas por esta ciudadana.

Por contra, el caso de Juan Andrés Benítez, un vecino del barrio de El Raval de Barcelona que murió en octubre de 2013 tras ser reducido violentamente por varios mossos, se encuentra ya pendiente de juicio. Ocho policías autonómicos se sentarán en el banquillo de los acusados, y la Fiscalía pide para seis de ellos 11 años de prisión por un delito de homicido, así como año y medio para los otros dos por encubrir, supuestamente, los hechos, al haber borrado una mancha de sangre del suelo y no haber impedido que una vecina que había grabado la paliza borrase las imágenes.

El informe forense que se realizó en su momento a Benítez determinó que el ciudadano falleció debido los golpes recibidos en una pelea en la que acababa de participar, así como por la actuación policial y la ingesta previa de cocaína, a lo que se sumó una enfermedad cardíaca. No obstante, El País informa de que la Fiscalía insiste en que los agentes eran conscientes de que estaban actuando de forma desproporcionada y asegura que "los continuos gritos, lamentos proferidos por la víctima, y respiración agitada" de Benítez cuando fue detenido "podían alertar a cualquier persona del estado de estrés en que se encontraba".

El vecino de El Raval no ha sido el único fallecido tras ser detenido por los Mossos: otro ciudadano, de nombre Yassir El Younoussi, murió el 31 de julio de 2013 en los calabozos de la policía autonómica en el municipio tarraconense de El Vendrell tras haber sido reducido poniéndole un casco y atándolo con correas, por su resistencia dentro la celda. Tras su fallecimiento fueron imputados ocho agentes del cuerpo y dos profesionales del Servicio de Emergencias Médicas, si bien todos ellos fueron absueltos al sobreseerse el caso. La Justicia consideró que el ataque cardiaco que sufrió El Younoussi fue producto del consumo de cocaína.

Quienes sí fueron condenados a hasta cuatro años y medio de prisión fueron cuatro mossos que, en 2006, confundieron a un ciudadano rumano con un atracador y le apalearon, le amenazaron e incluso le introdujeron una pistola en la boca. Los agentes fueron condenados en firme en 2009 por el Tribunal Supremo, pero antes de que entrasen en prisión fueron indultados en dos ocasiones por el Gobierno de Mariano Rajoy: en la primera ocasión se les redujo la pena a dos años, pero cuando la Audiencia de Barcelona ordenó su ingreso en prisión, recibieron una segunda medida de gracia que les exoneró de entrar en la cárcel.

Órganos para controlar a la Policia

"No tenemos ningún mecanismo independiente encargado de supervisar la actuación de la policía, y los ciudadanos –y más los inmigrantes, que son más vulnerables– no tenemos herramientas para denunciar las malas prácticas", critica Cristina de la Serna, que no obstante señala que existen medidas fáciles de poner en práctica para evitar estas malas práxis. La abogada explica que policías como la de Nueva York o la de Irlanda del Norte mantienen abiertas sendas oficinas dedicadas a supervisar las actuaciones de sus agentes para "prevenir la tortura y mejorar la actuación policial", y asegura que la experiencia demuestra que son "eficaces".

"Una vez terminó el conflicto y como parte de su proceso de paz, Irlanda del Norte reformó la policía, y entre otras medidas establecieron una junta independiente de supervisión que está formada fundamentalmente por personas no vinculadas al cuerpo", explica la responsable de RIS, que señala que esta comisión tiene "un enfoque centrado en los derechos humanos que se guía por los estándares internacionales para prevenir los malos tratos y la tortura". Según afirma De la Serna, la actuación de este órgano ha reducido el número de malas prácticas y además "ha conseguido que la población aumente su nivel de confianza hacia la policía".

En España este tipo de técnicas no están tan extendidas, sostiene la abogada, que no obstante pone a la policía local del municipio madrileño de Fuenlabrada como ejemplo de "buenas prácticas para prevenir acciones indebidas contra colectivos minoritarios". De hecho, el cuerpo policial de la localidad ha sido objeto de alabanzas por parte del relator especial sobre racismo de la ONU.

Reuniones con las minorías

José Francisco Cano, jefe de la policía local de Fuenlabrada, explica a infoLibre que el reto al que se enfrenta su ayuntamiento es lograr que un colectivo inmigrante que se ha incrementado muy rápidamente en los últimos años se integre en la comunidad. Por ello, señala, el consistorio comenzó a desarrollar políticas en este sentido y eso incluyó a la policía, que puso en marcha dos programas: uno centrado en abrir las puertas al cuerpo a los ciudadanos de otros países, y un segundo para evitar la discriminación de los extranjeros.

En este sentido, Cano explica que la policía "organiza una academia gratuita para que personas de minorías sociales, con diferentes religiones o nacionalidades, y que cumplan los requisitos para ingresar a la policía, puedan hacerlo de forma más sencilla, porque la academia privada para preparar las oposiciones cuesta 100 o 200 al mes, y no todo el mundo se lo puede permitir". Por otra parte, relata el responsable, agentes del cuerpo se reúnen periódicamente "con todos los colectivos minoritarios para poder escuchar sus reivindicaciones y críticas".

"Además, Fuenlabrada fue de los primeros lugares en tener un protocolo para tratar los delitos de odio o discriminatorios", se enorgullece Cano, que explica que en 2007 el cuerpo participó en un proyecto europeo "que pretendía corregir las posibles prácticas discriminatorias que pudiera haber con las identificaciones callejeras". Un programa en el que, señala, también estuvieron presentes varias unidades locales de los Mossos d'Esquadra.