"No tocar la legislación laboral facilitaría hasta el extremo la caída de los salarios"

La derogación de la reforma laboral, reconvertida ahora en la expresión “modernización del marco laboral” —al menos así figura en el Acuerdo para la reactivación económica y el empleo suscrito este viernes en la Moncloa por sindicatos y empresarios–, es inaplazable. Así al menos lo cree el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo (Barakaldo, Bizkaia, 1972), si se quiere evitar que la crisis se traduzca de aquí a fin de año en una bajada generalizada de los salarios.

Pregunta. ¿Qué pueden esperar los trabajadores del acuerdo suscrito con el Gobierno y los empresarios?

Respuesta. Se ha adquirido un compromiso para abordar algunas de las políticas que van a ser decisivas para los trabajadores en los próximos meses y años en un marco de diálogo compartido entre los agentes sociales y el propio Gobierno en un momento en el que, en función de cómo se resuelva la política de reconstrucción europea, España se juega en gran parte del modelo de salida de la crisis.

Yo creo que es muy trascendente, sobre todo porque los compromisos son en políticas muy importantes que tienen que ver con la política sectorial y con la política industrial. Y con abordar la legislación laboral en España para modificar lo que son las notas características de nuestro modelo laboral —la utilización de la precariedad y el despido como fórmula ordinaria de las empresas— y retomar las mesas de diálogo que teníamos antes de la pandemia, donde pretendemos corregir una reforma laboral que, si no, va a provocar una caída intensa de los salarios. Para los trabajadores tiene muchísima importancia porque nos permite gobernar, de forma compartida, cuestiones que van a afectar a su vida de forma inmediata.

P. En el documento aparece como “modernización del marco laboral”, pero se trata de la revisión de la reforma laboral. ¿Cuánto tiempo más se puede demorar su modificación? ¿Habrá que esperar al final de la legislatura?

R.: No se puede esperar ni mucho menos al fin de la legislatura. A primeros de marzo teníamos prácticamente cerrado un tope, que era finales de marzo, para abordar algunos de los aspectos de esa reforma laboral. Lo que ocurre es que han surgido nuevos temas que hay que meter en agenda, particularmente sobre realidades que han emergido durante la pandemia, como es el teletrabajo y el salto del trabajo en las plataformas digitales por los cambios en los patrones de consumo que se vana dar en la sociedad española.

Hay que incorporar esto a la agenda. Y también la adaptación de la figura de los ERTE al período de normalidad: se han mostrado como una palanca muy importante para evitar la destrucción de empleo, pero se ha hecho porque desde el Estado se ha asumido el coste de todas las prestaciones de desempleo y el coste durante varios meses de todas las cotizaciones sociales. Ese no puede ser un esquema para todo la vida, sino que hay que situarlo en un sistema más parecido, por ejemplo, al modelo alemán, donde cuando hay problemas en las empresas el último recurso es el despido y lo que se hace es tomar otra serie de medidas de adaptación de las jornadas. Si esto va acompañado de restricciones al despido y de una mejora de la contratación sería un gran avance. Eso lo tenemos que negociar.

Y por otro lado nos hemos comprometido a retomar las mesas que teníamos en marzo, que básicamente eran las de la legislación laboral. Yo creo que en las próximas semanas, y desde luego antes de que el otoño avance, esto hay que abordarlo con una voluntad de decidirlo. Pero no por llevarse el gato al agua o porque es nuestra agenda, es porque creo que España tiene un riesgo serio de caída salarial en la segunda parte del año y la reforma laboral del año 2012 ha servido para eso. No tocar la legislación laboral creo que facilitaría hasta el extremo la caída de los salarios.

P. ¿Qué pasa si al final el diálogo social fracasa? ¿Debe el Gobierno asumir su responsabilidad y cambiar la reforma laboral por decreto este mismo año?

R. La voluntad de dialogar es clarísima. Llevábamos desde el inicio de la legislatura y parte de la anterior con este tema. El compromiso era que a finales de marzo se hubiera tenido que resolver. Lo ideal sería llegar a un acuerdo pero si no hay un acuerdo el Gobierno tiene que actuar porque la reforma laboral de 2012 es producto no ya de un desacuerdo sino de la absoluta unilateralidad del Gobierno pasando por encima del diálogo social. Ahora lo que hay que hacer es dar recorrido a lo que está firmado, que es volver a poner en marcha las distintas mesas, y lógicamente dar una oportunidad a la negociación, a la que como digo se han incorporado materias de muchísimo interés. Pero la acción legislativa no se puede paralizar, ni en materia laboral ni otras cuestiones, como la regulación del teletrabajo.

P: Ahora que toca reactivar la economía, ¿cómo impedimos que los ERTE se conviertan en ERE?

R. Yo creo que va a tener mucho que ver con la evolución de la economía. Por eso estas palancas de inversión pública en este momento son tan determinantes. Por un lado, en sectores donde España tiene mucho empleo, el comercio, el turismo, la construcción, donde hay que tratar de dinamizar la actividad económica no volviendo a viejos esquemas sino a una forma más moderna y más sostenible, y sobre todo con palancas de inversión para desarrollar otros sectores productivos en España donde creo que se abre la oportunidad en este momento de desarrollarnos con una perspectiva de más de una década vista. Se trata de canalizar los recursos que puedan venir de Europa y también los recursos que seamos capaces de dotarnos con una reforma fiscal que yo creo que en el medio plazo va a ser necesaria.

Y va a ser la actividad económica la que promueva que no vayamos a un incremento dramático del paro. Con toda seguridad se va a producir en la segunda mitad del año un aumento del paro no menor, pero el reto es que la reactivación de la economía el año que viene pueda recomponer este escenario porque lo logicamente en los próximos trimestres los efectos y las secuelas de la pandemia van a tener un efecto sobre el empleo con toda seguridad.

P. La reforma fiscal es uno de los elementos de mayor controversia política y económica en estos mmentos y así se ha podido ver en el acto en La Moncloa. ¿Es imprescindible para financiar la recuperación?

R. Hay que medir bien los tiempos con esto. En el cortísimo plazo lo que hay que tener es una capacidad de endeudamiento enorme porque todas las palancas europeas permiten un endeudamiento prácticamente gratuito y hay que aprovechar que no queda otro remedio. La mejor política fiscal en el corto plazo va a tener que ver con cómo se resuelva el fondo de reconstrucción europea, eso es así y conviene no precipitar medidas en pleno verano cuando hay todavía una incertidumbre económica enorme. Esto es de bastante sentido común. Pero en el medio plazo, un país como España, que va a tener una deuda pública que va a subir al 115 o al 120% del PIB y un déficit publico que va a escalar por encima del 10% y que tiene una corresponsabilidad fiscal de 75.400 millones a año menos que la media europea, un sistema de exenciones fiscales entre los 60 y los 70.000 millones de euros al año, más todo lo que tiene que ver con el fraude, tiene que mejorar clarísimamente sus pautas de justicia social. 

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Pero yo no sólo hablaría de subir impuestos, porque es más complejo. Quien más tiene más tiene que pagar y hay que reducir la fórmulas ilegales de no pagar impuestos, pero incluso las fórmulas legales de no pagar impuestos de las que se aprovechan aquellos que pueden planificar fiscalmente, fundamentalmente los grupos de empresas. No es normal que en nuestro país el impuesto de sociedades medio sea inferior al IRPF que paga un trabajador. Estoy hay que corregirlo.

P. ¿Cuál debe ser la apuesta de la recuperación?

R. España tiene que tratar de prever cuáles son los sectores que en el futuro van a desarrollarse económicamente y van a generar empleo de calidad. Hay que hacer un trabajo de prospección y de perspectiva para tratar de canalizar ahí los recursos que se puedan obtener a través de la Unión Europea.