El número dos de Abascal en Vox ya representó al partido en la campaña financiada por los iraníes

El actual número dos de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, fue el representante general de la formación de extrema derecha ante la administración electoral durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, una cita con las urnas que el partido ultra afrontó con casi un millón de euros procedente de simpatizantes del denominado Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI). Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre, el hoy secretario general de Vox fue el encargado de designar ante la Junta Electoral Central (JEC) a la persona que gestionó la contabilidad del partido de extrema derecha de cara a los comicios europeos. Ortega Smith-Molina fue el primer dirigente que confirmó la recepción de donaciones de origen iraní durante los primeros meses de vida de la formación. Lo hizo asegurando que el Tribunal de Cuentas había auditado estas aportaciones y las había declarado “legales”, algo que desmintió en las horas posteriores el organismo fiscalizador.

Las elecciones al Parlamento Europeo, en las que Vox concurrió con una lista encabezada por el exlíder del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, fueron convocadas oficialmente el 31 de marzo de 2014. Hasta ese día, según la versión del que fuera presidente de la formación de extrema derecha, llegaron a las arcas del partido 141 transferencias por valor de 971.980 euros procedentes de un millar de militantes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, un colectivo que tiene sus orígenes en una organización incluida en su día en el listado de grupos terroristas de EEUU y la UE. Con esos donativos, que fueron canalizados a través de recaudadores de más de una decena de países desde el mismo día que Vox fue inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, costeó tanto sus gastos habituales –desde los salarios de los trabajadores al alquiler de la sede– como los derivados de la campaña electoral de los comicios a la Eurocámara.

Una vez convocadas las elecciones, que se celebraron el 25 de mayo, la candidatura de Vidal-Quadras tenía nueve días para designar a su representante general ante la Junta Electoral Central. El elegido para el puesto fue el abogado Javier Ortega Smith-Molina. Los representantes generales ante la administración electoral son, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), los encargados de actuar “en nombre de los partidos, federaciones o coaliciones” que concurran a unos comicios. Además, representan tanto a la propia candidatura como a todos los candidatos incluidos en ella. “A su domicilio se remiten las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos por la Administración Electoral a los candidatos y reciben de éstos, por la sola aceptación de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral”, señala el artículo 43 de la Loreg.

Administradora general

Entre las funciones de Ortega Smith-Molina también estaba la de nombrar a la persona encargada de gestionar la contabilidad electoral de la formación ultraderechista para las elecciones al Parlamento Europeo. Así, el 9 de abril de 2014, el actual número dos del partido designó como administradora general de Vox para los comicios a María Asunción Barona Martín, según los datos que constan en la Secretaría de la Junta Electoral Central. En conversación con este diario, el propio Alejo Vidal-Quadras confirma el nombramiento de la que fuera una de sus asistentes locales durante su etapa en Bruselas como responsable de las cuentas de la campaña para aquella cita con las urnas, unos comicios en los que la candidatura encabezada por el también exvicepresidente de la Eurocámara se tuvo que conformar con menos del 2% de los votos. “Era una de mis colaboradoras”, explica Vidal-Quadras.

La Loreg establece que los administradores generales responden “de todos los ingresos y gastos electorales realizados por el partido, federación o coalición y por sus candidaturas, así como de la correspondiente contabilidad”. Para este cargo, las formaciones pueden designar a “cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos”. No obstante, la ley prohíbe la designación como administrador de “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”. Tampoco podrán ser nombrados para ocupar este puesto los propios candidatos.

Dentro de sus competencias, los administradores están obligados a comunicar a la Junta Electoral Central las cuentas abiertas por una determinada candidatura para la recaudación de fondos de cara a los comicios, una apertura que podrá hacerse en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros. Según fija la ley, todos los fondos que se dediquen a sufragar los gastos electorales deberán ingresarse en estas cuentas y todos los gastos tienen que pagarse con cargo a las mismas. Según la información facilitada a infoLibre, Barona Martín comunicó a la Junta Electoral Central el 15 de abril de 2014, seis días después de ser designada administradora general, la apertura de la cuenta electoral utilizada por Vox para la recaudación de fondos a través de donaciones de las elecciones al Parlamento Europeo. En concreto, la formación de extrema derecha utilizó para ello la entidad bancaria Caja Badajoz, integrada entonces en el Grupo Caja 3.

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Ortega Smith-Molina fue el primer dirigente de Vox que se pronunció sobre la financiación de origen iraní utilizada en las elecciones a la Eurocámara. Lo hizo durante un acto en Burgos, en el que confirmó las polémicas aportaciones pero afirmando que contaban con el beneplácito del Tribunal de Cuentas. “Cuando Santiago Abascal asumió el partido, vimos que una parte de la financiación de la campaña europea (…) había recibido donativos provenientes del exterior. Nosotros, inmediatamente, presentamos las cuentas, toda la documentación que teníamos, al Tribunal de Cuentas pidiéndole que las analizase. La respuesta fue clara y contundente: todos los donativos habían sido legales, totalmente transparentes”, afirmó Ortega Smith. Unos segundos después, insistió: “Como desconocíamos si eso tenía o no alguna irregularidad, lo presentamos al Tribunal de Cuentas, que dijo que era perfectamente legal”, apuntó.

Pero pocas horas después, el órgano fiscalizador negó la mayor. Fuentes de la institución explicaron a este diario que, según el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas los partidos que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, desde el órgano apuntaron que en los comicios europeos de 2014 Vox “no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligado a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización”. “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”, sentenciaron.

Las donaciones de militantes del CNRI, una organización que en la actualidad se define como un “parlamento en el exilio” que busca el “establecimiento de una república democrática” en Irán basada en la separación de religión y Estado, saltaron a la arena política a mediados de enero. Los cuatro principales partidos pidieron a la formación liderada por Santiago Abascal que aclarase de una vez por todas si la financiación con la que echó a caminar se ajustó en todo momento a la legalidad. Desde el PP, que todavía no han decidido si llevarán a Vox a la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos del Senado, se ha pedido incluso al Tribunal de Cuentas que tome cartas en el asunto. Sin embargo, fuentes del órgano fiscalizador aclararon la pasada semana a este diario que no es algo que puedan hacer de oficio a día de hoy. No obstante, añadieron: “Si las Cortes nos hacen una petición, se podría hacer”.