El obstruccionismo del Gobierno y la desunión de la oposición frustran el propósito de "gobernar desde el Parlamento"

"Gobernar desde el parlamento", "hacer valer tu mayoría parlamentaria para cambiar las políticas de Rajoy", "crujir vivo" al PP, que está en minoría. Era lo que se decía sobre la nueva legislatura hace menos de un año, cuando la abstención del PSOE en la investidura comenzó a perfilarse como inevitable y políticos y expertos defendieron que, en realidad, la oposición podría legislar contra el criterio del Gobierno. Pero al término del primer periodo de sesiones del Congreso de los Diputados, la realidad desmonta ese mito: el Ejecutivo gobierna a golpe de decreto y el resto de partidos no han logrado que una sola de sus leyes entre en vigor.

La teoría de que era posible gobernar contra el Gobierno estaba bastante extendida. Quizá quien lo dijo en términos más rotundos fue el diputado socialista Eduardo Madina en una entrevista en El Huffington Post apenas 48 horas después de que se decidiera la abstención del PSOE en la investidura: "El PSOE desbloqueará y luego crujirá vivo a Rajoy en su obra política más dura (...). El PSOE aplicará un programa para derogar la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, la ley educativa, para cambiar la reforma laboral... para aplicar lo que nosotros llevábamos en el programa y la gente votó".

Hubo más declaraciones en ese sentido. El también diputado del PSOE Ignacio Urquizu comentó que "una abstención permitiría gobernar desde el parlamento" y Albert Rivera, ya en febrero de 2016, apuntó que "en democracia gobierna la mayoría [parlamentaria]. "Esto no es Operacion Triunfo, esto es quién consigue sacar adelante una mayoría parlamentaria". La teoría de gobernar contra el Gobierno caló incluso entre Podemos y sus aliados: "En el caso de que hubiese un Gobierno del PP", dijo Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, las fuerzas de la oposición deben "construir un gobierno alternativo desde el parlamento".

"La abstención no es apoyo –apuntó el 20 de octubre de 2016 Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general socialista–. Es desbloquear la política y luego hacer valor tu mayoría parlamentaria para cambiar las políticas de Rajoy". "Deberá consultar y pactar para todo, semana a semana y votación a votación (...). No le va a resultar fácil, señor Rajoy, porque para hacerlo seguramente tendrá que dejar de ser Rajoy (...). El diálogo se impone. Sin diálogo no puede sacar adelante su tarea de Gobierno", le espetó al presidente el entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante el debate de investidura.

Exceso de optimismo

Para Lluis Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, había unas expectativas "demasiado altas" en torno a la idea de que era posible gobernar contra el Gobierno. "Tendríamos que haber rebajado las expectativas en torno a la capacidad del parlamento de gobernar", considera. Orriols comenta que "cada vez es más frecuente en los sistemas parlamentarios que el legislativo [el parlamento] pierda poder frente al ejecutivo [el Gobierno], de modo que el Gobierno tiene cada vez más poder y existen más elementos institucionales que tienen que rebajar la euforia de la oposición de que se puede gobernar desde el parlamento".

Pablo Simón, doctor en Ciencia Política por la Universitat Pompeu Fabra, también cree que "las expectativas de que era posible gobernar desde el parlamento estaban infladas por el deseo de no ir a unas terceras elecciones". El experto, en todo caso, llama a reflexionar acerca de lo que hubiera sucedido en ese escenario: "El PP se hubiera quedado más cerca de reunir una mayoría absoluta con Ciudadanos, de modo que el Congreso habría tenido incluso menos peso, podría haber impulsado todavía menos leyes".

Gobernar a golpe de decreto

Lo cierto es que el Ejecutivo ha conseguido salirse con la suya durante los primeros compases de la legislatura: ha gobernado a golpe de decreto, una fórmula que sobre el papel debe ser excepcional pero a la que ha recurrido en 18 ocasiones. El Congreso tiene que ratificar después esos decretos en el plazo de un mes, y Rajoy ha logrado convalidar 17 de ellos. Se le resistió la reforma de la estiba, que sólo apoyaron PP, Cs y PNV. El resto de grupos se opuso e infligió al Ejecutivo una derrota histórica, pues desde 1979, en la época de Adolfo Suárez, no se perdía una votación de ese tipo.

Los grupos sí han registrado multitud de proposiciones no de ley –hasta 435 constan en esta legislatura ante el Pleno–, pero la inmensa mayoría aún no se han debatido, sólo se han aprobado 27 –10 del PP, 6 del PSOE, 4 de Unidos Podemos, 3 de Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto, 1 de ERC y 1 del PNV–, y, para colmo, esta clase de iniciativas no producen cambios legislativos: sólo instan al Gobierno a actuar en una determinada dirección, y Rajoy ya dijo al mes de tomar posesión que pensaba hacer caso omiso de todas aquellas proposiciones que no fueran "obligatorias".

En estos meses la oposición ha logrado que dos leyes completen su trámite legislativo en el Congreso, pero no han entrado en vigor porque ahora han pasado al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los conservadores podrían modificar el texto o incluso vetarlo. Si lo hacen –el recorrido de las leyes en el Senado no puede durar más de dos meses–, la norma volvería al Congreso, donde una mayoría absoluta de diputados podría levantar el veto o donde sería necesario esperar otros dos meses para hacerlo por mayoría simple. Las dos leyes que están en la Cámara alta son la reforma de RTVE, del PSOE, y la ley de autónomos de Cs.

Oposición desunida

Preguntados por las causas del escaso éxito legislativo de la oposición, Simón y Orriols citan la incapacidad del resto de grupos para unirse contra el Gobierno. Orriols señala que es "demérito de la oposición no haber conformado mayorías alternativas" distintas a las del PP, lo que en la práctica ha tenido el efecto de "blindar" al Ejecutivo. "La oposición está muy fragmentada y dividida", comenta Simón, quien cita dos grandes dificultades para reunir una mayoría alternativa a la del Gobierno: que "nadie parece querer hablar con los 16 diputados catalanes [de ERC y PDeCAT]" y la incompatibilidad entre Podemos y Ciudadanos.

Sobre este último particular, Orriols afirma que es "sorprendente" que haya desaparecido de la agenda política la cuestión que podría haber generado un "espacio de complicidad" entre el grupo morado y el partido de Rivera: "La regeneración democrática, la idea de saneamiento y reformas, que no estaba directamente relacionada por la izquierda y la derecha y que había estado presente desde el surgimiento de la nueva política". Sin embargo, prosigue el experto, "desde principios de 2016 no se volvió a hablar más de ello, y los vetos entre Podemos y Ciudadanos alejaron cualquier posibilidad de entendimiento".

Simón, por su parte, ve lógico que en materia económica y social resulte casi imposible el acuerdo entre PSOE, Podemos y Cs, y añade otro elemento para entender por qué Albert Rivera prefiere convertirse en socio preferente del Gobierno en vez de sumarse al resto de la oposición: "Durante la etapa de la gestora, el PSOE pactaba con el PP y a Cs no le quedaba otra que sumarse. Ahora, en cambio, los socialistas votan en contra y Cs puede negociar con el PP, sacándole medidas y tratando de vendérselas como logros a su electorado". "En resumen, entre la oposición hay un consenso a la contra pero no a favor, y la situación es de parálisis".

Artimañas del Gobierno

Hay otra razón que explica el escaso éxito legislativo de la oposición: los dos trucos de los que ha echado mano el Gobierno. El primero consiste en vetar la tramitación de todas aquellas iniciativas que suponen una reducción de los ingresos o un aumento del gasto. Hasta 27 ha paralizado el Ejecutivo haciendo uso de ese poder que le otorga la Constitución. El PSOE considera que Rajoy se está extralimitando en el uso de su facultad de veto y baraja incluso pedir que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero por ahora PP y Cs han decidido en la Mesa del Congreso que se mantengan prácticamente todos los vetos pedidos por el Gobierno.

El PSOE baraja acudir al Constitucional para impedir que el Gobierno vete el debate de leyes económicas en el Congreso

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El segundo es ampliar todos los plazos de enmiendas: hay una quincena de proposiciones de ley de grupos de la oposición que pasarán de media unos seis meses atascados en el trámite de enmiendas. Las prórrogas para presentar modificaciones han sido muy numerosas: en 10 de los 15 casos ha habido más de diez ampliaciones del plazo, y dos proposiciones de ley llevan más de una veintena de prórrogar. El Grupo Parlamentario Socialista presentó hace unas semanas una iniciativa para modificar el reglamento de la Cámara y tratar de restringir esas prórrogas. El Gobierno, por ahora, ha ralentizado al máximo estas proposiciones.

"Es un claro caso de filibusterismo del PP", apunta Simón, que no obstante recuerda que la prórroga de los plazos de enmiendas también suelen solicitarla con frecuencia otros grupos diferentes del PP porque "están desbordados con el trabajo parlamentario". De cara al siguiente periodo de sesiones, apunta que la "clave" será ver "si el PSOE puede lograr unir a Podemos y Ciudadanos o busca pactos con los nacionalistas", porque el Gobierno "ha sido hábil" y ha logrado reunir una "mayoría de trabajo de unos 170 diputados [PP, Cs, PNV, CC] a la que resulta difícil hacer frente".

"Parte de la parálisis legislativa de estos meses se debe también a los procesos de renovación de las direcciones de Podemos y especialmente del PSOE, que han sido larguísimos", dice Simón, que espera ver "más cambios, especialmente en reformas institucionales", a partir de otoño. Orriols, finalmente, apunta otro elemento para valorar la actual situación: "El Gobierno ha cambiado de actitud sobre qué medidas presentar. Ya no puede sacar adelante un programa de máximos, como cuando tenía mayoría absoluta. Así que es posible que no le estemos viendo perder votaciones, pero porque se autocensura y no lleva según qué cosas a la Cámaraautocensura ". En los primeros meses de legislatura, dejando a un margen los decretos, la actividad legislativa del Gobierno ha sido ciertamente reducida: sólo ha conseguido aprobar los presupuestos de 2017 y una ley sobre bienes culturales.