Ofensiva de Unidas Podemos (y choque con el PSOE) por limitar más el precio de los alquileres y de las hipotecas

El precio de los alquileres de viviendas ha alcanzado este verano su máximo nivel desde 2006. El euribor (el principal indicador al que están vinculadas las hipotecas a tipo variables) rebasó la barrera del 2% la pasada semana por primera vez desde 2011 Ante este contexto, una de las prioridades para Unidas Podemos (la formación minoritaria del Ejecutivo) en el arranque del curso político es la vivienda, un campo en el que se ha enfrentado con el PSOE en otras ocasiones.

La formación morada envió una propuesta este martes a la parte socialista del Ejecutivo para establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable, destinada a proteger a las familias vulnerables ante la subida del Euribor. Esto en la práctica supondría la reducción de hasta 200 euros en las cuotas mensuales.  Una iniciativa que fue rápidamente despachada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en TVE, que alegó que ese tipo de topes "no están permitidos" en "el tratado de la Unión Europea". 

Sin embargo, a juicio de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el PSOE solo está dando “excusas” ya que “no existe ninguna normativa que lo impida”. “Esto ya pasó con el tope al gas, la subida del SMI (salario mínimo interprofesional) o el impuesto a la banca y a las eléctricas. El problema es que la gente no puede esperar meses a que convenzamos al PSOE, arriesgándonos a impagos masivos como ya pasó en 2012. Tenemos que actuar ya", ha criticado a través de su cuenta de Twitter.

Belarra ha defendido que España ya cuenta con un Código de Buenas Prácticas, regulado por el Real Decreto 6/2012, que establece "algo similar" a lo que propone su formación. “Si limitar la subida de los tipo de interés variables no estuviera permitido por la normativa europea, no estaría incluida en un código para que las entidades adheridas lo aplicaran, desmontando la excusa de que el Tratado de la UE no lo permite", ha zanjado.

Con todo, desde el área de Hacienda, dirigida por María Jesús Montero, insistían este miércoles en que la propuesta no era “viable” y encomiaban a sus socios a buscar “soluciones conjuntas” ya que se trata de una “preocupación” de todo el Ejecutivo. En ese sentido las citadas fuentes no descartan tomar medidas de “forma directa o indirecta”, aunque evitan proporcionar más detalles, más allá de asegurar que ya se está trabajando para ello.

Pero Unidas Podemos seguirá defendiendo la viabilidad de su propuesta y presionará a su socio de gobierno en esa dirección, tanto en privado como en público. Es más, desde la dirección del partido están convencidos de que su socio “acabará cediendo” e incluso “apropiándose” de la medida si funciona. La idea con la que trabajan es negociar con vistas a incluir la medida en el decreto ley del plan de contingencia.

Los morados tampoco ven con malos ojos la propuesta lanzada este mismo miércoles por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, durante la sesión de control. El catalán ha defendido la creación de un fondo de rescate para pagar las hipotecas de aquellas familias vulnerables que no pueden afrontarla. Sin embargo al ala socialista del Ejecutivo tampoco le convence esta alternativa ya que, aseguran, "puede provocar impagos" ya que hay quien puede dejar de pagar su hipoteca "pensando que ya se la paga el Gobierno".

La ley de vivienda continúa atascada en el Congreso

Asimismo, desde Unidas Podemos también quieren retomar la ley de vivienda, que se encuentra ahora mismo en trámite parlamentario a la espera de negociar las enmiendas (se han registrado más de 800) tras ser aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero. Los morados quieren impulsar varios cambios de calado en el proyecto, apoyados en los socios habituales del Ejecutivo, pese a que es coautor del mismo junto al PSOE. Entre esas modificaciones se incluye una que ya fue imposible de pactar en su momento con los socialistas, por la cual todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estarían obligados a rebajar el precio de sus alquileres (y no solo a congelarlo) cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado.

Actualmente la ley obligaría a los grandes tenedores, es decir, aquellos fondos o empresas que tengan 10 o más viviendas, a bajar por ley los precios. Este fue uno de los grandes focos de discrepancia entre la coalición. Tanto es así que desde Unidas Podemos no se comprometieron a cerrar los Presupuestos de 2022 hasta abordar la cuestión de los alquileres con el PSOE, después de acumular casi un año de retraso. Pero esta medida no afecta a las personas físicas, que solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias.

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Sobre el papel, el objetivo del ala socialista del Ejecutivo es estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que van del 50% al 90% en el IRPF. La ley establece una moratoria de 18 meses antes de que rija el índice de referencia de los precios en las áreas tensionadas. Un plazo que tanto Unidas Podemos como ERC o EH Bildu quieren reducir también durante la negociación parlamentaria. A todo ello se le suma que el Gobierno ha dejado la opción de implementar la ley en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el Partido Popular ya anunciaron que no lo aplicarán.

Para el área socialista es "fundamental" sacar la ley de vivienda adelante esta legislatura y así se comprometió con Bruselas. Sin embargo, lamentan que su socio de gobierno haya incluido enmiendas a la ley una vez ha sido negociada entre ambas formaciones. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la negociación "sigue encallada" actualmente y aseguran que podría estar "aprobada mañana mismo" si el PSOE apoyase sus propuestas.

Además de los topes al alquiler, Unidas Podemos también aspira a que la ley recoja la "prohibición de desahucios en España de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse", señalan fuentes de Derechos Sociales. Eso implicaría que la normativa de emergencia aprobada a causa de la pandemia se convertiría en una ley regular. Y, por último, que "la totalidad de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler".