Vivienda, incendios, peajes y bienestar animal: estas son las principales medidas aprobadas por el Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de cerca de 1.900 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y el alquiler social, tal y como ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Las medidas y acuerdos aprobados en detalle este martes son los siguientes:
1.900 millones de euros para rehabilitación y alquiler social
El Gobierno estima que las acciones de rehabilitación y construcción de vivienda social incluidas en el plan aprobado este martes servirán para crear unos 180.000 puestos de trabajo para autónomos y pequeñas y medianas empresas, que suelen dedicarse a este tipo de actuaciones.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa que los criterios de transferencia se pactaron de forma conjunta con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial y ha avanzado que en las próximas semanas se convocará una nueva Conferencia para "abordar esta transferencia e ir consolidando a cada una de las comunidades". "El alcance de este programa de ayudas es mayúsculo tanto para la ciudadanía, como por la capacidad de creación de puestos de trabajo y en esa decidida lucha contra el cambio climático", ha expresado la ministra en su intervención.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estima que la rehabilitación energética de los edificios supondrá un ahorro de consumo de la menos el 30%. Sánchez ha comentado que ya se han puesto en marcha el 75% de los recursos destinados a rehabilitación y el 100% para la promoción de vivienda en alquiler social
Declaración de zona catastrófica para las zonas afectadas por incendios
La declaración de las zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, se extenderá a los territorios afectados por grandes incendios en 15 comunidades autónomas, esto esto es, todas excepto Cantabria y Asturias.
Lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha lamentado los incendios forestales producidos en estas comunidades, unos 120, que han provocado la muerte de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.
Ha destacado que el acuerdo sirve para agilizar la concesión de las ayudas, pues con la declaración de zona catastrófica estas se pueden empezar a tramitar incluso antes de hacer la valoración de daños. Asimismo, Rodríguez ha recordado que los afectados "tienen otros mecanismos de los que ya van a poder recibir ayuda sin acogerse a este decreto, como pueden ser la gestión de los seguros agrarios".
En concreto, las medidas de recuperación previstas en el acuerdo y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente. También se incluyen entre estas las ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Decreto para obligar a los mataderos a tener sistemas de videovigilancia
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal con la implantación obligatoria en los mataderos españoles de sistemas de videovigilancia. Gracias a este decreto, España será el primer país de la Unión Europea con sistemas de videovigilancia para el control del bienestar animal (SVBA), los cuales, permitirán la realización de controles adicionales a los que ya se efectúan en los mataderos, como destaca el Ministerio de Consumo.
La normativa permitirá establecer herramientas adicionales de control que garanticen que, en todos los mataderos españoles (incluidos los móviles), se minimice el sufrimiento animal, por ejemplo, durante la descarga, el traslado, la estabulación o el aturdimiento de los animales. "Se trata de una norma que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta materia y que, además de garantizar el bienestar de los animales durante su permanencia en los mataderos, mejora también las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores", ha valorado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
De este modo, las cámaras de videovigilancia deberán abarcar las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado hasta la muerte de los animales. Además, los sistemas de videovigilancia no serán obligatorios en las zonas de espera donde se encuentran los medios de transporte con animales vivos antes del inicio de la descarga, pero las empresas sí deberán llevar un control del tiempo de permanencia de los animales en los vehículos.
En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se someten a esta operación animales que presenten signos de vida. Los responsables de los mataderos deberán guardar las imágenes relativas a la descarga, alojamiento en los corrales, conducción a la zona de aturdimiento, la sujeción, el aturdimiento y el sangrado hasta la muerte para posibles comprobaciones a posteriori por parte de los correspondientes servicios de control oficial de las CC.AA. También tendrán que asegurar la reproducción, la copia o la transmisión de las mismas a otros dispositivos con igual calidad que la grabación original.
Plan para implantar peajes en las autovías a partir de 2024
El Gobierno ya ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones. La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas por incendios
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El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.
No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.
De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.
