La Oficina Antifraude de la UE pide al juez de 'Púnica' datos de una adjudicación millonaria de la etapa de Ignacio González
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pidió en junio a través de su enlace en el Gobierno español datos sobre un contrato millonario investigado en la Operación Púnica. Se trata de un contrato de publicidad que adjudicó por 4,6 millones más IVA la empresa pública Canal de Isabel II en enero de 2014, durante la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. Así consta en documentos incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso infoLibre.
Relativo a la gestión de compra de medios -un servicio mayorista para la colocación de paquetes de publicidad del mismo anunciante en medios de comunicación- y al diseño de campañas, el contrato fue adjudicado a uno de los grandes del sector: Arena Media Communications España SA, del grupo Havas. La adjudicación se produjo el 29 de enero de 2014 tras un concurso abierto.
El papel del Canal de Isabel II en los manejos de la trama Púnica ya viene siendo investigado desde el inicio de la operación. En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, ya dictó un auto en el que afirmaba que la empresa madrileña de aguas había sido uno de los vehículos utilizados por el exconsejero madrileño de Presidencia, el hoy imputado Salvador Victoria, para ordenar pagos fraudulentos a las empresas de Alejandro de Pedro. Experto en reputación online, a Alejandro de Pedro le consideran los investigadores ¡uno de los grandes conseguidores de la trama. Su hermano Adrián ya declaró en octubre de 2014 que la Comunidad de Madrid estaba abonando a las empresas Eico y Madiva, mascarón de proa empresarial de De Pedro, "facturación ficticia" a través del Canal de Isabel II.
Sobre el contrato de Arena Media giraron hace ya más de un año, en mayo de 2015, varios interrogatorios efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a directivos de Arena Media en calidad de testigos. Tres preguntas repetidas a lo largo de los interrogatorios a los testigos de Arena Media delatan qué buscaban y buscan los investigadores. La primera de esas preguntas fue la de si alguien había presionado a Arena Media o le había dado instrucciones para que subcontratara a Alejandro de Pedro, cuyo papel ha ido creciendo a ojos de los investigadores a medida que han avanzado las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PP. Esa parte de caso continúa bajo secreto de sumario.
La segunda pregunta de relieve versaba sobre si Salvador Victoria, que en 2014 ostentaba dos cargos heredados de Ignacio González -no solo era consejero de Presidencia en Madrid sino que también presidía el Canal de Isabel II-, intervino de algún modo en la adjudicación de aquel contrato. Y la tercera, si los superiores jerárquicos del testigo en cuestión o alguien del Canal de Isabel II le habían sugerido alguna vez que realizase "facturación ficticia" o pagos por trabajos que no se correspondían con los derivados del contrato. Ninguno de los testigos aportó ninguna respuesta comprometedora para el Canal de Isabel II o para Alejandro de Pedro.
"Posiblemente" cofinanciado por Europa
La OLAF, a la que la Guardia Civil respondió el 15 de julio para comunicarle que el análisis sobre ese contrato aun no había finalizado, reclama los informes para determinar, a la vista de su contenido, si debe abrir una investigación propia. Y ello porque, según el escrito por el que solicita los datos, aquel contrato fue "posiblemente" cofinanciado con fondos europeos.
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"La investigación a día de hoy no se ha concluido -se lee en el oficio que la Guardia Civil envió el 15 de julio al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que lo hiciera llegar a la OLAF- a fecha de hoy no se ha concluido, quedando por aportar el análisis y conclusiones del mismo ante el Juzgado competente de la Audiencia Nacional".
Transmitido al citado juez por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda, el escrito de la OLAF había trazado semanas antes un relato detallado del porqué del interés de la Oficina Antifraude: "La OLAF -dice el texto- está procediendo al análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea".
"El fundamento de la intervención de la OLAF en este caso -prosigue el escrito- es la posible cofinanciación, con fondos procedentes de la Unión Europea, del mencionado contrato público o de otros contratos adjudicados por la empresa en cuestión que estén siendo objeto de investigación".
