Once hechos relevantes que se conocieron tras el 26J

A un mes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, el decano de Valencia, Pedro Viguer, aseguró que no iba a permitir ninguna injerencia política en los juzgados valencianos y dejó claro que los jueces no iban a paralizar ninguna investigación por la cercanía de la campaña electoral, alegando que la ley procesal impide frenar causas o sumarios por motivos ajenos a los judiciales. Viguer hizo estas declaraciones siendo consciente de que desde hace años planea sobre los asuntos judiciales la sospecha, nunca demostrada, de que las actuaciones bailan al mismo ritmo que los quince días previos a la cita con las urnas, diluyéndose en plena vorágine electoral y manteniéndose en stand by hasta que se celebran los comicios.

Los partidos han descartado en numerosas ocasiones dicha hipótesis, asegurando que las investigaciones judiciales y policiales se llegan a intensificar esos días, adoptando incluso tintes políticos, para tratar de romper la campaña. Lo ha hecho por ejemplo la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, que ha vinculado en alguna ocasión los autos de la jueza Mercedes Alaya sobre el caso de los ERE con el periodo electoral. Pero también dirigentes del PP en relación a casos de corrupción como la Gürtel o, más recientemente, la conocida como Operación Taula destapada en Valencia en febrero de este año."No somos el único partido con casos de corrupción y lo que es llamativo es que los únicos casos que salgan en estos momentos tan sensibles son los que afectan al PP", dijo entonces el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Dos semanas después de los comicios de este mes de junio, con la vista puesta ahora en las negociaciones para formar Gobierno y esquivar así unas terceras elecciones, las actuaciones judiciales y policiales se multiplican. Se desarrolla la conocida como Operación Termyca, la justicia vuelve a rechazar las denuncias contra Podemos por presunta financiación ilegal, la Gürtel recupera páginas en los periódicos, se producen nuevas imputaciones relacionadas con la Púnica, una trama de corrupción policial provoca la dimisión e imputación del máximo dirigente del PP de Palma, la Guardia Civil registra Adif por un desvío de 82 millones en el AVE de Barcelona... infoLibre recopila once informaciones relevantes que han visto la luz tras la cita del 26J.

1. Corrupción en Adif

28 de junio. Sólo habían pasado dos días de los comicios. A primera hora de la mañana agentes de la Guardia Civil se personan, por orden judicial y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, en la sede de Adif en Barcelona y Madrid. Buscan indicios sobre un desvío millonario en relación con la estación de La Sagrera, cifrado en 82 millones de euros. Además, durante el día también se llevaron a cabo registros en las empresas adjudicatarias y domicilios particulares. La operación, que se salda con 14 detenidos en los 15 registros realizados, es fruto de una querella del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled en la que acusa a los responsables de Adif de certificar obras que no se han ejecutado bien o para cuya ejecución se han usado materiales más baratos que los que se recogieron en los documentos oficiales.

Dos años antes, en mayo de 2014, la Guardia Civil detuvo a otras nueve personas en la conocida como Operación Yogui. Estaban acusadas de formar parte de una trama corrupta en las obras del AVE. Durante la investigación posterior quedó demostrado que una de las empresas adjudicatarias sufragó viajes a altos responsables de Adif. El organismo ferroviario realizó entonces auditorías internas y externas, unas investigaciones que constataron el desfase de varios millones de euros en relación al tramo entre Trinitat y Sagrera. Tras comprobar los desajustes, la empresa pública amplió la investigación a la estación de La Sagrera. Estas nuevas auditorías, enviadas a la Fiscalía Anticorrupción, impulsaron los registros 48 horas después del 26J.

2. Los titiriteros no enaltecieron el terrorismo

Ese mismo día, los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García, que pasaron cinco días en prisión acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio durante una representación de guiñoles en Madrid, conocían, después de varios meses de espera, que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno archivaba la causa abierta contra los dos jóvenes por el primero de los delitos al considerar que no ha quedado "debidamente acreditada la perpetración". El magistrado fue el mismo que ordenó su detención provisional –una decisión que debe estar muy fundamentada– a través de un auto lleno de lagunas jurídicas, según los juristas consultados entonces por infoLibre.

Así, Moreno asumía el cambio de criterio de la Fiscalía, recogiendo en el auto de archivo algunos fragmentos del escrito del Ministerio Público: "En ningún momento en todo el desarrollo de la obra los dos actores realizaron actos o profirieron expresiones de alabanza, ensalzamiento, enaltecimiento ni justificación o promoción de la actividad terrorista". Además, reconoce que los dos artistas sólo pretendían hacer una crítica "a la actuación policial" y el cartel –"Gora Alka-ETA"– constituía una prueba falsa colocada para incriminar a uno de los personajes. La defensa de los titiriteros ha interpuesto ahora un recurso de apelación al auto pidiendo el sobreseimiento libre –no provisional– y que se archive también el delito de incitación al odio.

3. La Audiencia rechaza investigar a Podemos

La supuesta financiación irregular de Podemos ha sido durante las dos campañas vividas en el último año el principal punto de ataque de PP y Ciudadanos, y de ciertos medios de comunicación, contra la formación encabezada por Pablo Iglesias. Apenas cuatro días después de la cita con las urnas, se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazaba investigar a la formación morada por el conocido como informe PISA y pedía al titular del juzgado número 6, Eloy Velasco, que archivase la denuncia presentada por la asociación Unión Cívica Española-Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP). El Ministerio Público tachó el documento de "supuesto informe policial" que "carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial".

El pasado miércoles se dio a conocer que el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal Junquera, asumió el criterio de la Fiscalía y acordó archivar una nueva denuncia contra Podemos –y ya son seis decisiones judiciales las que no han prosperado– por su financiación, según un auto de 29 de junio en el que el magistrado asegura que no consta "el más mínimo sustento" que acredite la existencia del delito de blanqueo de capitales de la formación morada y de sus dirigentes.

4. La 'Gürtel' vuelve a la actualidad

Como si de una casualidad se tratase, también el 30 de junio y el 6 de julio el conocido como caso Gürtel volvió a estar de nuevo de actualidad. Así, sólo cuatro días después del 26J, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, más conocido como el Albondiguilla, y 26 personas más, además de trece personas jurídicas –entre ellas el PP al ser considerado partícipe a título lucrativo– por los contratos de la trama de corrupción en la localidad madrileña. La Fiscalía Anticorrupción pide en esta pieza separada del caso Gürtel penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exregidor y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa.

Sólo una semana después, el foco se desplazó a la Comunidad Valenciana. La Audiencia Nacional daba luz verde a seis procesamientos –ligados también a la misma trama– relacionados con la contratación irregular de la megafonía y las pantallas durante la visita del papa a Valencia en 2006. En concreto, la sección cuarta de lo Penal desestimaba los recursos presentados por el presunto blanqueador de Gürtel Ramón Blanco y seis directivos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) –Vicente Sanz, Luis Sabater, Juan Prefaci, Ricardo Calatayud y Antonio José de la Viuda– al considerar que hay "contundentes indicios de criminalidad" en sus actuaciones.

5. La venta irregular de pisos públicos durante la etapa de Botella 

El mismo jueves que se conocía la apertura de juicio oral contra el exalcalde del municipio madrileño y otras 26 personas más, la Cámara de Cuentas de Madrid dio otro varapalo al partido conservador al certificar, a través de un informe, que el equipo de Gobierno de la exalcaldesa de la capital Ana Botella había cometido una serie de irregularidades durante la venta de 1.860 pisos públicos propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo buitre Blackstone. Según se recogía en el documento, la forma en que se llevó a cabo la operación –en el año 2013– destapa  "la vulneración de las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes inmuebles y de intereses económicos de los entes públicos".

El informe recibió luz verde de forma unánime por los siete consejeros que forman parte del pleno del órgano fiscalizador, cinco de ellos nombrados a propuesta del PP. Sin embargo, este caso sí que ejemplifica la existencia de una tregua en tiempo de elecciones para evitar que sus conclusiones rompan la campaña y den munición a los diferentes partidos políticos. La emisión del texto, del que se hizo público un primer borrador en abril, fue demorada por los cinco consejeros designados por la formación conservadora argumentando que la Cámara de Cuentas jamás aprueba nada en periodo electoral ni preelectoral. 

6. Segunda entrega de la lista de morosos

Unos meses después de que la Agencia Tributaria publicase la primera lista de morosos, la AEAT difundió el último día de junio una nueva edición. El importe global recogido en este segundo listado –que incluye 4.768 nombres, 246 nuevos, con deudas o sanciones tributarias con la Hacienda Pública por encima del millón de euros a 31 de diciembre de 2015– supera los 15.700 millones, lo que supone un incremento del 0,7%. El número de morosos, sin embargo, se ha reducido un 1,8%, principalmente porque 333 nombres que aparecían en la primera ya no figuran al haber cancelado total o parcialmente los pagos pendientes o por haber obtenido un aplazamiento o suspensión antes del último día del pasado año.

La Comunidad de Murcia –debe 22,14 millones–, el Servicio de Salud de la misma comunidad –26,6 millones–, la constructora Sacyr –116,1 millones–, la compañía de renovables Enel Green Power –11,69 millones– o la televisión pública valenciana –1,3 millones– son algunos de los nombres que aparecen en esta segunda edición. Entre los particulares, siguen en la lista de morosos Mario Conde, el piloto Dani Pedrosa, el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y el conocido abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. A ellos se suman Ignacio, José, Federico y Rafael Serratosa Caturla, con una deuda conjunta de 14,8 millones de euros; el empresario catalán Eudald Domenech Riera, con una deuda de 6,1 millones de euros (6,4 millones en la lista anterior), y el exjuez Luis Pascual Estevill, con 5,4 millones de euros, el mismo importe que en el anterior listado.

7. El presidente del PP de Palma dimite por una trama corrupta

El mes de junio se cerró con las sospechas sobre la vinculación del histórico dirigente del PP balear José María Rodríguez con la trama de corrupción dentro de la Policía Local de Palma. Tal y como se hizo público el día 30, el juez de Instrucción número 12 de la ciudad, Manuel Penalva, dejaba caer, en un auto de prisión preventiva dictado el pasado mes de febrero para uno de los agentes investigados, sus sospechas sobre el presidente del PP en la isla, al que consideró"artífice en la sombra del organigrama corrupto". En el escrito, el magistrado apuntaba que se filtraron los éxamenes de oposición a oficial buscando "crear una estructura corrupta" para actuar con impunidad y "al servicio de determinados políticos y su partido". "Pretendía indiciariamente rodearse de un grupo de agentes a quienes se les facilitaría la colocación y ascenso en el escalafón policial", señala sobre Rodríguez.

Desatado el escándalo, el dirigente conservador se vio obligado a presentar su dimisión –junto a la del secretario general del PP de Palma y la secretaria de Organización, que sin embargo conservan sus cargos públicos– después de tres días de marejada dentro del PP. Sin embargo, siguió proclamando su inocencia: "Niego evidentemente haberme beneficiado de ningún tipo de favor sexual y afirmo que nunca he solicitado a lo largo de mi vida servicios de prostitución", dijo en la rueda de prensa en la que dio a conocer su decisión. Este viernes se conocía que José María Rodríguez ha sido imputado y tendrá que ir a declarar el próximo 22 de agosto.

8. Daniel Ortiz y la 'trama Púnica'

Tres días después de que el presidente del PP de Palma abandonase el cargo, otra investigación volvía a golpear a la formación conservadora. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptaba la competencia para investigar al diputado de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo solicitase, al considerar que utilizó su condición de alcalde de Móstoles para facilitar que la multinacional Cofely –envuelta en la trama Púnica– se hiciese con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad madrileña. En concreto, se le investigará al entender que hay indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a la administración pública y cohecho, entre otros.

Ortiz, que según expuso el TSJM pudo haber recibido compensaciones económicas por estos movimientos, decidió presentar su dimisión este viernes. Así se dio a conocer a través de un comunicado emitido por el PP tan sólo una hora antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunciara que había citado al exalcalde de Móstoles a declarar, en calidad de investigado, el próximo día 19 de septiembre a las 11:00 horas. Toda la oposición en bloque había pedido su dimisión. Pero la mayor presión la ejercía Ciudadanos, que dejó caer a través de su portavoz, Ignacio Aguado, la posibilidad de retirar su apoyo al Ejecutivo autonómico del PP si Ortiz continuaba en el cargo. "Si Ciudadanos no controlara y marcara al Gobierno de Cristina Cifuentes esta dimisión no se habría producido", señalaba el partido naranja tras conocer la noticia. 

9. 'Operación Termyca'

El pasado martes España se despertó con una nueva macrooperación policial que llevó a agentes de la Guardia Civil a entrar en 23 ayuntamientos de 10 provincias en el marco de una investigación de amaño de contratos públicos. La conocida como Operación Térmyca, que surge a raíz de otra que se desarrolló en 2014 en el municipio catalán de Torredambra, se saldó con 48 registros en domicilios, despachos profesionales, sociedades mercantiles, entidades públicas y ayuntamientos –Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la Comunidad de Madrid; Tortosa, Tarragona, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar, en Cataluña; y Trillo, en Guadalajara–. En los otros 15 consistorios requirieron los contratos.

La macrooperación colocó en el ojo del huracán a un grupo empresarial que se dedica a recaudar e inspeccionar impuestos municipales en todo el país: CGI, siglas de Coordinadora de Gestión de Ingresos SA. Al parecer, según los investigadores, existen pruebas de que dichos ayuntamientos y sus responsables adjudicaban contratos a través de la consultora Efial S.L., absorbida en febrero por CGI y cuyos contratos a dedo con el Ayuntamiento tarraconense de Torredembarra se convirtieron en uno de los elementos que pusieron en alerta a los investigadores hace dos años. La Térmyca se cerró con un total de 11 detenidos: dos exalcaldes de CDC –Josep Manel Bassols, que gobernó Anglès (Girona) y dirigió la campaña de Puigdemont en 2011; y Andreu Martí, exregidor de L'Ametlla de Mar (Tarragona)–, empresarios y cargos de la empresa que está en el punto de mira, entre otros.

10. Bruselas activa el proceso para multar a España

Los últimos varapalos tras las elecciones del 26 de junio llegaron desde Bruselas. El pasado jueves, el Colegio de Comisarios adoptó el dictamen negativo sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para cumplir con los objetivos de déficit pactados con la UE. Se dio así, casi dos semanas después de la cita con las urnas, el primer paso para multar a España por desviarse casi un punto del objetivo de déficit acordado con el club comunitario –cerramos 2015 con un 5,16%, a pesar de haber pactado con Bruselas que lo reduciríamos hasta el 4,2%–. En opinión del Colegio de Comisarios, no se han "tomado medidas efectivas" para cumplir con las recomendaciones y las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La posición de Bruselas ya está en manos del Consejo y será examinada por los Veintiocho, incluyéndose entre los puntos del día del próximo consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), fijado para el martes. De ser validado el dictamen, la Comisión Europea dispondrá de 20 días para proponer una multa para España, que puede llegar incluso a los 2.000 millones de euros y la congelación de parte de los fondos comunitarios que le corresponden. Una hipoteca para el próximo Gobierno. Sin embargo, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, siempre se ha mostrado convencido de que finalmente los socios comunitarios no impondrán ningún tipo de sanción.

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11. La investigación del accidente del Alvia no fue "independiente"

Después de cinco meses guardado en un cajón, el pasado jueves se hizo público finalmente el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión, sobre el accidente de tren de Angrois de 2013 –en el que fallecieron 80 personas y hubo más de un centenar de heridos–. El órgano ejecutivo y legislativo de la UE había decidido aplazar la decisión de darlo a conocer hasta que pasaran las elecciones generales de junio, después de que las víctimas lo pidiesen en repetidas ocasiones en aplicación de la normativa europea de transparencia. Una alegación de España, realizada a última hora, habría sido el motivo del aplazamiento hasta después de los comicios.

Los resultados del informe son contundentes. La Agencia Ferroviaria Europea considera que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue "independiente" y critica que en ella no se abordasen "elementos clave". Además, el informe solicita la reapertura al considerar que, entre otras cosas, la comisión de investigación designada no cumplía con el criterio de independencia, ya que fue nombrada por el Ministerio de Fomento, algo que va en contra de los artículos 19, 21.1 y 21.2 de la Directiva comunitaria, en los que se establece que deben ser independientes del poder político y de cualquier institución.